Este 9 de mayo se cumple exactamente dos décadas desde que la Policía Nacional irrumpió en las sedes de Fórum Filatélico y Afinsa en toda España. Aquella operación judicial marcó el inicio de uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente del país, arrastrando consigo los ahorros de aproximadamente 460.000 personas y dejando un agujero cercano a los 5.000 millones de euros.
La intervención tuvo su origen en una investigación de la Agencia Tributaria que concluyó que ambas empresas operaban como entidades financieras encubiertas. Según el informe de la inspectora jefe María Teresa Yabar Sterling, las compañías ofrecían a pequeños inversores la compra de sellos filatélicos prometiendo altas rentabilidades garantizadas. Sin embargo, los beneficios que recibían los clientes antiguos procedían directamente del dinero aportado por nuevos inversores, replicando el esquema clásico de una estafa piramidal.
Dos décadas de batalla legal sin respuestas
Han transcurrido veinte años y los afectados continúan organizados bajo la plataforma Anfiva (Asociación de Afectados de Forum y Afinsa), presidida por Rafael Sánchez. Desde su perspectiva, no fueron víctimas de una estafa privada, sino de una decisión administrativa que provocó artificialmente la quiebra de dos sociedades que funcionaban legalmente como empresas mercantiles dedicadas al comercio de bienes coleccionables.
La clave del conflicto radica en la naturaleza jurídica que debía atribuirse a estas empresas. La Agencia Tributaria las consideró entidades de inversión financiera, lo que automáticamente convirtió las operaciones de venta en obligaciones de deuda. Este cambio contable hizo aparecer un déficit patrimonial insalvable que condujo al concurso de acreedores. Sin embargo, sentencias posteriores de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo dictaminaron que Fórum y Afinsa eran, efectivamente, sociedades mercantiles dedicadas a la compraventa de productos coleccionables, no entidades financieras.
La trampa jurídica sin salida
Esta aparente victoria judicial resultó ser una nueva frustración para los ahorradores. El Tribunal Supremo, al confirmar que las empresas no tenían carácter financiero, concluyó que no estaban bajo supervisión del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, el Estado no tenía ninguna obligación de control ni, en consecuencia, responsabilidad patrimonial alguna. Los afectados se encontraron atrapados en una paradoja legal: si las empresas eran financieras, la intervención fue legítima; si no lo eran, el Estado no responde de los daños.
Rafael Sánchez describe la situación con amargura: las empresas fueron intervenidas bajo el supuesto de que realizaban actividades financieras ilícitas, pero cuando los tribunales confirmaron que no era así, se negó cualquier indemnización precisamente por ese motivo. Los ahorradores han perdido aproximadamente el 80% de su dinero tras concluir los largos procesos concursales y las liquidaciones empresariales finalizadas hace apenas dos años.
La respuesta europea que España ignora
Ante el bloqueo judicial en territorio nacional, Anfiva llevó su caso ante el Parlamento Europeo. En 2020, la Eurocámara emitió una resolución instando al Gobierno español a indemnizar a los afectados por los daños ocasionados. Sin embargo, esta petición ha sido sistemáticamente ignorada por los sucesivos ejecutivos. Según el presidente de la asociación, todos los grupos parlamentarios reconocen en privado la injusticia del caso y la necesidad de buscar una solución, pero ninguno ha promovido medidas concretas.
Para comprender la dimensión humana del caso, hay que recordar que la mayoría de los afectados eran jubilados o familias de clase media que confiaron en estos productos como vehículo de ahorro a largo plazo. Muchos invirtieron el patrimonio acumulado durante toda una vida laboral. Dos décadas después, algunos ya han fallecido sin ver resuelta su situación, y otros empiezan a perder toda esperanza de recuperar algo.
Un laberinto administrativo y judicial
El caso Fórum-Afinsa pone de manifiesto las graves deficiencias del sistema de protección al pequeño inversor en España. La lentitud extrema de los procedimientos judiciales, la tardanza en resolver los concursos de acreedores (que se prolongaron durante más de quince años) y las contradicciones entre distintas instancias judiciales crearon un laberinto kafkiano del que los ahorradores no han podido escapar.
Además, el caso plantea interrogantes sobre la actuación de los organismos supervisores. Si las empresas operaban ilegalmente como entidades financieras sin autorización, ¿por qué no fueron detectadas antes? Y si operaban legalmente como sociedades mercantiles, ¿qué justifica una intervención tan drástica basada en una calificación jurídica que posteriormente fue rechazada por los tribunales?
La situación actual es de completo estancamiento. Los afectados no pueden iniciar nuevas acciones judiciales tras el cierre de los concursos. El Gobierno central se niega a atender la recomendación europea. Y el tiempo sigue pasando inexorablemente para miles de familias que continúan reclamando lo que consideran una reparación elemental de justicia.
En clave: Por qué importa
El caso Fórum y Afinsa trasciende la historia particular de dos empresas filatélicas y sus clientes. Representa un test de estrés para el Estado de Derecho español y su capacidad para proteger a los ciudadanos cuando interviene en la economía. Las contradicciones judiciales, la falta de respuesta política ante una petición del Parlamento Europeo y la indefensión de medio millón de pequeños ahorradores evidencian fallos estructurales graves en el sistema de garantías.
Para las personas afectadas, lo ocurrido no fue un riesgo inherente a la inversión, sino el resultado directo de una decisión administrativa que calificaron incorrectamente la naturaleza de las empresas. Si esta calificación provocó la quiebra y posteriormente fue declarada errónea, surge inevitablemente una cuestión de responsabilidad patrimonial que, veinte años después, permanece sin respuesta.
