La revalorización ligada al IPC elevará todas las prestaciones desde enero, con subidas mayores en las pensiones mínimas
El año 2026 traerá una nueva subida de las pensiones en España, en línea con la evolución de los precios. Según las estimaciones actuales, la revalorización anual rondará el 2,6%, un incremento que se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 y que beneficiará a millones de pensionistas, tanto de pensiones contributivas como no contributivas, de viudedad y con cargas familiares.
El aumento se calcula mediante el mecanismo automático aprobado en la reforma de 2021, que vincula la actualización de las pensiones al IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. El dato definitivo se conocerá el 12 de diciembre de 2025, cuando el INE publique la cifra oficial de inflación de noviembre, momento en el que se fijará el porcentaje exacto.
Si se cumplen las previsiones actuales, la pensión media de jubilación contributiva, situada hoy en 1.506 euros mensuales, pasará a 1.544 euros. La pensión máxima podría subir algo más del IPC, superando el 2,7%, y alcanzar aproximadamente los 3.355 euros al mes, frente a los 3.267,60 actuales. En el caso de la viudedad, la prestación media subiría de 935 a 958 euros, mientras que la incapacidad permanente aumentaría de 1.209 a 1.239 euros mensuales.
El incremento será más intenso en las pensiones mínimas, en línea con el objetivo del Gobierno de reducir la brecha de pobreza entre los mayores y acercar estas cuantías a los estándares europeos. Así, la pensión mínima sin cónyuge pasará de 874 a 897 euros mensuales, y la mínima con cónyuge a cargo se elevará de 1.127 a 1.158 euros. En cuanto a las pensiones no contributivas, la cuantía anual aumentará de 7.905 a 8.111 euros.
En conjunto, las cuantías estimadas para 2026 sitúan la jubilación contributiva media en 1.544 euros, la pensión máxima en 3.355 euros, la viudedad en 958 euros, la incapacidad permanente en 1.239 euros, y las mínimas entre 897 y 1.158 euros, según la situación familiar.
¿Cómo afecta esta subida?
La revalorización de las pensiones conforme al IPC cumple su principal objetivo: evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de inflación todavía moderada. Para quienes ya están jubilados, la subida del 2,6% supone una mejora real de ingresos y una mayor certidumbre a corto plazo.
Sin embargo, esta noticia positiva tiene una cara menos visible. Cada incremento automático del gasto consolida un nivel de desembolso más alto y permanente para el sistema, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población y la jubilación del ‘baby boom’. La mejora de las pensiones mínimas es socialmente necesaria, pero también incrementa la presión financiera.
A corto plazo, el sistema cumple su promesa. A medio y largo plazo, la pregunta no es si las pensiones subirán, sino cómo se financiarán de forma sostenible. Para los trabajadores en activo y los futuros jubilados, este escenario refuerza la idea de que la pensión pública seguirá siendo clave, pero probablemente no suficiente por sí sola, haciendo cada vez más relevante la planificación financiera complementaria.
