Las sospechas que circulaban entre economistas y expertos desde hace tiempo han encontrado respaldo estadístico contundente. Según cifras oficiales de Eurostat analizadas por el especialista en fondos europeos Santiago Sánchez, la Administración española habría empleado más de 10.000 millones de euros de las ayudas Next Generation en cubrir gastos corrientes, alejándose así del objetivo principal de estas transferencias: impulsar la inversión en proyectos transformadores para la economía.
Entre febrero de 2021, cuando arrancó el Plan de Recuperación, y el cierre de 2025, el Ejecutivo ejecutó subvenciones por valor de 44.652 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 10.238 millones —cerca del 23%— no se invirtieron en formación de capital productivo, sino que se desviaron hacia partidas habituales del presupuesto público. Entre estas partidas destacan el pago de pensiones de clases pasivas y otros complementos, así como diversas facturas ordinarias de la Administración.
El mecanismo del remanente de tesorería
¿Cómo es posible que fondos destinados oficialmente a la inversión terminen financiando gastos del día a día? La clave está en el funcionamiento de los remanentes de tesorería. Cuando Bruselas transfiere el dinero, este llega al Tesoro español, pero no se ejecuta de inmediato por parte de las administraciones beneficiarias. Durante ese tiempo de espera, el Estado dispone de una liquidez considerable que puede utilizar con total libertad. En términos prácticos, se trata de una financiación al 0% de interés que permite al Gobierno liberar recursos nacionales para otros fines.
El economista Javier Santacruz lo comparaba con la práctica empresarial de pagar a proveedores a 30 o 60 días: mientras el dinero no llega al beneficiario final, el Estado aprovecha esa ventana temporal y ahorra en costes financieros. Este uso instrumental de la liquidez europea, aunque legal en sentido estricto, contradice el espíritu de las ayudas, diseñadas para potenciar la inversión productiva y las reformas estructurales, no para sustituir gasto público ordinario.
Advertencias sobre la falta de adicionalidad
Tal y como advierte Santiago Sánchez, no toda inversión en gasto corriente carece de valor. La formación, la asistencia social o ciertos servicios pueden generar impacto positivo. Sin embargo, el problema surge cuando estos recursos sustituyen partidas que el Estado ya financiaba previamente con presupuesto nacional. En esos casos, cada euro europeo que reemplaza gasto ordinario libera un euro nacional para otras políticas, pero no incrementa la inversión neta del país. Este fenómeno reduce drásticamente la adicionalidad del programa, es decir, su capacidad real de añadir capital productivo nuevo y duradero a la economía española.
El Tribunal de Cuentas ya había aportado una primera estimación oficial en mayo pasado. En su informe sobre la ejecución de 2024, la institución detectó que al menos 2.389 millones de euros de fondos europeos se destinaron específicamente al pago de pensiones de clases pasivas y otros complementos. Este dato, que generó un notable malestar en los ministerios económicos, confirmaba las informaciones que ya habían anticipado diversos medios especializados desde marzo de 2024.
Renuncias y retrasos en la ejecución
Además de este uso controvertido de parte de los fondos, el Gobierno tampoco ha logrado cumplir el calendario previsto. La dificultad para aterrizar todos los proyectos llevó a Moncloa a renunciar a más de 20.000 millones de euros en préstamos que Bruselas ofrecía en condiciones ventajosas. Según el último balance de BBVA Research, a finales de junio de este año se habían adjudicado fondos por 62.726 millones de euros, lo que representa el 78% del volumen total del Mecanismo de Recuperación.
Si el ritmo de ejecución actual se mantiene, el servicio de estudios del banco estima que quedarían sin utilizar cerca de 10.000 millones de euros adicionales. Para completar el 100% de las inversiones dentro del calendario establecido, sería necesario ejecutar en los dos últimos meses de vigencia del Plan un volumen equivalente al doble de todo lo realizado durante el primer semestre de 2026, una aceleración que los analistas consideran muy poco probable.
Efectos sobre productividad y crecimiento
Más allá de las cifras de ejecución, BBVA Research también alerta sobre la falta de mejora visible en la productividad por trabajador, uno de los objetivos centrales de los fondos europeos. La institución advierte de que la retirada inminente de los estímulos europeos tendrá efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico español en los próximos años, especialmente si no se han consolidado reformas estructurales profundas ni se ha generado un tejido productivo más competitivo y resiliente.
En definitiva, el uso de una parte considerable de los fondos Next Generation para cubrir gastos ordinarios plantea serias dudas sobre la eficacia y la adicionalidad del mayor programa de transferencias europeas de la historia reciente. Aunque el gasto corriente puede tener valor en determinados contextos, su financiación con recursos destinados a la inversión transforma la naturaleza del plan y limita su capacidad de dejar un legado productivo duradero para el país.
En clave: Por qué importa
Esta desviación de fondos europeos pone en evidencia una gestión que prioriza el corto plazo sobre la transformación estructural. Los recursos del Plan de Recuperación representaban una oportunidad única para modernizar la economía española, impulsar la digitalización y la transición energética, y mejorar la competitividad a largo plazo. Destinar cerca de una cuarta parte de lo ejecutado a gastos corrientes no solo reduce el impacto transformador del programa, sino que también compromete la confianza de Bruselas y de los ciudadanos en la capacidad del Estado para gestionar eficientemente las ayudas europeas.
La falta de adicionalidad real significa que, en la práctica, España no está aprovechando plenamente la mayor transferencia de fondos de su historia reciente. Cuando estos estímulos desaparezcan, el país podría enfrentarse a un brusco ajuste en inversión y crecimiento, sin haber consolidado las bases productivas necesarias para sostener el desarrollo económico. Este riesgo, unido a la renuncia de miles de millones en préstamos europeos y a la ejecución insuficiente de proyectos, convierte la gestión de los fondos Next Generation en una oportunidad parcialmente desaprovechada con consecuencias potencialmente graves para la economía española en el medio plazo.
