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El fin de las herencias «baratas»: El plan fiscal que prepara Hacienda

El Gobierno central busca centralizar el Impuesto de Sucesiones, lo que supondría un sobrecoste de 520 millones de euros para los contribuyentes.

La política fiscal en España se encamina hacia un cambio de paradigma que afectará directamente al patrimonio familiar. El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha puesto sobre la mesa una estrategia para eliminar las bonificaciones que actualmente aplican diversas Comunidades Autónomas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta maniobra no es solo administrativa: tiene un objetivo recaudatorio claro de 520 millones de euros adicionales cada año.

Hasta ahora, regiones como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana permitían que los herederos pagaran cifras simbólicas gracias a bonificaciones de hasta el 99%. Sin embargo, el Ejecutivo central argumenta la necesidad de una «armonización» para evitar lo que denominan competencia fiscal entre territorios. En la práctica, esto supone que los ciudadanos residentes en zonas con impuestos bajos verán cómo el coste de recibir una vivienda o ahorros familiares se dispara de la noche a la mañana.

El plan de Montero busca establecer un mínimo común impositivo en todo el país. Esta medida anularía de facto la capacidad de los gobiernos regionales para decidir cuánto gravan a sus ciudadanos en materia de herencias, centralizando el control del tributo y asegurando un flujo constante de ingresos hacia las arcas del Estado en un momento de alta presión sobre el gasto público.

Horizonte Económico

La implementación de esta reforma marcará un antes y un después en la planificación financiera de las familias españolas. Al elevar el coste de las sucesiones, es previsible un aumento en las renuncias a herencias —que ya baten récords en algunas provincias— debido a la incapacidad de los beneficiarios para liquidar la factura fiscal. A largo plazo, este movimiento podría reavivar la tensión política entre el Gobierno central y las autonomías que defienden su soberanía tributaria como herramienta de atracción de capital.

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