Este jueves, la Diputación Permanente del Congreso ha ratificado el Real Decreto-ley 29/2026 sobre medidas de vivienda, que contempla préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de la primera vivienda y la prohibición de desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, en una votación dividida, ha rechazado el Real Decreto-ley 28/2026, que proponía la prórroga automática de los contratos de alquiler.
Con las Cortes Generales disueltas debido al adelanto electoral fijado para el 29 de noviembre, la Diputación Permanente ejerce como único órgano legislativo activo. La sesión se ha celebrado justo después de la huelga general convocada en protesta por la crisis habitacional y en vísperas del inicio oficial de la campaña electoral.
Decreto convalidado: ayudas económicas y restricciones a los desahucios
El Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el 8 de octubre, ha recibido 35 votos favorables frente a 34 en contra. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos respaldaron el texto, mientras que PP, Vox y Junts votaron en su contra. Este decreto continúa en vigor e incorpora un paquete de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y proteger a los colectivos más vulnerables.
Entre los puntos destacados del decreto aprobado se encuentra el programa Tu Casa, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este mecanismo ofrece préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros o el 20% del valor de la vivienda, según cuál sea menor, con un plazo de devolución de hasta diez años. El Gobierno ha dotado inicialmente este programa con 10.000 millones de euros, buscando aliviar la barrera de entrada que supone el pago inicial para muchos compradores primerizos.
Además, el decreto establece que los inquilinos podrán solicitar la prórroga de sus contratos de alquiler si la prórroga obligatoria vence antes del 31 de diciembre de 2028. Esta extensión puede alcanzar hasta dos años adicionales por anualidades, siempre que el arrendatario esté al corriente de sus pagos y haya cumplido con sus obligaciones durante los ocho meses previos.
Restricciones a las subidas de alquiler y protección frente a desalojos
Otra de las disposiciones del texto ratificado limita la actualización anual de las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2027, si el alquiler supera el índice de referencia, la actualización será del 0%. En el resto de casos, salvo que las partes pacten otra cosa, la subida máxima permitida será del 2%. Esta medida busca contener el aumento desmedido de los precios en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler.
El decreto también prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad que carezcan de alternativa habitacional. Con esta norma, el Gobierno pretende evitar que familias en riesgo de exclusión social queden en la calle sin posibilidad de reubicarse.
En el ámbito fiscal, los inquilinos con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales podrán deducirse el 10% de la renta pagada en el IRPF. Por su parte, los pequeños propietarios que reduzcan el alquiler o mantengan al inquilino actual podrán beneficiarse de una reducción de hasta el 100% del rendimiento neto obtenido.
Medidas contra los fondos buitre y fomento de la oferta social
El Real Decreto-ley 29/2026 endurecerá las condiciones para la actuación de los llamados fondos buitre. Hasta finales de 2030, estas entidades no podrán adquirir inmuebles por un precio inferior al 70% de su valor de mercado. El texto también amplía la definición de este tipo de fondos y restringe las excepciones aplicables, con el objetivo de limitar prácticas especulativas que perjudican el acceso a la vivienda.
Para incrementar la oferta de vivienda asequible, el decreto crea un fondo de impacto social de 400 millones de euros, destinado a que proveedores sociales promuevan proyectos habitacionales dirigidos a colectivos con menos recursos.
Además, la convalidación del decreto permite la puesta en marcha de la cuenta de ahorro e inversión Financia Europa, un producto financiero pensado para facilitar el ahorro orientado a la adquisición de vivienda y otras inversiones a largo plazo.
Decreto rechazado: prórroga automática y polémica indemnización
Por el contrario, el Real Decreto-ley 28/2026, impulsado principalmente por Sumar, no ha logrado superar el trámite parlamentario. La normativa proponía que los contratos de alquiler se prorrogaran de forma automática por otros cinco años una vez cumplido el primer quinquenio. Si el propietario era una empresa, el plazo de prórroga ascendía a siete años. Además, si el arrendador decidía no renovar el contrato, debería abonar al inquilino una indemnización equivalente a un año de renta.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió que la medida afectaría a aproximadamente cinco millones de personas y podría suponer un ahorro medio de hasta 4.341 euros por inquilino. Bustinduy señaló que mecanismos similares ya funcionan en países como Francia, Alemania y la ciudad de Viena.
Sin embargo, el PNV repitió su voto contrario al del pleno ordinario celebrado el 2 de octubre, sumándose esta vez a PP, Vox y Junts. Los nacionalistas vascos consideraron desproporcionada la compensación de 12 mensualidades, argumentando que podría desincentivar la puesta en alquiler de viviendas por parte de pequeños propietarios.
En clave: Por qué importa
La convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 supone un espaldarazo significativo a las políticas de vivienda del Gobierno en un contexto de creciente presión social y política. Las ayudas directas para la compra, las limitaciones a las subidas del alquiler y la protección frente a desahucios buscan responder a una demanda ciudadana cada vez más vocal, especialmente tras la huelga general del día anterior.
No obstante, el rechazo al decreto de prórroga automática de alquileres refleja las tensiones dentro de la coalición de apoyo parlamentario y pone de manifiesto las dificultades para consensuar medidas que equilibren los derechos de inquilinos y propietarios. La caída de este segundo texto evidencia que, incluso en una Diputación Permanente, el margen del Gobierno es estrecho y depende del respaldo de socios que no siempre comparten todas sus iniciativas.
Con las elecciones generales a menos de tres semanas, el debate sobre la vivienda se perfila como uno de los ejes centrales de la campaña. Los resultados de estas votaciones alimentarán tanto los argumentos del bloque progresista, que celebra la aprobación de ayudas, como los de la oposición, que subraya la fragmentación y debilidad legislativa del Ejecutivo.
