España se enfrenta a unas elecciones generales el próximo 29 de noviembre tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez a principios de octubre. En esta cita con las urnas, las pensiones públicas ocupan un lugar central en el debate político, con propuestas radicalmente diferentes entre los principales partidos.
El sistema de pensiones representa la mayor partida del presupuesto público español. En octubre, la Seguridad Social abonó más de 10,5 millones de pensiones contributivas a casi 9,6 millones de ciudadanos, con una nómina mensual de 14.540 millones de euros. La pensión media de jubilación alcanzó los 1.577,6 euros al mes, un 4,5% más que el año anterior.
Este año, España destinará más de 230.000 millones de euros a las pensiones contributivas, lo que equivale al 13% del Producto Interior Bruto y supone un incremento del 5,8% respecto a 2025. Las pensiones, el desempleo y otras prestaciones sociales consumieron cuatro de cada diez euros del gasto público en 2023, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado.
El debate sobre la sostenibilidad del sistema
La sostenibilidad de las pensiones no es un tema nuevo en la agenda política española. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una reforma que desvinculó la subida de las pensiones del Índice de Precios al Consumo, estableciendo un incremento mínimo del 0,25% anual. Tras las movilizaciones de pensionistas en 2018, el Ejecutivo pactó con el PNV la revalorización con el IPC para 2019.
El Gobierno de Pedro Sánchez derogó posteriormente ambos mecanismos mediante la Ley 21/2021, recuperando la revalorización automática con el IPC medio entre diciembre y noviembre. En 2023 completó la reforma con nuevas medidas para reforzar los ingresos del sistema. Con esta fórmula, las pensiones contributivas aumentaron un 2,7% en 2026, mientras que las pensiones mínimas lo hicieron un 7,07% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 11,4%.
Partido Popular: revalorización con IPC y sistema viable
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha presentado su programa electoral con el compromiso de «garantizar las pensiones actuales y futuras». El líder popular ha prometido revalorizar las pensiones con el IPC y asegurar simultáneamente un sistema público viable para las nuevas generaciones. En su programa titulado «Reconstrucción nacional», el PP se compromete a reconstruir el Pacto de Toledo, incentivar la jubilación activa con deducciones en el IRPF y blindar por ley la caja única de la Seguridad Social.
Feijóo ha reconocido públicamente las dificultades del sistema debido al déficit actual y al boom de natalidad de los nacidos entre los años 60 y 70. Su solución pasa por mejorar la productividad de la economía española, rechazando cualquier cuestionamiento del carácter público del sistema.
PSOE: blindaje constitucional del IPC
El PSOE de Pedro Sánchez ha convertido la revalorización con el IPC en su principal bandera electoral. El presidente ha prometido cuatro años más de subidas conforme a la inflación y ha ido más allá al comprometerse a reformar la Constitución para blindar este mecanismo de actualización. Además, Sánchez se ha fijado como meta que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social supere los 20.000 millones de euros al final de la legislatura.
Los socialistas defienden mantener la reforma pactada con los agentes sociales en 2021 y 2023, que incluye el mecanismo de equidad intergeneracional y la elevación progresiva de las bases máximas de cotización. El partido ha anunciado que la subida de 2027 se aprobará antes de que finalice el año.
Vox: apuesta por un modelo mixto con capitalización
Vox, liderado por Santiago Abascal, propone transformar el sistema actual en un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Suecia. Aunque el partido ha negado rotundamente cualquier intención de privatizar las pensiones, su secretario general José María Figaredo ha defendido una reforma estructural hacia este sistema híbrido.
El programa económico que Vox aprobó en junio de 2025 propone iniciar la capitalización de un fondo de pensiones público, aunque no detalla cómo sería la transición ni qué porcentaje de la pensión dependería de cada pilar. En materia fiscal, el partido plantea eximir del IRPF a las pensiones contributivas.
Frente Amplio y Podemos: rebajar la edad de jubilación
Frente Amplio, la coalición que encabeza Ada Colau, plantea que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo interprofesional (1.221 euros en 2026) y fijar la edad máxima de jubilación en los 65 años. La coalición estima que estas medidas costarían unos 20.000 millones de euros anuales y propone financiarlas mediante nuevos impuestos.
Por su parte, Podemos, con Irene Montero como candidata, ha propuesto bajar la edad de jubilación a los 63 años y subir las pensiones mínimas y las no contributivas. Montero ha defendido el carácter público del sistema y ha rechazado los modelos inspirados en la llamada «mochila austriaca».
Partidos nacionalistas: territorialización y pensiones mínimas
Los partidos nacionalistas y regionalistas centran sus propuestas en aspectos específicos. Esquerra Republicana de Catalunya propone actualizar las prestaciones con un IPC territorializado, adaptado a la evolución de precios de cada comunidad autónoma. Junts per Catalunya defiende la revalorización con el IPC pero rechaza votarla junto a otras medidas en decretos ómnibus.
El PNV reivindica el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, respetando la caja única del sistema. EH Bildu centra su propuesta en elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales, cifra que reclama el movimiento de pensionistas vasco desde 2018. El BNG aspira a subir las pensiones mínimas hasta el 60% del salario medio.
En clave: Por qué importa
Las elecciones del 29 de noviembre marcan un punto de inflexión para el futuro del sistema de pensiones en España. Con más de 10,5 millones de pensionistas y un gasto anual superior a los 230.000 millones de euros, las decisiones que tome el próximo Gobierno afectarán directamente al bolsillo de millones de ciudadanos y al equilibrio de las cuentas públicas.
La divergencia entre las propuestas refleja visiones económicas y sociales opuestas: mientras unos partidos priorizan garantizar el poder adquisitivo inmediato de los pensionistas mediante la revalorización automática, otros plantean reformas estructurales que incluyen elementos de capitalización para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. El envejecimiento de la población, con el baby boom de los años 60 y 70 alcanzando la edad de jubilación, intensifica la urgencia de encontrar soluciones duraderas.
Sea cual sea el resultado electoral, el próximo Ejecutivo deberá equilibrar las demandas de los pensionistas actuales con las garantías para las generaciones futuras, en un contexto demográfico y económico cada vez más complejo. La decisión de los votantes el 29 de noviembre determinará qué modelo prevalecerá durante los próximos cuatro años.
