El envejecimiento demográfico, la reducción de la población activa y la creciente tensión sobre las cuentas públicas plantean un desafío estructural de primer orden para España: garantizar que las futuras generaciones puedan mantener un nivel de vida digno durante su jubilación. Según el análisis de BME, el país depende excesivamente del Pilar I del sistema previsional, es decir, de la pensión pública financiada mediante reparto, un modelo que históricamente ha ofrecido una elevada protección social pero que muestra signos evidentes de agotamiento.
La evolución demográfica arroja cifras contundentes. La proporción entre trabajadores activos y pensionistas pasará de aproximadamente 2,1 en la actualidad a cerca de 1,3 en 2050. Esta transformación impactará directamente en las finanzas públicas: el gasto en pensiones alcanzó el 13,1% del PIB en 2024 y, según proyecciones de la Comisión Europea, podría escalar hasta el 17,3% del PIB en 2050. Este escenario exige repensar la arquitectura del sistema para evitar que su sostenibilidad se vea comprometida.
Un sistema de pensiones desequilibrado en comparación europea
El diagnóstico de BME subraya que España presenta un punto de partida muy débil en los pilares complementarios al sistema público. A cierre de 2025, apenas 3,13 millones de trabajadores participaban en planes de empleo, lo que representa solo el 14,4% de los afiliados a la Seguridad Social. Más revelador aún resulta el volumen de activos gestionados por los proveedores de pensiones, que equivalían al 10,8% del PIB en 2024, una cifra muy alejada del 32% de media en la Unión Europea.
Esta brecha se torna abismal al comparar España con países que han desarrollado sistemas multipilar consolidados. En Dinamarca, los activos de pensiones representan el 206,4% del PIB; en Islandia, el 191,3%; en Canadá, el 157,9%; en Estados Unidos, el 153,3%; en Países Bajos, el 150,9%; y en Australia, el 135,1%. Esta diferencia no es meramente estadística: refleja una capacidad estructural distinta para canalizar ahorro de largo plazo hacia la economía productiva, generando un círculo virtuoso entre ahorro previsional, inversión empresarial y crecimiento económico.
La inscripción automática como palanca de cambio
En este contexto, BME defiende la adopción del mecanismo conocido como autoenrolment o inscripción automática. El funcionamiento es sencillo pero eficaz: los trabajadores son incorporados por defecto a un plan de pensiones de empleo, aunque conservan en todo momento el derecho a abandonar el sistema mediante una opción de salida voluntaria (opt-out). Este diseño aprovecha los principios de la economía del comportamiento, transformando la inercia en participación activa.
En lugar de exigir que cada empleado tome la iniciativa de ahorrar para su jubilación, el sistema establece el ahorro previsional como la opción por defecto. La evidencia internacional demuestra que este cambio institucional puede multiplicar la participación, especialmente entre colectivos que tradicionalmente quedan excluidos de los sistemas puramente voluntarios: jóvenes, trabajadores con salarios medios y bajos, y empleados de pequeñas empresas.
El caso británico constituye la referencia más sólida. Tras introducir la inscripción automática en 2012, la participación de los empleados en planes de pensiones de empleo se disparó del 47% al 82% en 2024. El número de empleados afiliados a planes de contribución definida aumentó desde aproximadamente 10-12 millones antes de la reforma hasta más de 23 millones en 2024. El modelo británico combina inscripción automática, derecho de salida, aportaciones compartidas entre trabajador y empleador, escalonamiento gradual de las contribuciones, implantación progresiva por tamaño de empresa y disponibilidad de vehículos de bajo coste.
Más allá de la pensión individual: beneficios sistémicos
El fortalecimiento del Pilar II tendría implicaciones que trascienden la mejora de la pensión individual. Desde el punto de vista social, permitiría aumentar la tasa de sustitución futura, es decir, la proporción del último salario que el trabajador logra mantener como ingreso durante la jubilación. También reduciría la dependencia exclusiva del sistema público y mejoraría el equilibrio intergeneracional.
Desde la perspectiva económica, generaría un flujo estable de ahorro de largo plazo hacia activos productivos, infraestructuras, transición energética, innovación y financiación empresarial. Para que ese ahorro previsional pueda transformarse eficazmente en inversión, resulta imprescindible contar con canales transparentes, líquidos, eficientes y bien regulados. Aquí es donde entran las bolsas, los sistemas de negociación, compensación y liquidación, y los mercados primario y secundario, que actúan como eslabones críticos en la cadena de transmisión entre ahorro y crecimiento.
Por ello, el desarrollo del Pilar II y la profundización de los mercados de capitales no deben entenderse como objetivos separados, sino como procesos complementarios: una mayor acumulación de ahorro previsional amplía la base inversora doméstica y estable, mientras que unos mercados más profundos y eficientes permiten asignar ese ahorro con mayor productividad y ampliar las posibilidades de financiación de las empresas.
La rentabilidad como elemento esencial
BME subraya que, en un sistema de pensiones de empleo, la rentabilidad de largo plazo no es un elemento accesorio, sino una parte esencial del mecanismo que permite convertir aportaciones periódicas relativamente moderadas en un complemento relevante de renta para la jubilación. La capacidad de los mercados para generar valor en horizontes amplios resulta clave para entender el potencial del Pilar II.
En España, la Bolsa habría ofrecido una rentabilidad media histórica en los últimos 120 años en torno al 8,3% nominal anual incluyendo dividendos, lo que, ajustado por una inflación media aproximada del 5,3%, equivale a una rentabilidad real cercana al 3%. Esta diferencia es decisiva en el ámbito previsional, porque el interés compuesto permite transformar aportaciones periódicas moderadas en un volumen significativo de ahorro acumulado durante 30 o 40 años de vida laboral. Para que este potencial se materialice, el diseño del sistema debe combinar gestión profesional, diversificación, costes reducidos, transparencia, portabilidad y estrategias de inversión adaptadas al ciclo vital de los partícipes.
En clave: Por qué importa
España no puede afrontar el reto de las pensiones únicamente desde la lógica del gasto público. La magnitud del cambio demográfico exige ampliar las fuentes de renta para la jubilación y construir un segundo pilar capaz de movilizar ahorro de largo plazo de forma estable, eficiente y generalizada. La inscripción automática ofrece una vía realista para lograrlo, porque permite extender la participación en planes de empleo allí donde la voluntariedad ha mostrado límites evidentes.
El impacto de esta reforma iría más allá de mejorar la pensión futura de los trabajadores: también contribuiría a reforzar la sostenibilidad del sistema público, aumentar la base de ahorro institucional, canalizar recursos hacia la economía productiva y profundizar los mercados de capitales. En un contexto europeo que necesita más capital paciente, más inversión productiva y mercados más profundos, reforzar el Pilar II debe entenderse como una palanca estratégica para el futuro de las pensiones y para la competitividad de la economía española.
