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El Congreso aprueba mejoras clave en pensiones y prestaciones sociales para 2025

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un real decreto-ley impulsado por el Gobierno que introduce mejoras significativas en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social. La votación ha resultado en un respaldo contundente de 63 votos a favor frente a apenas 6 en contra, procedentes de Vox. Entre los partidos que han apoyado la iniciativa se encuentran PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu y el Partido Popular, aunque este último ha criticado el uso del decreto-ley como herramienta legislativa.

El paquete de medidas sociales, presentado originalmente en octubre como parte de los denominados «martes sociales» del Gobierno progresista, busca actualizar el marco de protección social español para adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudadanía. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido públicamente el contenido del decreto argumentando que todas las disposiciones comparten una misma lógica: «reforzar la capacidad de la Seguridad Social para proteger mejor, adaptar la protección social a nuevas realidades y desafíos de nuestro tiempo», y corregir lagunas normativas que generaban desigualdad o desprotección.

Ampliación histórica de la pensión de viudedad

Una de las novedades más celebradas por la mayoría parlamentaria es la extensión del derecho a la pensión de viudedad para parejas no casadas ni registradas formalmente como parejas de hecho. A partir de ahora, aquellas parejas que tengan hijos en común y acrediten al menos dos años de convivencia podrán acceder a esta prestación económica tras el fallecimiento de uno de los miembros. Esta modificación responde a una demanda histórica de numerosas familias que, sin haber formalizado legalmente su relación, han compartido proyectos de vida durante décadas.

El decreto incluye además una disposición transitoria que abre una ventana temporal de un año para solicitar la pensión por fallecimientos ocurridos antes de la entrada en vigor de la norma. Esta medida permitirá regularizar situaciones de desprotección previas y garantizar que miles de personas puedan reclamar derechos que hasta ahora les eran negados por razones meramente administrativas. La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha valorado especialmente esta ampliación por reconocer «la realidad social más allá de los trámites burocráticos».

Sin embargo, también han surgido voces críticas desde formaciones como ERC y Sumar, que consideran insuficiente limitar este derecho exclusivamente a las parejas con descendencia. Estos partidos han solicitado a la ministra Saiz que en futuras reformas se amplíe la protección también a las parejas sin hijos, para garantizar una cobertura universal sin discriminaciones.

Nuevas bajas laborales por menopausia incapacitante

Otra innovación destacable es la creación de una baja laboral especial para mujeres que sufran síntomas incapacitantes derivados de la menopausia. Esta prestación sigue la estela de la baja por reglas dolorosas que el Gobierno aprobó anteriormente, y supone un reconocimiento explícito de las dificultades físicas y psicológicas que experimentan muchas mujeres durante esta etapa vital. La diputada Aina Vidal, de Sumar, ha subrayado la importancia de visibilizar una realidad médica que afecta a millones de trabajadoras y que históricamente ha sido ignorada tanto en el ámbito laboral como en el sanitario.

La menopausia puede provocar síntomas como sofocos intensos, insomnio severo, cambios de humor, dificultades de concentración y dolores articulares, entre otros. Estos efectos pueden interferir significativamente en la capacidad de trabajo, pero hasta ahora no existía una cobertura específica que permitiera a las mujeres ausentarse laboralmente sin penalización económica. Con esta nueva baja, España se posiciona como uno de los países pioneros en Europa en reconocer oficialmente los efectos laborales de la menopausia.

Refuerzo de la protección para víctimas de violencia machista

El decreto también contempla mejoras sustanciales en la protección de las víctimas de violencia de género y sus familias. Se establece una baja laboral especial para mujeres que hayan sufrido agresiones machistas, permitiéndoles alejarse temporalmente del entorno laboral para recuperarse física y emocionalmente sin ver mermados sus ingresos. Paralelamente, se aumentan las pensiones de orfandad para los hijos e hijas de víctimas mortales de violencia machista, reconociendo que el Estado tiene una responsabilidad directa sobre estos menores.

La diputada socialista Esther Peña ha enfatizado la trascendencia de estas medidas en un contexto político en el que aún hay formaciones parlamentarias que niegan la existencia de la violencia de género. Peña ha aprovechado el debate para lanzar un mensaje de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre: «No tengo ninguna duda de que las mujeres de este país van a volver a votar en legítima defensa».

Ampliación de la prestación CUME para familias con niños enfermos

El paquete legislativo incluye asimismo una ampliación de la prestación CUME (Cuidado de Menores Enfermos), destinada a padres y madres que reducen su jornada laboral para cuidar de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. Esta medida ha recibido apoyo prácticamente unánime en la Diputación, aunque el PP y Vox han criticado que el Gobierno haya optado por un real decreto-ley en lugar de tramitar la reforma por los cauces legislativos ordinarios. Estos partidos argumentan que el uso del decreto responde más a una estrategia electoral que a una urgencia legislativa real.

La prestación CUME complementa económicamente a las familias que se ven obligadas a reducir su actividad profesional para atender las necesidades médicas y emocionales de menores gravemente enfermos. Esta ampliación permitirá que más familias accedan a la ayuda, eliminando requisitos que anteriormente dejaban fuera a muchos progenitores en situación de necesidad.

En clave: Por qué importa

Este decreto-ley representa un avance significativo en la modernización del sistema de protección social español, adaptándolo a realidades familiares, laborales y de salud que antes quedaban al margen de la legislación. La extensión de la pensión de viudedad, la creación de bajas por menopausia y el refuerzo de las ayudas a víctimas de violencia machista demuestran un esfuerzo por corregir desigualdades estructurales y dar cobertura a colectivos históricamente desprotegidos.

El amplio respaldo parlamentario, con el apoyo del PP pese a sus críticas, refleja un consenso social creciente sobre la necesidad de actualizar las prestaciones públicas. Sin embargo, el debate también ha dejado patente que aún quedan asignaturas pendientes, como la extensión de la viudedad a parejas sin hijos o la mejora de otras prestaciones complementarias. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, estas medidas sitúan las políticas sociales en el centro del debate electoral, obligando a todas las fuerzas políticas a posicionarse claramente sobre el futuro del Estado del Bienestar.

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