La brecha territorial en el sistema de pensiones español alcanza niveles alarmantes en 2026, con diferencias de hasta 800 euros entre provincias. El caso más preocupante se registra en Ourense, donde la pensión media de jubilación se sitúa en 1.131,24 euros mensuales, quedando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual de 1.221 euros.
La paradoja demográfica de Ourense
La situación resulta especialmente crítica al considerar que Ourense ostenta el dudoso honor de ser la provincia más envejecida de España, con una edad media que roza los 52 años, muy por encima de los 45,3 años de la media nacional. Más del 32% de su población supera los 65 años, creando una presión sin precedentes sobre el sistema de pensiones local.
El contraste con otras regiones españolas revela una fractura territorial significativa. Mientras un jubilado ourensano percibe 1.131,24 euros mensuales, en Bizkaia la pensión media alcanza los 1.933,39 euros, una diferencia de más de 800 euros que refleja las profundas desigualdades económicas entre territorios.
Las raíces históricas del problema
Los expertos señalan que esta situación tiene su origen en décadas de cotizaciones por bases mínimas, vinculadas a la predominancia del sector primario y el trabajo autónomo en la región. Este «efecto arrastre» histórico mantiene a Ourense en el último escalón prestacional del país, con un ratio crítico de sostenibilidad de apenas 1,1 cotizantes por pensionista, muy lejos del 2,3 de la media nacional.
La vulnerabilidad se extiende también a otras prestaciones sociales en la provincia. Las pensiones de viudedad apenas alcanzan los 715 euros mensuales, mientras que la pensión media total, incluyendo todas las modalidades, se queda en 1.019 euros, más de 346 euros por debajo de la media española de 1.366 euros.
En clave: Por qué importa
Esta situación pone de manifiesto un doble desafío para el sistema de pensiones español: por un lado, la necesidad de abordar las desigualdades territoriales en las prestaciones, que pueden generar bolsas de pobreza entre los mayores en determinadas regiones; por otro, la urgencia de establecer mecanismos correctores que garanticen pensiones dignas en aquellas zonas con históricos de cotización más bajos, especialmente en las áreas más envejecidas del país donde el problema se agudiza por la propia estructura demográfica.
