El Alto Tribunal eleva una consulta al TJUE para determinar si la Administración debe adaptar puestos de trabajo antes de jubilar forzosamente a empleados con incapacidad permanente.
Madrid, 10 de febrero de 2026 — La seguridad laboral de los empleados públicos en España se enfrenta a un giro jurídico sin precedentes. El Tribunal Supremo (TS) ha decidido elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para poner bajo la lupa una práctica arraigada en el sistema español: la jubilación automática de los funcionarios cuando se les declara una incapacidad permanente.
Hasta la fecha, la normativa española permitía que la Administración Pública extinguiera de forma unilateral y directa la relación laboral con un funcionario si este recibía una resolución de incapacidad. A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, donde la empresa está obligada a buscar alternativas o adaptar el entorno de trabajo, el sector público ha operado históricamente bajo un automatismo que ahora el Supremo considera que podría chocar frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación de la Unión Europea.
El muro entre lo público y lo privado
La controversia radica en la desigualdad de trato. En el ámbito de las empresas privadas, la jurisprudencia —impulsada por sentencias previas del propio TJUE— ya establece que el despido por incapacidad debe ser el último recurso. Antes de prescindir de un trabajador, la compañía debe realizar «ajustes razonables» para permitir que la persona siga desempeñando sus funciones o, si esto es imposible, reubicarla en una vacante compatible con su situación.
Sin embargo, en el Régimen de Clases Pasivas y en la normativa de función pública española, este paso previo parece brillar por su ausencia. El Tribunal Supremo sospecha que esta diferencia de criterio vulnera la Directiva 2000/78/CE, la cual prohíbe cualquier tipo de discriminación en el empleo por motivos de discapacidad. La cuestión clave que Europa deberá responder es: ¿Por qué un funcionario es jubilado forzosamente sin valorar si podría seguir sirviendo al Estado en otra posición adaptada?
Movimientos políticos en paralelo
Este choque judicial no ocurre en el vacío. Coincidiendo con la deliberación del Supremo, el escenario legislativo también se está moviendo. El PSOE ha impulsado recientemente una enmienda en el marco del Proyecto de Ley de Función Pública con el objetivo de frenar estos ceses automáticos. La propuesta busca que la Administración esté obligada a intentar ajustar el puesto de trabajo o realizar una movilidad funcional hacia tareas compatibles con la nueva situación de salud del trabajador, antes de proceder a cualquier tipo de retiro forzoso.
Esta reforma legal intentaría armonizar el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) con los estándares europeos, adelantándose en parte a lo que podría ser un fallo condenatorio desde Luxemburgo. El objetivo de fondo es que la jubilación sea una opción o una última instancia, y no una condena administrativa impuesta por el simple hecho de padecer una dolencia física o psíquica.
La protección del grado de incapacidad
Otro de los puntos calientes que el Supremo ha venido perfilando es la necesidad de que las resoluciones de jubilación por incapacidad especifiquen claramente el grado (total o absoluta). Esta distinción no es baladí: una incapacidad absoluta exime del pago del IRPF y otorga mayores beneficios económicos. El Alto Tribunal ha insistido en que el personal de Clases Pasivas no debe verse envuelto en un laberinto burocrático para demostrar su grado de invalidez frente a Hacienda, exigiendo que la propia Administración lo deje claro desde el inicio del proceso.
La decisión final del TJUE podría obligar a España a rediseñar por completo la gestión del talento en la función pública, eliminando la idea de que un diagnóstico médico es incompatible con la carrera administrativa.
En Clave: ¿Por qué importa?
Esta batalla legal es fundamental porque ataca la «obsolescencia humana» dentro de la burocracia estatal. Durante décadas, el Estado ha preferido jubilar a un activo valioso antes que modernizar sus estructuras para hacerlo inclusivo. Si el TJUE falla a favor del trabajador, España tendrá que dejar de tratar la discapacidad como un punto final de la vida laboral y empezar a verla como una transición que requiere adaptación. Esto no solo garantiza los derechos de miles de funcionarios, sino que también protege la sostenibilidad del sistema de pensiones al mantener a personas capaces en activo, reforzando el mensaje de que el empleo público debe ser el primer ejemplo de integración y no el último reducto del despido automático.
