Aunque la situación macroeconómica de España puede considerarse relativamente estable en comparación con otros países europeos, el próximo Ejecutivo que salga de las urnas se encontrará con una extensa lista de tareas pendientes. Algunas son urgentes, como gestionar una inflación que roza el 5%; otras son estructurales, como resolver la crisis de acceso a la vivienda o garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Desde 2022, la economía española ha crecido por encima de la media europea, con un 3,7% frente al 1,7% de la eurozona. Este dinamismo ha permitido reducir la deuda pública cinco puntos hasta situarla en el 100,7% del PIB, y la tasa de paro ha descendido hasta el 10%, con un récord de 22,8 millones de personas empleadas. Sin embargo, los expertos advierten de que este colchón no debe ocultar problemas de fondo que requieren decisiones valientes y consenso político amplio.
La Crisis De Acceso A La Vivienda: Un Problema Sistémico
El déficit habitacional en España alcanza proporciones alarmantes. Según proyecciones del Banco de España, faltan al menos 750.000 viviendas en el país, cifra que podría elevarse a más de un millón para 2028. Las provincias más afectadas son Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.
Los especialistas coinciden en que la solución pasa por incrementar sustancialmente el parque de vivienda de protección oficial, que actualmente representa menos del 2% del total, frente al 8% de media en Europa. Pablo Tucat, de Ksnet, sugiere utilizar la Ley de Arrendamientos Urbanos y obligar a que la vivienda protegida mantenga su calificación de forma permanente, evitando así que se descalifique con el tiempo.
La huelga general convocada para el 11 de noviembre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas refleja el hartazgo ciudadano. Según el CIS, el 80% de los españoles considera que el acceso a la vivienda les preocupa bastante o mucho, y un 76% cree que el Estado debe intervenir activamente para garantizar este derecho constitucional.
Productividad Estancada: El Talón De Aquiles Del Crecimiento
El incremento de la productividad se perfila como uno de los desafíos más complejos y de mayor alcance temporal. Aunque la economía española ha mostrado un crecimiento robusto, este se ha basado fundamentalmente en la incorporación masiva de trabajadores, muchos de ellos procedentes de la inmigración, más que en mejoras de eficiencia.
Isaac Baley, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, señala que la productividad por trabajador no ha crecido en la última década. Este crecimiento extensivo, basado en integrar más mano de obra sin que cada empleado sea más productivo, explica por qué los salarios permanecen estancados a pesar del dinamismo económico general.
Mejorar la productividad requiere aumentar el tamaño medio de las empresas, invertir en innovación y digitalización (incluyendo inteligencia artificial), cualificar mejor a los trabajadores y eliminar obstáculos regulatorios. Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación I+E, lamenta que la inversión privada en innovación apenas alcance el 1,52% del PIB, muy lejos del compromiso del 3%.
Inflación Persistente Y Pérdida De Poder Adquisitivo
Con el Índice de Precios al Consumo en el 4,9%, la inflación se ha convertido en una preocupación diaria para millones de hogares. Los alimentos frescos como tomates, berenjenas y pimientos se dispararon un 18,5% el mes pasado, y casi el 30% de los consumidores afirman que su situación económica ha empeorado en los últimos seis meses.
El conflicto en el estrecho de Ormuz y otras tensiones geopolíticas mantienen elevados los precios energéticos, alimentando una espiral inflacionista difícil de controlar. Los expertos advierten de que bajar la inflación del 3% al objetivo del 2% resulta más complicado que reducirla desde niveles del 10%, por lo que las autoridades tendrán que trabajar en políticas que reduzcan la dependencia energética exterior.
El Sistema De Pensiones: Entre El Alarmismo Y La Necesidad De Reforma
El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones vuelve a estar en el centro del tablero político. Con un gasto equivalente al 13% del PIB y un déficit que supera los 55.000 millones de euros anuales no cubierto por cotizaciones, la jubilación de la generación del baby boom añadirá presión adicional en los próximos años.
Sin embargo, Carlos Gutiérrez, de CC OO, recuerda que desde los años 90 se viene hablando de la supuesta debacle del sistema sin que esta se haya materializado. Argumenta que las cotizaciones sociales no tienen por qué ser la única fuente de financiación, y que es legítimo complementarlas con transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que se hace con otras partidas como Defensa.
El mapa de propuestas abarca desde sistemas de capitalización individual hasta el mantenimiento del modelo público de reparto reforzando los ingresos de la Seguridad Social. Los especialistas coinciden en que cualquier reforma profunda requerirá un pacto de Estado que trascienda una legislatura.
Infraestructuras Envejecidas Y Fin De Los Fondos Europeos
Los recientes accidentes en la red ferroviaria de alta velocidad han expuesto una realidad preocupante: las infraestructuras españolas fueron diseñadas para 40 millones de habitantes, pero el país ya supera los 49,8 millones, a los que se suman más de cien millones de turistas anuales.
La finalización de los fondos Next Generation, que aportaron 90.718 millones de euros a la economía española, complica el panorama. Juan Pablo Riesgo, socio de EY, habla del riesgo de un efecto escalón en la inversión pública justo cuando se requiere un esfuerzo notable en mantenimiento de redes ferroviarias, energéticas, hídricas y de carreteras.
Raymond Torres, de Funcas, conecta esta necesidad con la emergencia climática: las infraestructuras mediterráneas fueron construidas para soportar precipitaciones menos intensas y frecuentes, pero el cambio climático ha alterado radicalmente ese escenario, haciendo que fenómenos antes excepcionales ocurran cada pocos años.
Presupuestos Generales: Acabar Con La Anomalía De La Prórroga
España arrastra los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, una situación de provisionalidad que genera incertidumbre y dificulta la planificación económica. Varios expertos dudan de que el próximo Gobierno tenga tiempo de presentar las cuentas de 2027, por lo que probablemente las primeras llegarían para 2028.
Patricia Gabaldón, del IE, considera que esta falta de presupuestos actualizados complica la atracción de nuevas inversiones al país. Además, el próximo Ejecutivo deberá enfrentarse al desafío de diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica, cuyo resultado dependerá enormemente del equilibrio político alcanzado en el Parlamento.
En clave: Por qué importa
Los desafíos económicos que afronta España trascienden la coyuntura electoral y exigen respuestas estructurales de largo plazo. Aunque la situación de partida es relativamente favorable en comparación con otros países europeos, la ventana de oportunidad para acometer reformas profundas podría cerrarse si la inflación persiste y el crecimiento se enfría.
La vivienda, la productividad, las pensiones y las infraestructuras no son problemas técnicos aislados, sino cuestiones interconectadas que afectan directamente a la calidad de vida de millones de ciudadanos y a la competitividad futura del país. Resolverlas requerirá algo más escaso que los recursos económicos: consenso político, visión de largo plazo y voluntad para tomar decisiones impopulares a corto plazo que beneficien al conjunto de la sociedad en el futuro.
