El fantasma de la inflación descontrolada vuelve a sobrevolar la economía española. Tras un periodo de relativa estabilidad que parecía devolver la calma a los hogares, los datos del mes de agosto apuntan a que el Índice de Precios al Consumo (IPC) podría alcanzar el 4% interanual, una cifra que no se registraba desde abril de 2023. Este repunte marca un cambio de tendencia preocupante en un país donde los ciudadanos aún no han recuperado el poder adquisitivo perdido durante la crisis inflacionaria de 2022.
El principal culpable de este deterioro es el encarecimiento de los productos energéticos, especialmente los combustibles y lubricantes para vehículos. La situación geopolítica internacional, marcada por el conflicto en Oriente Medio y sus derivadas sobre las rutas de suministro energético, ha presionado al alza los precios del petróleo y sus derivados. Esta escalada obligó al Gobierno español a reactivar en julio la bonificación de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel, una medida que había comenzado a retirarse progresivamente a principios de año.
Un escenario que se aleja de la normalización europea
Según las proyecciones de BBVA Research, la inflación general podría situarse entre el 4,1% y el 4,3% interanual en agosto. Camilo Ulloa Ariza, economista principal de España y Portugal de esta institución, confirma que el diagnóstico se mantiene: la presión de los carburantes y la electricidad continúa siendo la fuerza motriz detrás de este incremento. Sin embargo, existe una nota positiva: los alimentos, que habían sido protagonistas de anteriores oleadas inflacionarias, muestran una moderación en su ritmo de crecimiento interanual.
Ángel Talavera, economista jefe para Europa y España de Oxford Economics, comparte esta visión y estima que el efecto combinado de combustibles y electricidad podría añadir más de medio punto porcentual a la tasa general. Lo que diferencia este episodio inflacionario del vivido en 2022 es su origen: mientras entonces la disrupción afectaba a las cadenas de suministro globales de manera generalizada, ahora la presión se concentra principalmente en el sector energético.
El diferencial español: más allá de la energía
Un factor que preocupa especialmente a los analistas es el comportamiento diferencial de España frente a otros países europeos en materia de precios de servicios. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, subraya que además de la inflación energética derivada del conflicto en Oriente Medio, existe una presión adicional proveniente del sector servicios. Este componente estructural explica por qué España mantiene un diferencial de inflación con sus vecinos europeos que se arrastra desde antes del estallido del conflicto en Irán.
La evolución del IPC español refleja esta tendencia: de un 2,3% interanual en febrero, el indicador ha escalado hasta el 3,6% en julio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta progresión de más de un punto porcentual en apenas cinco meses evidencia la rapidez con la que los factores externos han impactado en la economía doméstica. La actualización prevista para este viernes confirmará si, efectivamente, se ha superado la barrera psicológica del 4%.
Salarios y riesgos de segunda ronda
Uno de los temores recurrentes en cualquier episodio inflacionario es que los incrementos de precios se trasladen a los salarios, generando una espiral de efectos de segunda ronda que perpetúe la pérdida de poder adquisitivo. Por el momento, los expertos no detectan señales de que este fenómeno esté materializándose de forma generalizada. Los datos de la Estadística de Convenios Colectivos de julio muestran que la subida salarial media pactada se sitúa en el 3%, por debajo del ritmo de crecimiento de los precios.
Talavera apunta que, aunque no prevén un ciclo inflacionista prolongado para 2027, existe un riesgo latente: cuanto más se prolongue la crisis energética y se mantengan altos los precios, mayor será la probabilidad de que las expectativas de inflación se anclen en niveles elevados, lo que podría desencadenar ajustes salariales más agresivos. Por ahora, la ausencia de un pacto nacional entre la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO para establecer una recomendación salarial refleja las dificultades para encontrar un equilibrio entre proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar una escalada de costes empresariales.
Perspectivas y pérdida de competitividad
Las proyecciones de Oxford Economics apuntan a que los precios se moderarán por debajo del 3% en 2027, aunque se mantendrán por encima del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo. Este escenario implica que la economía española necesitará más tiempo del inicialmente previsto para recuperar la estabilidad de precios que caracterizó la década anterior a la pandemia.
Además del impacto directo sobre los bolsillos de los ciudadanos, el repunte inflacionario tiene consecuencias sobre la competitividad del país. Torres advierte que, a medida que los incrementos de precios se extienden, España pierde atractivo como destino turístico frente a otros competidores europeos con inflaciones más contenidas. En un sector que representa una parte crucial del PIB nacional, cualquier pérdida de competitividad precio puede traducirse en menores ingresos y empleo.
El Banco de España ya había advertido en marzo sobre los riesgos de un escenario adverso. En sus proyecciones más severas, la institución estimaba que si el conflicto en Oriente Medio se extendía durante todo 2026 con daños graves en infraestructuras energéticas, la inflación podría alcanzar el 6% al cierre del año. Aunque ese escenario extremo no se ha materializado por completo, la evolución actual demuestra que los riesgos geopolíticos continúan siendo determinantes para la estabilidad macroeconómica.
En clave: Por qué importa
El repunte de la inflación hacia el 4% en agosto no es una mera cifra estadística: representa un deterioro real y tangible del poder adquisitivo de millones de españoles que aún no se han recuperado de la crisis de precios de 2022. Aunque el origen de esta presión inflacionaria es principalmente externo y concentrado en la energía, su persistencia durante cinco meses consecutivos comienza a generar incertidumbre sobre la capacidad de las familias para mantener su nivel de vida sin ajustes dolorosos en el consumo.
La buena noticia es que, por ahora, no se observan los efectos de segunda ronda que caracterizaron episodios inflacionarios anteriores, y los alimentos mantienen una evolución más moderada. Sin embargo, la combinación de precios energéticos elevados y presión en servicios sitúa a España en una posición de debilidad relativa frente a sus socios europeos, tanto en términos de competitividad como de bienestar ciudadano. La gestión de esta coyuntura será determinante para evitar que un problema coyuntural se convierta en estructural.
