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España bate récords históricos en gasto público sin fiscalización parlamentaria

El Gobierno español ha establecido un nuevo hito en la gestión presupuestaria al superar los 80.000 millones de euros en modificaciones de crédito durante los primeros ocho meses de 2026, una cifra que eclipsa incluso el récord alcanzado en 2020, cuando el estado de alarma por la pandemia de Covid-19 justificaba medidas excepcionales de gasto público.

Esta situación, alertada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y confirmada por la Intervención General del Estado (IGAE), responde a una realidad sin precedentes: la legislatura actual no ha conseguido aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado en ninguno de sus cuatro años, lo que ha obligado al Ejecutivo a recurrir masivamente a un mecanismo que elude el control parlamentario.

Un sistema que erosiona la transparencia democrática

La AIReF ha expresado su profunda preocupación por esta práctica en un informe publicado en noviembre, señalando que «el recurso a estas excepciones reduce la trazabilidad del gasto, limita la transparencia presupuestaria y afecta a la rendición de cuentas«. El organismo supervisor subraya que la creciente distancia entre el presupuesto inicial y el gasto finalmente ejecutado dificulta cualquier comparación significativa.

Las modificaciones de crédito permiten al Gobierno ampliar partidas, crear nuevos gastos o transferir fondos entre ministerios sin pasar por el debate y aprobación de las Cortes Generales. A diferencia de los Presupuestos ordinarios, que son sometidos al escrutinio parlamentario con enmiendas y debate público, estas modificaciones llegan al Congreso con notable retraso o directamente no pasan por él, según la modalidad utilizada.

Tipos de modificaciones y su impacto en las arcas públicas

El sistema español contempla diversas modalidades de modificación presupuestaria. Los créditos extraordinarios aumentan partidas no contempladas inicialmente, mientras que los suplementos de crédito amplían las ya existentes. Las transferencias permiten mover recursos entre departamentos, y las incorporaciones utilizan el remanente no gastado del ejercicio anterior. Finalmente, existe la generación de nuevos créditos inexistentes en las cuentas originales.

Todas estas herramientas, diseñadas originalmente para ajustes puntuales, se han convertido en el mecanismo principal de gestión del gasto público español. Los expertos consultados coinciden en que esta mecánica resulta «cómoda» políticamente, pero socava los principios democráticos de control y transparencia que debe regir en las finanzas públicas.

Los ministerios más beneficiados por las modificaciones

El análisis de los datos revela que los departamentos de Economía, Comercio y Empresa, junto con Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezan la lista de ministerios con mayores modificaciones presupuestarias. El Ministerio de Economía ha multiplicado casi por quince sus recursos, pasando de 1.235 millones a 15.072 millones de euros. Por su parte, el departamento dirigido por Elma Saiz ha experimentado un salto desde 687.939 euros en 2025 hasta 7.381 millones este año.

Esta expansión se explica principalmente por las crecientes transferencias del Estado a la Seguridad Social, cuyos fondos presupuestados se agotan con rapidez creciente, obligando a modificaciones constantes. El Ministerio de Defensa también figura entre los más beneficiados, aunque en este caso sus modificaciones han descendido ligeramente respecto al año anterior, de 5.649 millones a 3.833 millones hasta junio.

Un dato significativo es que dos ministerios presentan saldos negativos en sus modificaciones: Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Juventud e Infancia, lo que indica que han traspasado recursos a otras áreas. Particularmente llamativo resulta el caso del Fondo de Contingencia, que registra un saldo negativo de 2.364 millones de euros, después de recibir inicialmente una ampliación y posteriormente sufrir bajas por anulación y rectificación.

Consecuencias políticas y desafíos futuros

Fuentes del Partido Popular advierten que, en caso de una eventual victoria electoral, se encontrarán con serias dificultades para elaborar los Presupuestos de 2027 y 2028, puesto que «no hay con qué comparar». La falta de unas cuentas públicas aprobadas parlamentariamente durante cuatro años consecutivos obliga a plantear lo que los técnicos denominan un «Presupuesto de base cero», es decir, construir desde cero todas las partidas sin poder basarse en el ejercicio anterior.

La Ley General Presupuestaria establece que el Fondo de Contingencia, dotado con el 2% del total de gastos para operaciones no financieras, «en ningún caso podrá utilizarse para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria». Sin embargo, la realidad de los datos sugiere que esta limitación no siempre se respeta en la práctica.

En clave: Por qué importa

La situación descrita representa un desafío fundamental para la salud democrática de las instituciones españolas. Cuando el gasto público elude sistemáticamente el control parlamentario, se erosiona uno de los pilares básicos de la democracia representativa: la fiscalización ciudadana a través de sus representantes electos. Este precedente puede generar una peligrosa normalización de prácticas excepcionales, dificultando la planificación económica y la rendición de cuentas.

Para el ciudadano medio, esto se traduce en una menor capacidad de conocer y controlar cómo se invierten los impuestos que paga, así como en una planificación presupuestaria menos rigurosa que puede afectar a la eficiencia del gasto público y, en última instancia, a la calidad de los servicios que recibe. La falta de Presupuestos aprobados no solo es un problema técnico, sino un síntoma de inestabilidad política que puede tener consecuencias económicas reales en términos de confianza inversora y credibilidad institucional.

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