El sistema de pensiones español atraviesa una transformación silenciosa desde la entrada en vigor de la reforma de las pensiones. Los incentivos para retrasar el retiro y las penalizaciones por adelantarlo han modificado drásticamente los patrones de jubilación en el país. Entre 2022 y 2025, el número de personas que eligieron la jubilación demorada se disparó de 17.651 a 40.952, más que duplicando la cifra inicial registrada por la Seguridad Social.
Sin embargo, este fenómeno no afecta por igual a todos los trabajadores. El Observatorio Social de las Personas Mayores, presentado recientemente por Comisiones Obreras (CCOO), revela que son los trabajadores autónomos quienes lideran esta tendencia de forma abrumadora. Mientras que solo el 6% de los asalariados del Régimen General opta por demorar su jubilación, esta proporción asciende al 31,1% entre los trabajadores por cuenta propia. En términos prácticos, uno de cada tres autónomos decide continuar trabajando al alcanzar la edad legal de jubilación, frente a menos de uno de cada diez asalariados.
La brecha salarial que se arrastra hasta el retiro
La diferencia en el comportamiento jubilatorio está íntimamente ligada a una realidad económica preocupante: la enorme brecha en las prestaciones entre ambos colectivos. Durante 2025, la pensión media de los trabajadores por cuenta ajena alcanzó los 1.698 euros mensuales, una cifra que contrasta dramáticamente con los 1.052 euros que cobraron de media los autónomos. Esta diferencia de 650 euros al mes representa una desigualdad del 38% que condiciona las decisiones vitales de millones de españoles.
La situación se vuelve aún más reveladora al analizar las pensiones específicas de quienes demoran su jubilación. Los autónomos que deciden posponer su retiro lo hacen con una prestación media de apenas 1.029 euros mensuales, mientras que los asalariados en la misma situación cuentan con 1.839 euros. Esta disparidad explica por qué, pese a representar un colectivo significativamente menor en términos absolutos (1.360.197 pensiones de autónomos frente a 5.017.566 del régimen general), el número de trabajadores por cuenta propia que opta por la jubilación demorada igualó en enero de 2026 al de los asalariados, con aproximadamente 20.000 altas en esta modalidad en cada régimen.
Cotizaciones bajas, pensiones precarias
La raíz del problema reside en las bases de cotización históricamente reducidas del colectivo autónomo. Tradicionalmente, la mayoría de estos trabajadores ha cotizado por la base mínima, una práctica que, aunque alivió su carga financiera durante la vida laboral, ha derivado en prestaciones insuficientes para mantener un nivel de vida digno durante el retiro. Esta situación no solo afecta a las generaciones actuales: la diferencia entre las pensiones de autónomos y asalariados se ha mantenido por encima de los 500 euros desde 2006, evidenciando un problema estructural de décadas.
Para comprender la magnitud del desafío, conviene recordar que el sistema de pensiones español funciona bajo el principio de contributividad: las prestaciones están directamente relacionadas con las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. Cuando un trabajador cotiza menos, inevitablemente recibe menos al jubilarse. El último Pacto de Toledo reconoció esta problemática y recomendó aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales para evitar que se vieran perjudicados por este mecanismo.
La reforma del RETA: un proceso inacabado
En respuesta a estas recomendaciones, se puso en marcha la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), diseñada para aumentar progresivamente las bases de cotización de este colectivo. El despliegue comenzó en 2023 con la intención de corregir gradualmente esta desigualdad histórica. Sin embargo, el proceso ha quedado congelado por la falta de consenso entre los agentes sociales, dejando en el limbo una reforma crucial para la sostenibilidad del sistema y la protección de los trabajadores por cuenta propia.
Mientras tanto, los datos de abril de 2026 muestran que, aunque la prestación media de los nuevos jubilados autónomos ha crecido desde los 618 euros de 2006 hasta los 1.112 euros actuales, la brecha persiste. Los asalariados que entran ahora en el sistema perciben una media de 1.754 euros mensuales, manteniendo una diferencia de más de 640 euros que refleja la mejora progresiva de las carreras de cotización en el Régimen General, un avance que no se ha producido en la misma medida entre los trabajadores por cuenta propia.
Por otro lado, el informe destaca que la proporción de jubilaciones anticipadas también difiere significativamente entre ambos grupos. Un 32% de los asalariados se jubilaron de forma anticipada, más del doble que el 13,4% de autónomos que eligieron esta opción. Esta diferencia refuerza la hipótesis de que las bajas pensiones obligan a muchos autónomos a prolongar su vida laboral más allá de lo que desearían, no por incentivos atractivos, sino por necesidad económica.
En clave: Por qué importa
Este fenómeno pone de manifiesto una paradoja del sistema de pensiones español: mientras las políticas públicas buscan incentivar el retraso de la jubilación para aliviar la presión financiera sobre la Seguridad Social, son precisamente los trabajadores más vulnerables económicamente quienes están asumiendo este sacrificio. Los autónomos, con pensiones un 38% inferiores a las de los asalariados, se ven obligados a prolongar su vida laboral no tanto por los incentivos ofrecidos, sino por la imposibilidad de mantener un nivel de vida digno con las prestaciones que les corresponden.
La paralización de la reforma del RETA agrava esta situación, perpetuando un sistema que penaliza a quienes históricamente han cotizado menos por motivos estructurales. Sin una intervención decidida que equipare progresivamente las bases de cotización a los ingresos reales, la brecha entre autónomos y asalariados continuará ampliándose, generando una clase de jubilados de segunda categoría cuyo único recurso será trabajar hasta edades avanzadas. La sostenibilidad del sistema de pensiones no puede construirse sobre la precariedad de un colectivo que representa más de tres millones de trabajadores en España.
