El panorama fiscal para los ahorradores e inversores españoles se ha endurecido notablemente en los últimos años. Según un exhaustivo informe elaborado conjuntamente por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y EFPA España, aquellos contribuyentes que obtengan ganancias patrimoniales superiores a 300.000 euros —ya sea por la venta de acciones, inmuebles o participaciones en fondos de inversión— deben entregar a la Agencia Tributaria nada menos que 30 de cada 100 euros ganados. Esta cifra contrasta enormemente con el tipo promedio del 18% que se aplica en los países de la Unión Europea.
El documento pone de manifiesto una tendencia preocupante: durante cinco ejercicios fiscales consecutivos, todas las reformas que han afectado a la tributación del ahorro han ido en una sola dirección, la del incremento. Desde 2020, el tipo máximo aplicable a intereses, dividendos y ganancias patrimoniales ha experimentado un salto considerable, pasando del 23% al 30% actual. Esta progresiva escalada ha permitido que el Gobierno prevea duplicar este año la recaudación por este concepto hasta alcanzar los 472 millones de euros.
Del modelo único al sistema progresivo: un giro hacia la recaudación
Esta evolución supone un alejamiento radical del modelo fiscal que se implantó en 2006, cuando todos los rendimientos derivados del ahorro tributaban a un tipo único del 18%, independientemente de la cuantía obtenida. Aquel sistema, más sencillo y uniforme, ha sido sustituido por una estructura de tipos crecientes que los expertos relacionan directamente con el objetivo de aumentar la recaudación estatal. Sin embargo, los analistas advierten de que esta presión fiscal creciente puede generar efectos adversos, desincentivando la inversión privada y la movilidad del capital.
El problema no se limita exclusivamente al tipo marginal máximo. Al calcular la carga fiscal efectiva sobre el ahorro financiero —teniendo en cuenta exenciones parciales, bonificaciones y mecanismos de diferimiento temporal— el estudio sitúa la tributación real en España en el 22%, muy por encima del 14% que se registra de media en la Unión Europea. De hecho, solo un puñado de países desarrollados como Canadá, Noruega o Dinamarca presentan niveles de imposición superiores a los españoles en este ámbito.
Distorsiones fiscales: cuando ahorrar tributa más que trabajar
El informe incluye ejemplos concretos que ilustran estas distorsiones. Un contribuyente que obtenga entre 6.000 y 12.450 euros por la venta de acciones soporta un tipo impositivo del 21%, dos puntos porcentuales más que si esos mismos ingresos procedieran de rendimientos del trabajo. Esta diferencia rompe el principio de equidad horizontal —que postula que rentas similares deben tributar de forma equivalente— y genera incentivos perversos. Muchos inversores optan por retrasar la venta de activos revalorizados simplemente para evitar tributar en el corto plazo, lo que inmoviliza capital que podría reinvertirse en la economía productiva.
Otro aspecto problemático es el tratamiento asimétrico de las pérdidas patrimoniales. Las minusvalías solo pueden compensarse hasta un límite del 25% anual y durante un máximo de cuatro años, mientras que las ganancias tributan íntegramente sin ningún tipo de limitación. Además, el sistema no corrige el efecto de la inflación, lo que implica que una parte significativa de la plusvalía gravada puede no responder a una ganancia real en términos de poder adquisitivo, sino simplemente al encarecimiento generalizado de los precios a lo largo del tiempo.
Menor capacidad de ahorro y menos cultura de previsión
Estas diferencias en el tratamiento fiscal también se reflejan en los hábitos de ahorro de las familias. Los hogares españoles destinaron el 12,7% de su renta disponible al ahorro en 2024, una cifra inferior al 14,4% registrado de media en la Unión Europea. En el ámbito de los planes de pensiones privados, solo el 21% de las familias españolas dispone de uno, y el patrimonio acumulado en estos instrumentos equivale únicamente al 8% del Producto Interior Bruto, muy lejos del 57% que se registra de media en los países de la OCDE.
El informe relaciona parte de esta evolución negativa con la reducción drástica que se produjo en 2021 del límite de aportación con derecho a deducción fiscal en los planes de pensiones individuales. Este tope pasó de 8.000 a 1.500 euros anuales, lo que provocó, según los cálculos del estudio, la salida de aproximadamente 230.000 partícipes de los planes individuales en los años posteriores a la reforma. Esta medida, lejos de incentivar el ahorro a largo plazo, habría desincentivado la previsión complementaria para la jubilación.
La visión de los profesionales: incentivos fiscales determinantes
Una encuesta realizada a 262 asesores financieros certificados por EFPA España arroja datos reveladores sobre cómo percibe el sector profesional el impacto de la fiscalidad. Nueve de cada diez expertos consideran que los incentivos fiscales son determinantes en las decisiones de inversión de sus clientes. Además, el 88% de los asesores cree que estos incentivos resultan especialmente importantes cuando se trata de inversiones orientadas al largo plazo, como planes de pensiones, seguros de vida-ahorro o carteras de fondos destinadas a la jubilación.
Ante este panorama, el Instituto de Estudios Económicos propone una serie de medidas correctoras. Entre ellas, destaca la necesidad de rebajar la tributación del ahorro, revisar la doble imposición que sufren los dividendos —gravados tanto en la empresa como en el accionista— y garantizar una mayor estabilidad normativa que dé seguridad jurídica a los ahorradores. También sugiere la creación de una cuenta de ahorro e inversión con incentivos fiscales específicos, en línea con la estrategia que está promoviendo la Comisión Europea para fomentar el ahorro privado y reducir la dependencia exclusiva de las pensiones públicas.
En clave: Por qué importa
La elevada fiscalidad del ahorro en España no es un dato aislado ni una cuestión meramente técnica. Tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las familias para acumular patrimonio, preparar su jubilación y diversificar sus fuentes de ingresos. En un contexto demográfico marcado por el envejecimiento de la población y la presión creciente sobre el sistema público de pensiones, desincentivar el ahorro privado mediante una tributación excesiva puede agravar los desequilibrios futuros. Además, la inmovilización del capital por motivos fiscales reduce la eficiencia del mercado y limita las oportunidades de inversión productiva, con el consiguiente impacto negativo sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. La discusión sobre la fiscalidad del ahorro no es, por tanto, un debate exclusivo de expertos, sino una cuestión que afecta al modelo económico y social del país a medio y largo plazo.
