Mientras el Gobierno presenta su política fiscal como protectora de las clases medias y trabajadoras, existe un mecanismo silencioso que está minando el bolsillo de millones de contribuyentes españoles: la falta de actualización de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ante la inflación. Este fenómeno, conocido técnicamente como progresividad en frío, ha provocado que los trabajadores españoles vean evaporarse sus aumentos salariales nominales sin apenas percibirlo.
Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) arroja luz sobre esta realidad preocupante. Según sus datos, un trabajador soltero sin hijos que percibía el salario medio español de 32.678 euros brutos anuales en 2025 perdió tres décimas de poder adquisitivo debido exclusivamente a esta distorsión fiscal. Las cifras son reveladoras: aunque las nóminas aumentaron un 3,8% de media entre 2024 y 2025, al descontar la inflación del 2,6%, el incremento real del poder adquisitivo quedó en un modesto 1,2%. Sin embargo, la presión fiscal del IRPF sobre estos salarios creció un 1,5%, eliminando por completo cualquier mejora económica tangible para estos contribuyentes.
El mecanismo invisible que empobrece a la clase trabajadora
La progresividad en frío es un concepto que pocos ciudadanos conocen, pero cuyas consecuencias padecen millones de españoles cada año. Se produce cuando los salarios suben para compensar la pérdida de valor del dinero causada por la inflación, pero las tablas del IRPF permanecen estáticas sin actualizarse. El resultado es paradójico: un trabajador puede experimentar un aumento nominal de su nómina y, simultáneamente, ver cómo su capacidad de compra se reduce porque ese incremento le hace saltar a un tramo impositivo superior, obligándole a tributar un porcentaje mayor de sus ingresos.
Cristina Enache, economista especializada en política fiscal del think tank Tax Foundation, con sedes en Washington y Bruselas, señala que España lleva décadas sin deflactar el tramo estatal del IRPF. Para Enache, esto constituye una subida fiscal encubierta que ha erosionado sistemáticamente el poder adquisitivo de familias y trabajadores. Las rentas medias y bajas son precisamente las más vulnerables a estos cambios de tramo marginal, lo que ayuda a explicar por qué, a pesar del crecimiento económico robusto que registra España como una de las economías de la eurozona con mayor dinamismo, muchas familias no perciben una mejora real en su calidad de vida.
Comunidades autónomas que toman la iniciativa
Ante la inacción del Gobierno central, varias comunidades autónomas del régimen común han decidido deflactar su parte del IRPF, aunque solo la Comunidad de Madrid ha establecido un mecanismo automático y permanente. Desde 2023, Madrid ajusta anualmente su tramo autonómico del impuesto (que representa el 50% del total) para compensar los efectos de la inflación, con un tope máximo de actualización del 3,1%. Esta medida se adoptó como respuesta a la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania.
La Rioja también ha implementado una norma de deflactación automática, aunque condicionada: solo se activa cuando el IPC interanual regional del mes de diciembre supere el 3%, aplicándose entonces sobre el porcentaje que exceda ese umbral. En el régimen foral, tanto Navarra como el País Vasco realizaron ajustes de entre el 2,5% y el 3% hasta 2024. La Generalitat Valenciana, por su parte, anunció a principios del verano pasado una rebaja de los tramos autonómicos para el ejercicio siguiente, que beneficiará a aproximadamente 2,7 millones de contribuyentes, concentrados mayoritariamente en los tramos de renta entre 32.000 y 72.000 euros brutos anuales.
De cara a 2027, año electoral, Madrid ha dado un paso adicional al anunciar una reducción de medio punto porcentual en todos los tramos del IRPF autonómico, lo que situará el tipo mínimo en el 8% y el máximo en el 20%. Sin embargo, para los millones de contribuyentes que residen en comunidades que no han tomado medidas similares, la situación permanece inalterada.
El coste económico real para las familias españolas
Las estimaciones del Consejo General de Economistas y del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (CGE-REAF) cuantifican el impacto económico concreto de esta situación. Según sus cálculos, basados en la subida salarial media del 2,87% registrada en 2026 según las Estadísticas de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, un contribuyente con ingresos de 25.000 euros brutos anuales paga de media 256 euros más al año de lo que correspondería si el impuesto se ajustara a la inflación.
Para quienes perciben 30.000 euros anuales, el sobrepago fiscal asciende a 342 euros. Y en el caso de rentas de 45.000 euros, la cifra se eleva hasta los 525 euros adicionales cada año. Josep Ramon Aixelà, responsable de macroeconomía y mercados financieros de la Barcelona Finance School y del Instituto de Estudios Financieros, subraya que cuando se deflactan las tarifas fiscales, el salario real recupera parte del terreno perdido, permitiendo que los trabajadores perciban realmente la mejora económica que debería corresponderles.
Recaudación récord mientras el poder adquisitivo se estanca
Paradójicamente, mientras los contribuyentes ven mermada su capacidad de compra, las arcas del Estado se han engrosado significativamente. El IRPF y el IVA son los dos tributos que más nutren el presupuesto público. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, los ingresos del Estado en el primer semestre del año aumentaron un 10,4% interanual, alcanzando casi 135.000 millones de euros. La recaudación por IRPF saltó de 60.227 millones de euros en los primeros seis meses de 2025 a 66.587 millones en el mismo período de 2026, lo que representa un incremento del 10,6% en apenas un año. Es importante destacar que estas cifras no incluyen todavía los resultados de la Campaña de la Renta de 2025, que concluyó el pasado 30 de junio, y que las devoluciones cayeron un 3,5%.
Esta espiral de mayor recaudación sin correspondiente ganancia de poder adquisitivo plantea interrogantes sobre la equidad del sistema fiscal español. Mientras el discurso oficial enfatiza que deben contribuir más quienes más tienen, la realidad muestra que son precisamente las rentas medias y medio-bajas las que soportan de forma proporcionalmente mayor el peso de esta fiscalidad indirecta derivada de la no deflactación.
En clave: Por qué importa
La ausencia de deflactación del IRPF representa uno de los mecanismos fiscales más regresivos y menos transparentes del sistema tributario español. A diferencia de las subidas impositivas explícitas, que generan debate público y político, esta forma de incremento fiscal opera de manera silenciosa pero constante, erosionando el poder adquisitivo de millones de trabajadores año tras año. Para las familias españolas, esto significa que los aumentos salariales negociados en convenios colectivos o conseguidos individualmente resultan ilusorios en términos reales.
El impacto se extiende más allá del ámbito individual. Cuando grandes segmentos de la población experimentan un estancamiento o retroceso de su capacidad de compra real, el consumo interno se resiente, afectando al comercio, los servicios y, en última instancia, al crecimiento económico sostenible. España se enfrenta al contrasentido de registrar tasas de crecimiento del PIB superiores a la media europea mientras sus ciudadanos no perciben mejoras tangibles en su bienestar económico cotidiano. Este desajuste entre macroeconomía y microeconomía familiar alimenta la desconfianza hacia las instituciones y genera frustración social.
La experiencia de las comunidades autónomas que han adoptado mecanismos de deflactación automática demuestra que existen alternativas viables para corregir esta distorsión fiscal. La diferencia entre residir en una región con ajuste fiscal y otra sin él puede traducirse en cientos de euros anuales de diferencia en la capacidad de ahorro o consumo de una familia. Esta disparidad territorial añade una dimensión adicional de inequidad al sistema, donde la comunidad autónoma de residencia determina si un contribuyente mantiene o pierde poder adquisitivo ante idénticas circunstancias económicas.
