Un experto universitario defiende que la generación actual de retirados posee una riqueza acumulada sin precedentes que justifica el fin de la universalidad.
El debate sobre la viabilidad de las pensiones en España ha dado un giro radical tras la disruptiva propuesta de un profesor universitario, quien sugiere romper con el principio de universalidad del sistema. Según su tesis, el Estado debería dejar de abonar la prestación pública a aproximadamente un tercio de los jubilados actuales: aquellos que cuentan con un patrimonio y rentas privadas lo suficientemente elevados como para autofinanciarse.
La base de este argumento reside en una realidad sociológica incontestable: los nacidos durante el ‘baby boom’ constituyen, en términos agregados, la generación más acaudalada que ha conocido el país. Este grupo no solo ha disfrutado de décadas de estabilidad laboral y salarios crecientes, sino que además es propietario de la mayor parte del parque inmobiliario nacional, a menudo ya libre de cargas hipotecarias. Para el docente, mantener el pago de pensiones máximas a personas con altos niveles de riqueza privada es un lujo que un sistema en déficit estructural no puede permitirse.
La propuesta no busca simplemente un ahorro fiscal, sino una redistribución del esfuerzo generacional. El experto sostiene que la brecha de riqueza entre los mayores de 65 años y los jóvenes menores de 35 es hoy un abismo insalvable. Mientras los primeros perciben pensiones que, en muchos casos, superan el salario medio de los nuevos trabajadores, los segundos enfrentan un mercado laboral precario y una imposibilidad sistémica de acceder a la vivienda, en parte debido a que el capital está concentrado en manos de la población jubilada.
Aplicar una medida de este calado transformaría el modelo de la Seguridad Social de un sistema de reparto contributivo —donde recibes en función de lo que aportaste— a un sistema asistencial basado en la necesidad. Esto implicaría que la pensión dejaría de ser un derecho adquirido por la cotización previa para convertirse en un subsidio destinado exclusivamente a quienes no tengan medios propios para subsistir tras el retiro.
Evidentemente, el planteamiento ha levantado una polvareda de críticas. Los detractores argumentan que castigar a quienes más han cotizado y mejor han ahorrado rompería el «contrato social» y desincentivaría la cotización legal. Además, señalan el riesgo de inseguridad jurídica que supondría cambiar las reglas del juego para quienes llevan 40 años contribuyendo con la promesa de una jubilación garantizada. Sin embargo, el autor de la propuesta insiste en que, ante el escenario demográfico actual, las opciones son «matemáticas, no ideológicas».
En Clave Esta propuesta, aunque pueda parecer extrema o políticamente inasumible en el corto plazo, pone el dedo en la llaga de un conflicto generacional latente. Históricamente, las pensiones se han diseñado para proteger de la pobreza, pero hoy España se enfrenta a la paradoja de tener una población joven empobrecida que sostiene, con sus impuestos y cotizaciones, el nivel de vida de una clase pasiva que ostenta el grueso del patrimonio nacional. Lo que este debate sugiere es que el futuro de la protección social en Europa podría dejar de ser un derecho universal para transformarse en un sistema de auxilio según la renta, una transición dolorosa pero que muchos economistas empiezan a ver como la única vía para evitar el colapso financiero del Estado.
