La inquietud respecto al futuro del sistema de pensiones se extiende entre la población española. Un reciente estudio elaborado por Funcas, la fundación vinculada a las antiguas cajas de ahorros, pone de manifiesto que ocho de cada diez ciudadanos consideran insuficientes las reformas implementadas hasta la fecha para garantizar la viabilidad económica del modelo. Este dato refleja una percepción generalizada de vulnerabilidad ante el retiro laboral.
La Encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera, que ha recogido las opiniones de más de 1.200 personas, arroja conclusiones contundentes. Entre ellas destaca que una proporción similar de encuestados, aproximadamente el 80%, rechaza la posibilidad de elevar de manera progresiva la edad de jubilación hasta los 70 años, incluso si ello conllevara una mejora en la cuantía de la prestación. Actualmente, la edad ordinaria de retiro se sitúa en 66 años y 10 meses, y está previsto que alcance los 67 años en 2027.
Consenso en torno a medidas alternativas
Aunque existe una resistencia clara a prolongar la vida laboral, el estudio identifica otras vías de actuación que cuentan con mayor aceptación social. Un 41% de los consultados se muestra favorable a incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto por parte de trabajadores como de empresas, como fórmula para asegurar la sostenibilidad del sistema. Además, casi un tercio de los encuestados (31%) apoya la introducción de un impuesto específico destinado exclusivamente al pago de las pensiones.
Cuando se plantea el dilema entre recibir una pensión ajustada estrictamente a las cotizaciones realizadas o una que permita vivir dignamente, el 58% de los españoles se decanta por la primera opción. Este dato sugiere una preferencia mayoritaria por mantener la proporcionalidad entre contribuciones y prestaciones, aunque ello pueda suponer rentas más modestas para algunos jubilados.
Los jóvenes, principales afectados según la ciudadanía
La percepción de riesgo no se distribuye de manera uniforme entre las distintas generaciones. Siete de cada diez encuestados identifican a los jóvenes como el colectivo que sufrirá las mayores consecuencias si no se aborda el problema estructural de las pensiones. Incluso entre quienes ya disfrutan de la jubilación, existe un reconocimiento mayoritario de que las personas de entre 18 y 30 años enfrentarán dificultades significativas.
Este temor se ve reforzado por otro dato del estudio: el 56% de los participantes considera que los trabajadores menores de 45 años tienen una situación económica peor que la de los actuales pensionistas. Elisa Chuliá, investigadora responsable del análisis, ha expresado su sorpresa ante estos resultados y ha subrayado que los más jóvenes no solo parten de una posición más débil, sino que además anticipan ser los principales perjudicados ante cualquier eventualidad en la financiación del sistema.
Brecha generacional en la planificación del retiro
El estudio también revela diferencias notables según la edad respecto a la necesidad de complementar la pensión pública con inversiones privadas. Entre las personas de 18 a 30 años, el 86% considera útil realizar algún tipo de ahorro o inversión adicional para el retiro. Sin embargo, esta proporción cae drásticamente entre los mayores de 60 años, donde solo uno de cada cinco lo estima necesario.
La renta disponible también marca diferencias significativas. Entre quienes ingresan más de 3.000 euros mensuales, el 72% defiende la conveniencia de complementar la pensión pública, mientras que entre quienes perciben menos de 1.000 euros al mes, este porcentaje se reduce al 29%. Esta disparidad evidencia que la capacidad de ahorro condiciona de manera determinante la actitud hacia la previsión complementaria.
Conciencia sobre la inevitabilidad de cambios
Existe un consenso prácticamente unánime respecto a la necesidad de transformaciones en el sistema. El 93% de los encuestados está convencido de que las Administraciones públicas introducirán modificaciones antes de que finalice su vida laboral. Paralelamente, el 70% de los ciudadanos cree que el pago de las pensiones se convertirá en un problema económico relevante en un futuro próximo.
La preocupación por este asunto se manifiesta de forma especialmente intensa entre los menores de 45 años. En este segmento, el 76% se muestra muy o bastante inquieto ante la posibilidad de que la sostenibilidad del sistema derive en un problema macroeconómico, frente al 61% registrado entre los mayores de 46 años. Esta diferencia generacional refleja una conciencia aguda de vulnerabilidad entre quienes aún tienen décadas de vida laboral por delante.
En clave: Por qué importa
Los resultados de esta encuesta revelan una tensión estructural en el modelo de bienestar español. La ciudadanía percibe que las reformas acometidas resultan insuficientes, pero al mismo tiempo rechaza una de las medidas más debatidas: prolongar la vida laboral. Esta paradoja plantea un desafío político y social de primer orden, ya que conciliar las expectativas ciudadanas con la viabilidad financiera del sistema exigirá consensos amplios y soluciones creativas.
La brecha generacional detectada en el estudio señala además un riesgo de fractura social. Si los jóvenes se perciben a sí mismos como perdedores del pacto intergeneracional, la legitimidad del sistema podría erosionarse. Las decisiones que se adopten en los próximos años no solo determinarán la cuantía de las pensiones futuras, sino también la cohesión social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones que gestionan su protección social.
