El sistema público de pensiones en España enfrenta un problema estructural que va más allá de los debates coyunturales sobre inmigración o salarios: por cada euro que un trabajador aporta a la Seguridad Social, el sistema le promete devolver 1,62 euros al jubilarse. Esta cifra, lejos de ser anecdótica, refleja una rentabilidad implícita del 2,6% que contrasta drásticamente con el crecimiento económico proyectado del 1,2%. Los datos proceden del informe Cómo reformar el sistema de pensiones: Una propuesta de transición hacia un modelo de tres pilares, elaborado por la Universidad de las Hespérides y que será presentado públicamente este miércoles.
El documento introduce el concepto de Factor de Equidad Actuarial (FdEA), un indicador que mide la relación entre las pensiones recibidas y las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. En un escenario matemáticamente equilibrado, este factor debería situarse en 1,0 —es decir, recuperar exactamente lo aportado—. Sin embargo, en España el FdEA actual es de 1,62, lo que supone un excedente del 62% sobre las contribuciones realizadas. Santiago Calvo, doctor en Economía y coautor del estudio, advierte que esta generosidad no es sostenible: «Cuando las pensiones ofrecen una rentabilidad implícita demasiado elevada en relación con el crecimiento de la población y de las bases de cotización, el desequilibrio es inevitable».
El agravamiento del problema: proyecciones hasta 2045
La situación no solo es grave en el presente, sino que se proyecta un empeoramiento significativo en las próximas décadas. Según las estimaciones del informe, para el año 2045 los nuevos jubilados recibirán más del doble de lo que hayan cotizado durante su vida laboral: aproximadamente 2,14 euros por cada euro aportado. Este incremento exponencial del FdEA se traduce en una carga financiera insostenible para las generaciones futuras. Calvo lo explica con claridad: «Alguien que hoy tiene 30 años tendrá que financiar eso vía cotizaciones o vía impuestos». En otras palabras, la pensión de los trabajadores actuales está garantizada únicamente mientras el sistema aguante, pero bajo el modelo vigente, su sostenibilidad está en grave riesgo.
El principal motor de este desequilibrio es el fenómeno demográfico conocido como «invierno demográfico». La tasa de dependencia —que mide el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar— se duplicará en España en menos de medio siglo. Según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, pasará del 33,3% actual al 64,5% en 2070. Esto significa que cada vez menos trabajadores activos deberán sostener a un número creciente de pensionistas, lo que convierte el actual contrato social en lo que Calvo define como una «transferencia forzosa entre generaciones», donde los jóvenes heredan una promesa de gasto que no pidieron suscribir y que solo podrán financiar con más impuestos o mayor deuda pública.
La paradoja de la inequidad: penalización a las carreras laborales largas
El diseño actual del sistema genera, además, una contradicción interna que perjudica a quienes más han contribuido. Un trabajador que se jubila con 33 años cotizados recibe un 92% extra sobre lo aportado (FdEA de 1,92), mientras que quien ha cotizado durante 43 años ve reducido ese excedente a solo un 48% (FdEA de 1,48). En la práctica, esto significa que el subsidio implícito que el sistema otorga a las carreras cortas se financia, en gran medida, a costa de quienes cotizaron durante más tiempo. Esta distorsión contradice el principio de proporcionalidad y equidad que debería regir cualquier sistema de protección social.
Frente a este panorama, el debate público suele enfocarse en factores como la inmigración —con propuestas de regularización de entre 500.000 y un millón de inmigrantes— o el incremento de los salarios. Sin embargo, Calvo subraya que estas medidas no resuelven el problema de fondo. Elevar los salarios en un modelo de reparto resulta inútil porque, aunque aumentan las cotizaciones presentes, también incrementan proporcionalmente los derechos a pensión futuros. «Es como intentar resolver una deuda aumentando el crédito disponible sin cambiar el tipo de interés», explica el economista. Si la rentabilidad implícita del sistema sigue superando al crecimiento económico proyectado, la brecha no se cierra, sino que simplemente se traslada hacia adelante con cifras más elevadas.
Reformas paramétricas: parches que agravan el problema
Las reformas aprobadas entre 2021 y 2023, lejos de corregir estos desequilibrios estructurales, los han agravado al aumentar el coste del sistema público de pensiones. Según los autores del informe, «persistir en la estrategia de reformas paramétricas puede retrasar la manifestación del desequilibrio, pero no resolverlo». Calvo sostiene que este tipo de medidas «compran tiempo pero aumentan opacidad», ya que el trabajador desconoce cuánto ha acumulado en términos actuariales, qué pensión puede esperar realmente y cómo afectan a esa pensión sus decisiones laborales. El resultado es que el ajuste inevitable se desplaza hacia el futuro, cuando las condiciones demográficas serán peores y el margen de maniobra menor.
El informe subraya que el sistema actual carece de transparencia. Los cotizantes no disponen de información clara sobre su saldo acumulado, las expectativas reales de retorno o el impacto de sus elecciones profesionales en la pensión futura. Esta falta de claridad impide una planificación financiera adecuada y dificulta la toma de decisiones informadas sobre ahorro complementario o jubilación anticipada. Además, perpetúa la ilusión de que el sistema puede mantenerse indefinidamente sin ajustes profundos, cuando la realidad matemática y demográfica indica lo contrario.
En clave: Por qué importa
El desequilibrio actuarial del sistema de pensiones español no es un problema teórico ni lejano: afecta directamente a las generaciones actuales y futuras. La brecha entre lo prometido y lo sostenible crece año tras año, y las soluciones cosméticas solo posponen el ajuste inevitable. Los trabajadores jóvenes enfrentan la perspectiva de cotizar más, durante más tiempo, para recibir menos al jubilarse. Mientras tanto, el sistema penaliza a quienes más han contribuido y subsidia desproporcionadamente a las carreras cortas. Sin una reforma estructural que alinee la rentabilidad del sistema con el crecimiento económico y que introduzca mayor transparencia y equidad, el pacto intergeneracional corre el riesgo de quebrarse, dejando a millones de españoles sin la protección social que creyeron garantizada.
