La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado una propuesta que busca transformar el actual modelo de prestaciones vinculadas al fallecimiento de familiares. El documento, elaborado por el exsecretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado, plantea fortalecer significativamente las pensiones de orfandad mientras se reduce de manera progresiva el peso económico de las prestaciones de viudedad dentro del sistema de protección social español.
La iniciativa responde a una realidad: el contexto demográfico y social que dio origen al diseño original de estas ayudas ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. El documento argumenta que es necesario ajustar el sistema para reflejar mejor las necesidades actuales de la población y garantizar una distribución más eficiente de los recursos públicos destinados a la protección de los supervivientes.
El actual reparto del gasto en pensiones de supervivencia
Durante el ejercicio 2025, la Seguridad Social española destinó un total de 182.526 millones de euros al pago de pensiones contributivas. De esta cantidad, 28.171 millones de euros (el 15,4% del gasto total) se emplearon exclusivamente en costear las prestaciones por viudedad. Esta cifra, aunque elevada, representa una disminución respecto a hace dos décadas, cuando estas ayudas absorbían el 20,3% del presupuesto total destinado a pensiones.
El informe señala que desde el notable incremento registrado durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que se dispararon los fallecimientos y, consecuentemente, las solicitudes de estas prestaciones, las pensiones de viudedad muestran un ritmo de crecimiento ligeramente negativo. Esta tendencia se explica por la confluencia de tres factores principales: el aumento sostenido de la esperanza de vida en España, la transformación de los modelos familiares con una menor incidencia del matrimonio tradicional, y la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que reduce la dependencia económica respecto a la pensión del cónyuge fallecido.
En contraste, las pensiones de orfandad recibieron únicamente 2.139 millones de euros en 2025, lo que equivale al 1,17% del gasto total en prestaciones contributivas. Esta desproporción entre ambas partidas es precisamente lo que Fedea considera necesario corregir mediante una reforma gradual pero consistente.
Reforzar la protección a menores y jóvenes huérfanos
La propuesta central del documento aboga por incrementar de forma progresiva las cuantías y la cobertura de las pensiones de orfandad. El objetivo es proporcionar una red de protección económica más sólida a los menores y jóvenes que pierden a uno o ambos progenitores, un colectivo especialmente vulnerable que enfrenta no solo el trauma emocional de la pérdida, sino también potenciales dificultades económicas que pueden comprometer su desarrollo educativo y personal.
En España, las pensiones de orfandad actuales se consideran insuficientes para cubrir las necesidades reales de estos hogares, especialmente en casos de orfandad absoluta o cuando el progenitor superviviente tiene dificultades para mantener el nivel de ingresos familiar. Incrementar estas ayudas no solo tendría un impacto directo en la calidad de vida de estos menores, sino que también podría prevenir situaciones de pobreza infantil y desigualdad educativa, factores que condicionan las oportunidades futuras de estos jóvenes.
Una reducción gradual de las pensiones de viudedad
Paralelamente al refuerzo de las prestaciones de orfandad, el informe propone reducir gradualmente el peso de las pensiones de viudedad en el conjunto del sistema. Esta medida no implica eliminar estas ayudas, sino ajustarlas a la nueva realidad social donde la dependencia económica del cónyuge es cada vez menos frecuente gracias a la mayor participación laboral femenina y la diversificación de los modelos de convivencia.
El documento reconoce que cuando se diseñó el sistema de pensiones de viudedad, la mayoría de las mujeres no participaban en el mercado laboral y dependían económicamente de sus maridos. Esa realidad ha cambiado sustancialmente. Hoy, millones de mujeres cotizan a la Seguridad Social y generan sus propios derechos de pensión, lo que reduce la necesidad de mantener prestaciones de viudedad tan generosas como en el pasado.
Además, Fedea propone la creación de un sistema de seguro voluntario para las parejas que deseen mantener las ventajas económicas que actualmente ofrece el modelo de pensiones de viudedad. Este seguro permitiría a quienes lo consideren necesario mantener una protección adicional, pero de manera voluntaria y autofinanciada, liberando recursos públicos que podrían destinarse a otros fines más prioritarios dentro del sistema de protección social.
Adaptación a los cambios demográficos y sociales
La propuesta de Fedea se enmarca en un contexto de profunda transformación demográfica. España enfrenta un envejecimiento acelerado de su población, un descenso de la natalidad y cambios en las estructuras familiares que obligan a repensar el diseño de las políticas de protección social. La esperanza de vida ha aumentado considerablemente, lo que incrementa el tiempo durante el cual se perciben estas prestaciones y, por tanto, su coste para el sistema.
Al mismo tiempo, la diversidad de formas de convivencia (parejas de hecho, familias monoparentales, hogares reconstituidos) hace que el modelo tradicional de pensión de viudedad resulte cada vez menos adecuado para cubrir todas las situaciones. El informe sugiere que es más eficiente y justo centrar los recursos públicos en proteger a los colectivos más vulnerables, como los menores huérfanos, que tienen por delante toda una vida y requieren apoyo en una etapa crítica de su desarrollo.
En clave: Por qué importa
Esta propuesta de Fedea representa una llamada a modernizar el sistema de pensiones de supervivencia en España, adaptándolo a una realidad social y demográfica muy distinta a la de hace décadas. El incremento de las prestaciones de orfandad y la reducción gradual de las de viudedad no solo busca optimizar el gasto público, sino garantizar que los recursos se destinen a quienes más los necesitan. En un contexto de presión creciente sobre las cuentas de la Seguridad Social, reequilibrar estas partidas podría contribuir a la sostenibilidad del sistema mientras se refuerza la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente los menores que pierden a sus progenitores.
