El Congreso de los Diputados tramita actualmente una propuesta legislativa destinada a mejorar las prestaciones de jubilación de profesionales que han cotizado a mutualidades gremiales, como abogados, procuradores, médicos o arquitectos. Sin embargo, la normativa en su estado actual presenta una limitación significativa: excluye completamente a todos los profesionales que ya están jubilados y perciben pensiones reducidas de estas entidades.
La ley establece una pasarela extraordinaria y voluntaria para que estos trabajadores puedan incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, llevando consigo los derechos que han acumulado durante años en sus mutualidades profesionales. Esta medida busca corregir una situación histórica en la que muchos profesionales realizaron aportaciones muy modestas, en ocasiones inferiores a las que un autónomo ordinario realiza al sistema público, resultando en pensiones que no superan los 700 euros mensuales, e incluso pueden situarse por debajo de los 500 euros en casos extremos.
Cambios en el cálculo de derechos y coeficientes reductores
El mecanismo propuesto permitirá a los profesionales en activo trasladar sus aportaciones acumuladas y convertirlas en años de cotización equivalentes en el RETA, calculados sobre la base mínima de cotización. No obstante, se aplicará un coeficiente reductor del 0,77%, una medida que las asociaciones de afectados consideran insuficiente. Estos colectivos reclaman que el coeficiente se eleve al menos hasta el 0,67%, lo que permitiría convalidar más años efectivos de cotización en la Seguridad Social y, por tanto, acceder a pensiones más elevadas.
Una de las demandas no satisfechas por la norma es la equivalencia directa: que cada año de aportación a la mutualidad se compute automáticamente como un año completo de cotización al RETA. Esta reivindicación, ampliamente respaldada por plataformas de abogados y procuradores mutualistas, no ha sido incorporada en el texto actual. Además, tampoco se contempla ninguna mejora retroactiva para quienes ya perciben prestaciones de jubilación de sus mutualidades, un aspecto que genera frustración entre los colectivos más vulnerables.
Ajustes recientes y nuevas obligaciones para las mutualidades
El último informe de la ponencia sobre esta ley ha introducido algunas mejoras técnicas. Entre ellas, se ha eliminado el requisito de estar en activo en la mutualidad en una fecha concreta (diciembre de 2022), lo que amplía el número de profesionales que podrán acogerse a la pasarela. Asimismo, se permite que aquellos que perciben una pensión de viudedad puedan optar por pasar al sistema público de cotización.
Paralelamente, la normativa reforma el funcionamiento interno de las mutualidades. A partir de su entrada en vigor, se exigirá a los mutualistas incrementar progresivamente sus aportaciones hasta igualar la cuota mínima del RETA. Concretamente, cotizarán el 86% en 2026, el 93% en 2027 y alcanzarán el 100% en 2028. Las mutualidades, por su parte, quedarán obligadas a ofrecer prestaciones que no sean inferiores al 100% de la cuantía mínima de la Seguridad Social y a actualizar estas prestaciones al mismo ritmo que el sistema público. Finalmente, la ley eliminará este sistema alternativo de cotización para nuevos profesionales a partir del 1 de enero de 2028, obligándolos a integrarse directamente en el RETA desde el inicio de su actividad.
Protestas y calendario legislativo pendiente
El texto legislativo pasará a debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el próximo 20 de mayo. Los representantes de los afectados confían en introducir mejoras sustanciales antes de que la norma llegue al Pleno del Congreso para su votación definitiva. Mientras tanto, los profesionales han convocado movilizaciones masivas en todo el país para los días 8 y 23 de mayo, con el objetivo de presionar al legislador y visibilizar las carencias de la propuesta actual.
La situación refleja un problema estructural de larga data. Durante décadas, muchos profesionales que ejercían de forma liberal realizaron contribuciones insuficientes a sus mutualidades, confiando en que estas entidades privadas garantizarían su protección en la vejez. La realidad ha sido diferente: miles de abogados, procuradores y otros profesionales se enfrentan ahora a pensiones mínimas que dificultan su supervivencia económica en la jubilación.
En clave: Por qué importa
Esta reforma legislativa abre una ventana de oportunidad para corregir desigualdades históricas en el sistema de pensiones español, pero deja sin resolver el problema más urgente: la situación de los jubilados actuales. Aunque la pasarela al RETA puede mejorar las expectativas de quienes aún están en activo, no ofrece ninguna solución a quienes ya perciben pensiones insuficientes y no tienen posibilidad de aumentar sus cotizaciones.
El resultado final de esta norma dependerá de las negociaciones que se produzcan en las próximas semanas en el Congreso. Los colectivos afectados han dejado claro que no aceptarán una ley que beneficie únicamente a quienes menos han aportado históricamente, mientras abandona a los profesionales más vulnerables que ya se encuentran en situación de jubilación con prestaciones insuficientes.
