El sistema de ayudas vigente genera una brecha de cotización que hace más rentable el desempleo que aceptar un salario mínimo.
El mercado laboral español se enfrenta a un fenómeno paradójico que afecta directamente a uno de los colectivos más vulnerables: los trabajadores mayores de 50 años. Según los últimos datos de febrero de 2026, el número de desempleados en esta franja de edad que perciben ayudas públicas ha alcanzado un máximo histórico de 545.393 personas, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra choca frontalmente con la tendencia general del paro registrado, que ha experimentado un descenso del 4,5% en el mismo periodo.
La raíz de esta anomalía reside en el diseño del subsidio para mayores de 52 años. Esta prestación no solo ofrece un soporte económico mensual, sino que incluye una bonificación en la cotización a la Seguridad Social que, en la práctica, se ha convertido en un «puente de plata» hacia la jubilación anticipada. Actualmente, la Administración cotiza por estos beneficiarios sobre una base que equivale a un salario de 1.780 euros mensuales, una cifra sensiblemente superior a lo que muchos de estos profesionales percibirían si aceptaran un empleo remunerado con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El desincentivo de las cifras Para un trabajador de 53 o 55 años, la vuelta al mercado laboral en sectores de baja cualificación supone, en muchos casos, perder privilegios futuros. Si opta por trabajar cobrando el SMI, su base de cotización para la futura pensión sería inferior a la que recibe estando en el paro a través del subsidio. Esta estructura genera un «efecto expulsión»: la ayuda estatal es tan competitiva en términos de derechos de jubilación que desincentiva la búsqueda activa de empleo.
El incremento constante del SMI, aunque busca mejorar el poder adquisitivo, ha tenido un efecto colateral en las arcas públicas. Se estima que el gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en estas ayudas se elevará en casi 26 millones de euros adicionales durante 2026. Este aumento responde a que la base de cotización vinculada al subsidio sube de forma proporcional a los incrementos del salario mínimo, ensanchando aún más la brecha entre la inactividad subvencionada y el empleo real.
Un colectivo atrapado en la inactividad Los organismos internacionales, encabezados por la OCDE, ya han dado la voz de alarma. En sus recientes informes sobre la economía española, advierten que España es uno de los pocos países donde el desempleo de larga duración se dispara abruptamente al cumplir los 52 años. Mientras que a los 50 años solo un 5% de los desempleados lleva más de doce meses sin trabajar, al alcanzar la edad de acceso al subsidio especial, esa cifra escala por encima del 40%.
Este escenario es especialmente crítico para los autónomos. A pesar de haber cotizado durante décadas, el SEPE rechaza sistemáticamente conceder este subsidio a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia que cesan su actividad, al no haber cotizado específicamente por la contingencia de desempleo. Esto crea una división profunda entre quienes pueden acceder a este «retiro encubierto» y quienes quedan desprotegidos al final de su carrera profesional.
En Clave: Por qué importa La sostenibilidad del sistema de pensiones y la productividad del país dependen de la capacidad de mantener a los trabajadores senior activos. El diseño actual del subsidio para mayores de 52 años, concebido originalmente como una red de seguridad, ha mutado en una barrera que bloquea el talento experimentado. Si no se reforma el sistema de incentivos fiscales y de cotización, España corre el riesgo de consolidar una generación de «jubilados prematuros» que, aunque deseen trabajar, no pueden permitirse el lujo financiero de aceptar un empleo. La clave del futuro pasará por transformar este subsidio en una verdadera herramienta de transición que premie la vuelta al trabajo sin penalizar la pensión futura.
