Jubilación

El Senado francés aprueba el presupuesto de la Seguridad Social 2027 con modificaciones clave en pensiones

El Senado francés ha dado luz verde este 18 de noviembre al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) para 2027, tras seis intensas jornadas de debate que modificaron sustancialmente el texto inicial del Gobierno. La votación solemne arrojó 201 votos a favor, 124 en contra y 15 abstenciones, lo que refleja el respaldo de la mayoría senatorial de centro-derecha frente a la oposición de los grupos de izquierda y el partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional.

El texto aprobado presenta cambios significativos respecto a la propuesta gubernamental, especialmente en materia de pensiones y fiscalidad. El proyecto original establecía un objetivo de déficit de 12.700 millones de euros para 2027, frente a los 21.800 millones previstos en 2026. Sin embargo, las enmiendas adoptadas por los senadores elevan la cifra hasta los 14.000 millones de euros, un incremento de 1.300 millones que complica la trayectoria de consolidación fiscal del país galo.

Los jubilados evitan el recorte: rechazo frontal al congelamiento parcial

La modificación más relevante del texto afecta directamente al bolsillo de los pensionistas franceses. El Gobierno pretendía aplicar una revalorización conforme a la inflación únicamente a las pensiones básicas inferiores a 1.260 euros mensuales, dejando congeladas las superiores a ese umbral. Esta medida, que habría supuesto un ahorro de 4.000 millones de euros, fue suprimida por completo por los senadores, quienes argumentaron que penalizaba injustamente a la clase media jubilada tras décadas de contribuciones al sistema.

Para compensar este hueco en las cuentas públicas, el Senado propone eliminar totalmente la desgravación fiscal del 10% por gastos profesionales que actualmente se aplica a los pensionistas. Esta contrapartida se debatirá en el marco del proyecto de ley de finanzas generales, y el Ejecutivo no se opuso formalmente durante las deliberaciones, lo que podría indicar una eventual aceptación de este intercambio fiscal.

Regreso inesperado de la reforma de las pensiones de 2023

Otra enmienda de peso aprobada por la cámara alta restablece la reforma de las pensiones de 2023, que el Gobierno había flexibilizado parcialmente en un pacto con el Partido Socialista durante el último presupuesto. La medida recuperada permitiría generar 600 millones de euros adicionales en 2027, pero el Ejecutivo manifestó públicamente su desacuerdo, ya que rompe el equilibrio político alcanzado con la izquierda moderada. El destino de esta provisión será una de las principales pugnas en la próxima comisión mixta paritaria.

En el ámbito empresarial, los senadores decidieron aplazar hasta el 1 de abril la entrada en vigor de una reforma que reorganiza las bonificaciones generales de cotizaciones patronales. El proyecto inicial contemplaba incluir los complementos salariales en el cálculo de estas bonificaciones, una medida que generaría 3.700 millones de euros pero que ha sido muy criticada por las organizaciones empresariales. El Senado optó por conceder un plazo adicional para que los agentes sociales se pronuncien sobre una revisión integral del sistema de bonificaciones laborales.

Sanidad pública: se mantiene la cobertura termal y se introduce la «tasa conejo»

En materia sanitaria, los parlamentarios rechazaron múltiples propuestas de nuevos gravámenes. Se eliminó del texto la creación de una tasa sobre dispositivos médicos y la prórroga de la contribución extraordinaria sobre las mutuas de salud, que habría generado 1.100 millones de euros. No obstante, el Senado acordó transferir a las aseguradoras complementarias ciertas misiones de prevención y 500 millones de euros en reembolsos de gastos hospitalarios, una medida que el Gobierno considera de difícil aplicación inmediata.

Un punto especialmente sensible fue el tratamiento de las curas termales. El proyecto gubernamental pretendía trasladar a las mutuas privadas la mayor parte de la cobertura de estos tratamientos, pero los senadores suspendieron esta transferencia hasta que la Autoridad Superior de Salud publique un informe sobre la eficacia médica de estas prescripciones. Esta decisión protege temporalmente a miles de pacientes que dependen de la medicina termal para patologías crónicas.

Entre las iniciativas originales del Senado destaca la aprobación de una controvertida «tasa conejo», diseñada para penalizar a los pacientes que no acuden a sus citas médicas sin previo aviso. Este mecanismo, recurrentemente incluido en proyectos presupuestarios pero nunca promulgado definitivamente, busca reducir el absentismo sanitario que genera ineficiencias en el sistema público de salud. Asimismo, los senadores exigieron al Gobierno un informe sobre la aplicación de la ley que autoriza la experimentación con cannabis terapéutico, alertando sobre la ausencia de decretos de desarrollo necesarios para su implementación práctica.

Fiscalidad alimentaria: impuestos a los azúcares añadidos con excepciones artesanales

El texto introduce una nueva fiscalidad sobre productos transformados y envasados que contengan azúcares añadidos y aditivos, como parte de la estrategia contra la obesidad y las enfermedades crónicas. Sin embargo, el Senado modificó esta disposición para excluir expresamente los productos artesanales, protegiendo así a pequeños productores locales frente a las grandes corporaciones alimentarias. Se estima que esta medida encarecerá en torno a seis céntimos de euro el paquete medio de galletas industriales.

Adicionalmente, los senadores aprobaron un gravamen específico sobre los azúcares añadidos en alimentos destinados a lactantes y niños pequeños, una iniciativa que ya se había propuesto el año anterior. La denominada «tasa premix» fue extendida para incluir también las bebidas energéticas ultra-alcohólicas, productos cuyo consumo se ha disparado entre la población joven.

Medidas rechazadas: cotizaciones territoriales y prestaciones familiares

Fiel a su rol de representación de las administraciones locales, el Senado atemperó el incremento previsto de las cotizaciones de jubilación que deben pagar los ayuntamientos y hospitales a la Caja Nacional de Pensiones de Funcionarios Territoriales (CNRACL). Esta moderación supone un alivio de 400 millones de euros para las arcas municipales y departamentales.

Por último, los parlamentarios rechazaron frontalmente la reforma que el Gobierno pretendía introducir en las bonificaciones de pensión para familias numerosas. El ministro de Trabajo presentó incluso una reescritura completa del dispositivo durante la sesión, pero no logró el respaldo de la cámara alta, que consideró injusta la modificación del sistema vigente desde hace décadas.

En clave: Por qué importa

Este presupuesto de la Seguridad Social francesa para 2027 se enmarca en un contexto de alta tensión política y fragilidad gubernamental. La versión aprobada por el Senado revela las tensiones entre la necesidad de consolidación fiscal y la protección del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores. El rechazo al congelamiento de pensiones refleja la sensibilidad social ante recortes en prestaciones sociales consolidadas, mientras que el restablecimiento de la reforma de 2023 evidencia la persistente división ideológica sobre el futuro del sistema de pensiones.

El próximo 26 de noviembre se convocará una comisión mixta paritaria que intentará conciliar las versiones del Senado y la Asamblea Nacional, aunque un acuerdo parece improbable dada la polarización política. Incluso si se alcanzara un consenso, no hay garantía de que el texto sobreviva a una votación en la cámara baja, como ocurrió hace dos años cuando una moción de censura tumbó el Gobierno Barnier tras un pacto presupuestario. La incertidumbre política se cierne sobre las cuentas públicas francesas en un momento en que Bruselas exige mayor disciplina fiscal a París.

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