Las pensiones parecían uno de esos compromisos que ningún Gobierno se atrevería a revisar. Sin embargo, el Reino Unido acaba de recordar que las promesas políticas tienen límites presupuestarios. España debería prestar atención: si un sistema público considerablemente menos generoso necesita modificar sus reglas, resulta difícil creer que el nuestro podrá mantener indefinidamente sus compromisos sin exigir esfuerzos adicionales.
El Gobierno británico ha anunciado que sustituirá desde abril de 2030 el actual «triple candado», que revaloriza las pensiones según el mayor aumento entre inflación, salarios y 2,5%. Según el anuncio oficial, el nuevo mecanismo mantendrá una subida equivalente, como mínimo, al mayor porcentaje entre inflación y 2,5%, con ajustes adicionales para preservar su relación con los salarios a largo plazo. Se sustituye la fórmula vigente, aunque se conservan garantías de crecimiento.
El recorte consiste en un menor gasto respecto a mantener las reglas actuales, sin reducir nominalmente las pensiones. Esta precisión importa: una prestación puede aumentar y, aun así, quedar por debajo de lo que habría correspondido con el mecanismo anterior. España también podría afrontar cambios que reduzcan la generosidad futura sin rebajar directamente la mensualidad de los actuales jubilados.
Que sea un Gobierno laborista quien proponga limitar ese crecimiento demuestra que ninguna ideología puede blindar una prestación al margen de su financiación. La izquierda también debe elegir cuando los compromisos superan los recursos disponibles. Destinar más dinero a los cuidados de los mayores exige recaudar más o contener otros gastos. Prometer prestaciones sin explicar quién pagará la factura traslada el coste y la incertidumbre a las siguientes generaciones.
La comparación entre ambos países refuerza la advertencia. El modelo británico combina una pensión estatal de base con un peso relevante de las pensiones de empleo. España concentra mucho más la protección de la jubilación en su sistema público contributivo. Esto proporciona una cobertura pública mayor, pero también concentra en las cuentas públicas una obligación más elevada.
Si un sistema público considerablemente menos generoso necesita modificar sus reglas, resulta difícil creer que el nuestro podrá mantener indefinidamente sus compromisos sin exigir esfuerzos adicionales.
Los datos de la OCDE permiten medir esa diferencia. Para un trabajador con salario medio y carrera completa, sus modelos de 2025 sitúan la tasa bruta de sustitución pública en el 80,4% en España y el 22,4% en el Reino Unido. Incluyendo las pensiones privadas consideradas cuasiobligatorias, la cifra británica asciende al 44,7%. Son estimaciones para carreras completas, no porcentajes aplicables a todos los jubilados actuales.
También gastamos considerablemente más. Según la OCDE, en 2020 el gasto público en prestaciones de vejez y supervivencia representaba el 12,8% del PIB español, frente al 7,8% británico. La pandemia condicionó aquel ejercicio, pero la comparación muestra la magnitud de la diferencia en el esfuerzo público.
Ahora bien, gastar más no significa necesariamente ofrecer mejores condiciones a quienes se jubilan. La factura aumenta por la revalorización, por el mayor número de pensionistas y porque las nuevas pensiones suelen superar a las que se extinguen. Esto último puede reflejar carreras de cotización distintas, sin demostrar que las reglas sean más favorables. Una pensión inicialmente más alta puede coexistir con mayores exigencias para acceder a ella.
La AIReF reiteró en mayo de 2026 que cumplir formalmente la regla de gasto de pensiones no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su escenario a políticas constantes sitúa el gasto en pensiones en el 16,4% del PIB en 2050. Es una proyección condicionada a sus supuestos, pero obliga a explicar cómo se financiaría ese esfuerzo.
Si los ingresos no acompañan el crecimiento del gasto, aumenta la presión sobre el déficit. Las transferencias del Estado a la Seguridad Social permiten pagar prestaciones, pero no crean recursos para el conjunto del sector público. Se financian con impuestos, deuda o menores disponibilidades para otras políticas. Recurrir a deuda para sostener compromisos permanentes hipoteca el margen de decisión de las generaciones venideras.
Por estas razones, considero muy probable que España termine afrontando decisiones semejantes si no consigue financiar suficientemente sus obligaciones. El ajuste podría adoptar distintas formas: mayores cotizaciones, más impuestos, jubilaciones más tardías o modificaciones de las prestaciones futuras. Nuestra mayor generosidad pública hace especialmente imprudente descartar ese escenario.
Reformar exige proteger las pensiones más bajas, mejorar el empleo y la productividad y desarrollar un ahorro complementario accesible también para salarios modestos. Exige informar con claridad y dar tiempo para adaptarse. Defender las pensiones requiere asegurar que quienes hoy las financian recibirán mañana una protección suficiente. Cuanto antes abordemos ese debate, menos dependeremos de ajustes urgentes cuando el presupuesto termine imponiendo sus condiciones.
