La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado un conjunto de propuestas para reformar profundamente el sistema público de pensiones en España, advirtiendo sobre los graves riesgos financieros que enfrenta el modelo actual. El servicio de estudios califica al sistema español como «muy generoso» y alerta de que su continuidad sin ajustes significativos podría consumir recursos vitales destinados a otros servicios públicos esenciales.
Entre las medidas más destacadas figura la ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones a la totalidad de la vida laboral, eliminando la posibilidad de descartar los años con menores cotizaciones. Esta propuesta contrasta con el sistema actual, que permite excluir determinados periodos menos favorables. Fedea también sugiere sustituir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad por un recargo proporcional sobre la cuota estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), buscando distribuir el esfuerzo de financiación de manera más equitativa entre toda la población.
Déficit creciente y dependencia fiscal
El análisis de Fedea revela que el saldo contributivo del sistema se ha deteriorado en más de 70.000 millones de euros entre 2005 y 2025, alcanzando un déficit equivalente al 3,8% del Producto Interior Bruto en el último año mencionado. Hasta 2009, las prestaciones contributivas se autofinanciaban con cotizaciones sociales, pero desde entonces ha sido necesario complementarlas progresivamente con transferencias del Estado.
Las proyecciones del organismo son especialmente preocupantes para el medio plazo. Según sus estimaciones, el déficit podría incrementarse entre uno y 2,3 puntos adicionales del PIB entre 2025 y 2050. Esto significaría que hacia mitad de siglo será necesario inyectar anualmente al sistema de la Seguridad Social recursos adicionales equivalentes a al menos cinco puntos del PIB para mantener las prestaciones actuales. Los expertos advierten que este escenario no implica tanto un riesgo de impago directo de las pensiones, protegidas por el peso electoral de los jubilados, sino que estas prestaciones absorberán una porción excesiva de los fondos públicos necesarios para financiar sanidad, educación, defensa, infraestructuras e investigación.
Propuestas para el corto y medio plazo
En el horizonte inmediato, Fedea recomienda recuperar el factor de sostenibilidad que vinculaba automáticamente la edad legal de jubilación con la esperanza de vida. Una vez alcanzada la edad de jubilación de 67 años, prevista para 2027, el organismo propone establecer un nexo permanente entre ambos parámetros, con excepciones únicamente para profesiones con elevada exigencia física o dureza laboral. Los economistas reconocen que cualquier medida que implique actualizar las pensiones ya causadas por debajo de la inflación generaría «enorme resistencia» y probablemente resultaría inviable políticamente, aunque consideran que no existe una razón lógica para excluir completamente a los pensionistas actuales de los ajustes necesarios.
Para el largo plazo, la propuesta estrella consiste en una transición gradual hacia un modelo de cuentas nocionales similar al implementado en Suecia. En este diseño, las pensiones continuarían financiándose mediante un sistema de reparto, pero su cuantía se determinaría siguiendo un criterio actuarial estricto. Las aportaciones efectivas de cada trabajador se capitalizarían con una rentabilidad vinculada a la evolución económica general, lo que permitiría garantizar el equilibrio financiero a largo plazo sin abandonar el principio de solidaridad intergeneracional.
Comparativa europea y generosidad del sistema
Fedea subraya que España presenta la tasa de reposición más elevada de toda la Unión Europea, alcanzando el 77% frente a una media comunitaria del 45%. La tasa de prestación española se sitúa en el 64%, también significativamente superior a la de países vecinos. Estos indicadores reflejan la generosidad relativa del sistema español y explican, según el organismo, por qué resulta inevitable aproximarse progresivamente a los niveles europeos si se pretende garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
El documento de Fedea se publica en un contexto especialmente delicado, a las puertas de unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre y cuando el debate sobre las pensiones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. El servicio de estudios lamenta que las discusiones actuales estén dominadas por la «demagogia electoralista» en lugar de la evidencia empírica y el análisis riguroso. Los expertos reclaman un debate amplio, sosegado y bien documentado que permita a los ciudadanos comprender realmente las opciones disponibles y el reparto equitativo de costes y beneficios entre distintos segmentos poblacionales y generaciones.
En clave: Por qué importa
Las propuestas de Fedea plantean uno de los dilemas más complejos que enfrentará España en las próximas décadas: cómo equilibrar la protección social de una población envejecida con la sostenibilidad fiscal y la capacidad de financiar otros servicios públicos esenciales. El envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida presionan estructuralmente un sistema diseñado en circunstancias muy diferentes. Sin reformas, el coste de oportunidad será elevado: cada euro adicional destinado a pensiones será un euro menos para sanidad, educación o innovación. La cuestión no es únicamente técnica o económica, sino fundamentalmente política y generacional, pues implica decisiones sobre cómo distribuir recursos limitados entre distintos grupos de edad y necesidades sociales. El debate trasciende las elecciones inmediatas y requiere consensos que garanticen tanto la dignidad de los actuales y futuros pensionistas como la viabilidad del Estado del bienestar en su conjunto.
