El debate sobre las pensiones no puede quedarse únicamente en cuánto subirán el próximo año. También debemos preguntarnos quién financia esa subida, qué esfuerzo adicional supone para empresas y trabajadores y si, pese al creciente volumen de recursos destinados al sistema, estamos consiguiendo corregir algunas de sus principales desigualdades.
Las últimas noticias sobre pensiones dibujan una realidad que merece analizarse de forma conjunta.
Las previsiones actuales apuntan a que las pensiones contributivas podrían volver a revalorizarse por encima del 3% en 2027 si se mantiene la evolución de la inflación. Es, sin duda, una buena noticia para los pensionistas, que gracias a la vinculación de las prestaciones al IPC mantienen protegido su poder adquisitivo.
Pero toda mejora tiene que financiarse.
Y esta es la otra cara de la moneda de la que quizá hablamos menos. España, al igual que otros países europeos, está incrementando progresivamente el esfuerzo destinado a financiar su sistema de pensiones. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la llegada a la jubilación de generaciones numerosas están elevando las necesidades financieras del sistema.
Una parte importante de la respuesta está siendo aumentar los ingresos vía cotizaciones sociales.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el incremento adicional de las bases máximas de cotización o la cuota de solidaridad son ejemplos de medidas que suponen una mayor aportación al sistema.
Y esa aportación tiene nombres y apellidos: empresas y trabajadores.
Para el empleado supone una mayor deducción sobre su salario. Para la empresa, un incremento del coste laboral asociado a cada trabajador. Por eso, cuando hablamos de cuánto suben las pensiones, deberíamos hablar también del esfuerzo creciente necesario para financiarlas.
Un contrato intergeneracional cada vez más exigente
Nuestro sistema público se basa fundamentalmente en un principio de reparto: las cotizaciones de quienes trabajan hoy contribuyen a financiar las pensiones de quienes están jubilados.
El desafío aparece cuando cambia la estructura demográfica. Vivimos más años, aumenta el número de pensionistas y las generaciones que llegan ahora a la jubilación tienen un peso demográfico muy relevante.
Si queremos mantener pensiones suficientes y preservar su poder adquisitivo, necesitamos más recursos. Hasta ahora, una parte de la respuesta está recayendo sobre las cotizaciones.
La cuestión que deberíamos plantearnos es hasta qué punto podemos seguir incrementando el coste sobre el empleo como una de las principales vías para sostener el sistema.
No se trata de cuestionar la necesaria protección de nuestros pensionistas. Se trata de abordar el debate completo: garantizar unas pensiones dignas exige también garantizar que el modelo que las financia sea sostenible.
Una brecha que todavía ronda los 500 euros
A esta ecuación debemos añadir otra realidad.
Las mujeres pensionistas españolas cobran de media cerca de 500 euros mensuales menos que los hombres. La pensión media masculina se sitúa en 1.627,12 euros frente a los 1.127,49 euros de las mujeres, una diferencia del 30,7%.
Detrás de esta brecha existen carreras laborales diferentes, salarios históricamente inferiores, mayor presencia del trabajo a tiempo parcial y, especialmente, interrupciones profesionales vinculadas al cuidado de hijos y familiares.
Un dato resulta particularmente revelador: el 72% de las personas que atienden a familiares dependientes son mujeres.
Existen señales positivas. Entre las nuevas altas de jubilación la diferencia se reduce hasta aproximadamente 333 euros mensuales, un 20,7%. La tendencia mejora, pero una brecha superior al 20% entre quienes se están jubilando actualmente demuestra que todavía queda mucho camino por recorrer.
El debate debe ir más allá de cuánto suben las pensiones
Durante años hemos centrado la conversación sobre las pensiones fundamentalmente en dos cuestiones: a qué edad nos jubilaremos y cuánto cobraremos.
Quizá debamos incorporar una tercera: ¿cómo vamos a financiar jubilaciones que pueden prolongarse durante 20, 25 o incluso 30 años sin trasladar una parte creciente del esfuerzo a las siguientes generaciones?
La respuesta no debería descansar exclusivamente sobre el sistema público. Necesitamos reforzar la educación financiera, fomentar el ahorro a largo plazo y facilitar mecanismos complementarios de previsión desde etapas mucho más tempranas de la vida laboral.
Las empresas pueden desempeñar aquí un papel relevante. La previsión social empresarial, los planes de empleo y otras fórmulas de ahorro colectivo pueden ayudar a complementar la futura pensión pública, especialmente entre aquellos colectivos cuyas carreras profesionales hacen más difícil acumular derechos suficientes.
Proteger el poder adquisitivo de nuestros pensionistas es una conquista social que debemos preservar. Pero no podemos analizar la revalorización de las pensiones de manera aislada.
Pensiones más altas requieren mayores recursos; mayores recursos están suponiendo mayores cotizaciones; y mayores cotizaciones significan un esfuerzo adicional para trabajadores y empresas.
Y, mientras tanto, seguimos manteniendo una importante brecha de género.
El gran debate de los próximos años no debería ser únicamente cuánto deben subir las pensiones, sino cómo conseguimos que sean suficientes, sostenibles y equitativas sin cargar todo el esfuerzo sobre quienes hoy trabajan y generan empleo.
Porque el futuro de nuestras pensiones no empieza el día que nos jubilamos. Empieza muchos años antes.
