El incremento del 2,7% en las prestaciones contributivas se verá recortado significativamente por la progresividad fiscal, reduciendo el beneficio real para miles de jubilados.
La esperada revalorización de las pensiones para este 2026 ha traído consigo una letra pequeña que muchos pensionistas están empezando a notar en sus cuentas bancarias. Aunque el Gobierno decretó un aumento generalizado del 2,7% para las prestaciones contributivas con el objetivo de compensar la inflación, la realidad contable es distinta: el Ministerio de Hacienda se perfila como el socio inesperado que recuperará una parte sustancial de esa mejora a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este fenómeno, técnico pero con un impacto muy directo en el bolsillo, se debe a la naturaleza progresiva del sistema tributario español. Al elevarse la cuantía bruta de la pensión, el contribuyente no solo paga más porque gana más, sino que en muchos casos salta de tramo fiscal o ve reducidas sus deducciones aplicables. El resultado es que el Estado llega a retener, en situaciones específicas, hasta el 43% del incremento neto que debería haber llegado al pensionista.
Las cifras del «mordisco» fiscal Los datos analizados por expertos fiscales y reflejados en las recientes simulaciones muestran un patrón preocupante para las rentas medias. Por ejemplo, un jubilado que en 2025 percibía una pensión anual de 16.320 euros verá cómo su prestación sube unos 440 euros brutos anuales gracias al 2,7%. Sin embargo, tras ajustar las nuevas retenciones, el IRPF pasará de unos 191 euros a 380 euros. En la práctica, casi 190 euros de esa subida «desaparecen» antes de ser ingresados, lo que supone que Hacienda se queda con el 43% de la revalorización.
Este escenario se repite de forma similar en tramos que oscilan entre los 18.000 y los 21.000 euros anuales. En estas franjas, de cada euro que el sistema de Seguridad Social añade a la pensión para mantener el poder adquisitivo, apenas 57 céntimos llegan efectivamente al consumidor final. Para rentas algo superiores, situadas entre los 22.000 y los 26.000 euros, el impacto de la retención sobre el incremento se estabiliza en torno al 30%, una cifra que, aunque menor que en los tramos anteriores, sigue mermando la capacidad de compra del colectivo.
Voz activa frente a la inflación Es fundamental entender que las pensiones tributan como rendimientos del trabajo. Al no haberse producido una deflactación de la tarifa del IRPF en el tramo estatal —un ajuste que compensaría el efecto de la inflación en los impuestos—, cualquier subida nominal del ingreso se traduce automáticamente en una mayor presión fiscal. Los pensionistas están experimentando lo que los economistas denominan «progresividad fría»: pagan más impuestos por un dinero que simplemente busca mantener su nivel de vida previo, no aumentarlo.
La situación afecta especialmente a quienes, debido al aumento del 2,7%, superan los umbrales de exención o entran en tipos marginales superiores. Un contribuyente estándar (soltero, menor de 75 años y sin discapacidad) en una comunidad autónoma de régimen común sentirá este ajuste de forma más aguda si su región no ha aplicado medidas paliativas en el tramo autonómico del impuesto.
Análisis: En Clave La revalorización de las pensiones ligada al IPC es un derecho consolidado, pero su eficacia real queda en entredicho cuando el sistema fiscal no se coordina con la política prestacional. El hecho de que Hacienda absorba casi la mitad de la subida en las rentas medias-bajas revela una falta de sintonía entre el Ministerio de Inclusión y el de Hacienda. A futuro, esta situación alimentará el debate sobre la necesidad urgente de deflactar el IRPF de forma automática. De lo contrario, las subidas de pensiones acabarán siendo, en gran medida, una transferencia interna de fondos dentro del propio Estado: sale de la caja de la Seguridad Social para terminar, vía impuestos, en las arcas del Tesoro Público, dejando al jubilado con una sensación de alivio financiero que es más aparente que real.
