El sistema público de pensiones en España se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su historia reciente. La llegada masiva de jubilados pertenecientes a la generación del baby boom está obligando al Estado a incrementar significativamente los recursos destinados a garantizar las prestaciones. Para hacer frente a esta realidad demográfica, el Gobierno puso en marcha en 2023 el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido popularmente como MEI.
Este instrumento financiero constituye una sobrecotización con un objetivo específico: alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones. A diferencia de las cotizaciones ordinarias, el MEI no computa para el cálculo de las prestaciones futuras de los cotizantes, sino que se destina exclusivamente a reforzar la solvencia del sistema ante el incremento del gasto previsto para las próximas décadas.
Recaudación en aumento: más de 3.500 millones en siete meses
Los datos publicados por la Seguridad Social reflejan el impacto creciente de este mecanismo. Durante los primeros siete meses de 2026, el organismo público ingresó 3.547 millones de euros procedentes del MEI, lo que supone un incremento interanual del 26,6%. Esta cifra demuestra tanto el crecimiento de las bases de cotización como el efecto de las subidas progresivas del tipo aplicable.
El Fondo de Reserva, que en marzo de este año alcanzaba los 15.267 millones de euros, ha experimentado una recuperación notable desde la implantación del MEI. En concreto, más de 13.000 millones de euros del saldo actual proceden directamente de este mecanismo, lo que evidencia su importancia para restaurar la capacidad de ahorro del sistema público de pensiones tras años de desembolsos para cubrir déficits.
Calendario de subidas hasta 2030: ¿cuánto más pagarán trabajadores y empresas?
El diseño del MEI incluye una senda de incrementos graduales establecida en la Ley General de la Seguridad Social. En 2026, el tipo de cotización del MEI se sitúa en el 0,90% sobre la base de cotización, del cual el 0,75% recae sobre las empresas y el 0,15% sobre los trabajadores. Para el próximo año 2027, esta cifra subirá una décima hasta alcanzar el 1%, con una distribución del 0,83% empresarial y el 0,17% para los empleados.
La escala de subidas contempla que en 2030 el MEI llegue a su nivel definitivo del 1,2% de la base de cotización. En ese momento, según la normativa vigente, la distribución cambiará para repartir el esfuerzo de forma equitativa entre empresas y trabajadores, a razón de 0,6% cada parte. Este tipo se mantendrá estable hasta 2050, fecha en la que está prevista la supresión del mecanismo si las proyecciones demográficas lo permiten.
El MEI como pieza clave de la reforma Escrivá
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional forma parte del paquete de reformas del sistema de pensiones impulsado durante la etapa de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su introducción responde a las recomendaciones de organismos internacionales y de la Unión Europea, que han insistido en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del modelo de reparto español.
Este sistema de sobrecotización finalista se aplica en todos los regímenes de la Seguridad Social donde existe obligación de cotizar por jubilación. Su carácter universal y su destino exclusivo al Fondo de Reserva lo diferencian de otras figuras tributarias o cotizaciones ordinarias. La filosofía que subyace es clara: las generaciones actuales de trabajadores contribuyen de forma solidaria a fortalecer un fondo que garantice las pensiones futuras, especialmente durante el periodo crítico de jubilación masiva de los nacidos entre 1957 y 1977.
En clave: Por qué importa
El incremento progresivo del MEI representa un esfuerzo adicional para trabajadores y empresas en un contexto de elevada presión fiscal y cotizaciones sociales ya elevadas. Sin embargo, constituye una herramienta necesaria para evitar que el sistema público colapse bajo el peso del envejecimiento demográfico. La recaudación de más de 3.500 millones de euros en apenas siete meses de 2026 demuestra que el mecanismo está cumpliendo su función recaudatoria, aunque quedan por delante años decisivos para evaluar si el Fondo de Reserva será suficiente cuando el gasto en pensiones alcance su pico máximo en la década de 2040.
Para los ciudadanos, especialmente para quienes están en edad laboral, esta realidad implica que sus nóminas seguirán viendo deducciones crecientes destinadas a un objetivo colectivo: sostener el sistema de reparto. La clave estará en verificar si, llegado el momento de su propia jubilación, el esfuerzo realizado se traduce en un sistema solvente y capaz de honrar sus compromisos sin recurrir a recortes o ajustes traumáticos.
