Las diferencias geográficas en las prestaciones del sistema público de pensiones continúan evidenciando profundas desigualdades estructurales en España. Los últimos datos correspondientes a febrero de 2026, publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, revelan que la distancia entre las pensiones contributivas más altas y las más bajas del país alcanza los 617,52 euros al mes, una cifra que refleja décadas de disparidades en salarios, sectores económicos predominantes y trayectorias laborales.
El territorio vasco mantiene su posición en la cima del ranking nacional con una pensión media mensual de 1.901,09 euros, cantidad que supera en 388,36 euros la media estatal situada en 1.512,73 euros. Esta cifra contrasta dramáticamente con las regiones del interior y del sur peninsular, donde las cuantías se sitúan significativamente por debajo del promedio nacional. La brecha no es accidental: responde a modelos económicos, historias industriales y mercados laborales radicalmente distintos entre territorios.
El gasto en pensiones marca un nuevo récord histórico
Durante el mes de febrero, la Seguridad Social destinó 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de pensiones contributivas, lo que representa un incremento del 6,07% respecto al mismo período del año anterior. Este aumento responde principalmente a la revalorización del 2,7% aplicada desde enero, calculada conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la normativa vigente desde 2021 para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
Las prestaciones por jubilación acaparan la mayor parte de este desembolso, concentrando 10.054,1 millones de euros, equivalentes al 73,2% del total. El resto se distribuye entre pensiones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. El crecimiento del gasto no obedece únicamente a la actualización anual de las cuantías, sino también al incremento sostenido del número de beneficiarios y a la sustitución progresiva de pensiones antiguas de menor importe por otras más recientes y de mayor cuantía, reflejo de carreras profesionales mejor remuneradas.
Tres territorios concentran las pensiones más elevadas
Además del País Vasco, Asturias ocupa el segundo puesto con una pensión media de 1.835 euros mensuales, seguida por la Comunidad de Madrid con 1.790,49 euros. Estas tres regiones comparten características comunes: mayor industrialización histórica, presencia de sectores con salarios superiores a la media y mercados laborales más estables que han permitido carreras profesionales más largas y mejor cotizadas. Navarra, Aragón, Cantabria, Cataluña y la ciudad autónoma de Ceuta también superan la media nacional, aunque con menor distancia respecto al promedio.
Este grupo de comunidades se beneficia de estructuras productivas diversificadas, menor incidencia de la temporalidad y mayor peso relativo de empleos cualificados. La suma de estos factores se traduce en bases de cotización más elevadas durante la vida laboral activa, lo que finalmente se refleja en pensiones de jubilación más generosas. La concentración industrial, el desarrollo del sector servicios avanzados y la presencia de empleo público estable son elementos clave en esta ecuación.
Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha registran las cuantías más bajas
En el extremo opuesto del ranking se sitúan tres comunidades que históricamente han presentado estructuras económicas más débiles y mercados laborales más precarios. Galicia registra una pensión media de jubilación de 1.347,70 euros, Extremadura alcanza los 1.337,44 euros y Castilla-La Mancha cierra la clasificación con 1.283,57 euros mensuales. Estas cifras evidencian las consecuencias a largo plazo de economías basadas en sectores de baja productividad, empleo agrícola con menor protección social histórica y mayores tasas de temporalidad.
Por debajo de la media nacional también se encuentran Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla. En estos territorios, factores como la mayor incidencia del turismo estacional, el peso del sector primario, menores niveles de renta per cápita y carreras laborales más discontinuas han contribuido a configurar un escenario de pensiones más modestas. La brecha no es únicamente económica: refleja décadas de desequilibrios territoriales en inversión, desarrollo industrial y oportunidades laborales.
Factores estructurales detrás de la desigualdad
La Seguridad Social atribuye estas diferencias a causas profundas y estructurales. Los niveles salariales durante la vida activa determinan las bases de cotización y, por tanto, la cuantía final de la pensión. Regiones con salarios históricamente más bajos generan pensiones más reducidas. Del mismo modo, los sectores económicos predominantes marcan diferencias sustanciales: la industria y los servicios avanzados aportan cotizaciones más elevadas que la agricultura tradicional o el turismo de baja cualificación.
Otros elementos relevantes incluyen las tasas de empleo femenino, la edad media de jubilación y la duración de las carreras profesionales. Las comunidades con mayor participación laboral femenina, acceso más temprano al mercado laboral y menor incidencia del desempleo de larga duración tienden a registrar pensiones más altas. La movilidad geográfica también juega un papel: muchos trabajadores de regiones con pensiones bajas emigraron durante su vida activa hacia territorios con mejores oportunidades, lo que reduce artificialmente las medias de sus comunidades de origen.
En clave: Por qué importa
La persistencia de brechas territoriales superiores a 600 euros mensuales en las pensiones contributivas no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Refleja desigualdades acumuladas durante décadas en el mercado laboral, la estructura productiva y las oportunidades económicas entre regiones. Mientras el sistema público de pensiones distribuye prestaciones según las cotizaciones individuales, las diferencias territoriales evidencian que el punto de partida nunca fue equitativo. Estas cifras plantean interrogantes sobre la cohesión territorial y la necesidad de políticas que aborden no solo las pensiones actuales, sino las causas estructurales que perpetúan estas desigualdades generación tras generación. Para millones de pensionistas, la diferencia entre vivir con 1.900 euros o con 1.280 euros al mes no es estadística: determina su calidad de vida, su capacidad de consumo y su autonomía económica.
