La reestructuración del decreto garantiza que las prestaciones de febrero mantengan el incremento aplicado a principios de año.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto que blinda la revalorización de las pensiones para 2026. Tras el reciente bloqueo parlamentario, el Ejecutivo ha optado por fragmentar el paquete original de medidas, extrayendo los puntos de mayor fricción política para asegurar que el aumento de las prestaciones no sufra retrocesos en la nómina de febrero.
Detalles de la actualización salarial
La normativa ratifica las subidas que ya comenzaron a percibirse en el mes de enero. El objetivo es que los pensionistas no pierdan el poder adquisitivo ganado tras la última actualización basada en la inflación.
Con esta medida, la pensión media experimenta un aumento aproximado de 40 euros mensuales. Al aprobarse este nuevo texto, se elimina la incertidumbre de que las cuantías pudieran regresar a los niveles de diciembre de 2025 por falta de apoyo legislativo.
Otras medidas sociolaborales recuperadas
El decreto actual no solo se centra en la jubilación, sino que incluye otros acuerdos que habían decaído anteriormente:
- Exención fiscal para desempleados: Se suprime la obligación de presentar la declaración de la renta para los beneficiarios de prestaciones por desempleo.
- Ajustes en colectivos específicos: Se modifica la cotización de bomberos y agentes forestales para favorecer el cómputo de su jubilación.
- Compatibilidad para médicos: Se extiende el derecho de los profesionales sanitarios a combinar su actividad laboral con la percepción de la pensión.
Cabe destacar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha quedado fuera de este decreto específico, ya que su tramitación sigue un curso independiente y se espera su aprobación definitiva para mediados de febrero con carácter retroactivo.
En clave: Por qué importa
Esta decisión estratégica del Ejecutivo responde a la necesidad de proteger la economía de los sectores más vulnerables frente a la parálisis legislativa. Al separar la revalorización de las pensiones de otras reformas más controvertidas, como las medidas antidesahucios, se garantiza que un derecho consolidado por ley no dependa de las mayorías parlamentarias coyunturales, ofreciendo estabilidad financiera a 10 millones de ciudadanos.
