El sistema público de pensiones en España se encuentra en una encrucijada financiera sin precedentes. Según un reciente análisis elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el Estado español deberá inyectar anualmente más de 100.000 millones de euros a la Seguridad Social hacia mediados de siglo para poder mantener el pago de las pensiones públicas. Esta cifra representa más del 6% del Producto Interior Bruto (PIB) proyectado para ese periodo.
En la actualidad, la situación ya es preocupante. Los datos correspondientes a 2025 revelan que el Tesoro Público debe transferir cerca de 64.000 millones de euros anuales para cubrir el déficit contributivo del sistema. Este desequilibrio surge porque las prestaciones que reciben los jubilados superan ampliamente las cotizaciones que realizaron durante su vida laboral activa. Estos recursos tienen que detraerse de otras partidas presupuestarias o bien financiarse mediante endeudamiento público adicional.
Una tasa de reemplazo superior a la media europea
El informe de FEDEA, firmado por los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez, señala que el principal problema reside en que el sistema español resulta excesivamente generoso en comparación con los recursos disponibles. La tasa de reemplazo —es decir, el porcentaje que representa la pensión inicial respecto al último salario— se sitúa en España entre el 75% y el 80%, mientras que la media de la Unión Europea apenas alcanza el 60%.
Esta generosidad del modelo español, aunque socialmente valorada, genera un importante déficit estructural. El valor descontado de las pensiones percibidas por los jubilados excede con creces el valor capitalizado de sus cotizaciones sociales a lo largo de toda su trayectoria profesional. Este desfase no podrá resolverse únicamente incorporando más cotizantes al sistema, ni siquiera mediante flujos migratorios significativos, aunque estos puedan aliviar temporalmente los problemas de liquidez.
Las medidas propuestas para contener el gasto
Para corregir esta trayectoria insostenible, FEDEA plantea una serie de reformas que van más allá de los ajustes implementados por el exministro José Luis Escrivá durante la anterior legislatura. La recomendación central consiste en reducir progresivamente la tasa de reemplazo española hasta acercarla a los estándares europeos. Para lograrlo, se proponen medidas que históricamente han generado rechazo social, como extender el periodo de cómputo de las pensiones a toda la vida laboral del trabajador, no solo a los últimos años.
Otra propuesta clave es vincular automáticamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida de la población. De esta manera, a medida que aumente la longevidad, también se retrasaría proporcionalmente el momento del retiro laboral. Estas medidas, aunque polémicas, buscan equilibrar el sistema para que las prestaciones guarden relación directa con las aportaciones realizadas.
Nuevas fuentes de ingresos y eliminación de recargos fijos
El documento reconoce que, además de contener el gasto, será imprescindible obtener ingresos adicionales. En este sentido, FEDEA recomienda establecer un recargo proporcional sobre la cuota estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida permitiría recaudar fondos de manera progresiva, es decir, que contribuyan más quienes tienen mayores ingresos.
Al mismo tiempo, la Fundación propone derogar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad, dos recargos fijos sobre las cotizaciones que, según su análisis, comprometen el carácter contributivo del sistema. Al tratarse de cargas planas que no se ajustan al nivel de ingresos, distorsionan la correspondencia entre lo aportado y lo recibido en forma de prestación.
Hacia un modelo de cuentas nocionales
A medio y largo plazo, FEDEA aboga por transformar radicalmente el modelo de pensiones español e implantar un sistema de cuentas nocionales. Este esquema, ya utilizado en algunos países nórdicos, consiste en llevar un registro contable individualizado para cada trabajador donde se contabilizan todas sus cotizaciones a lo largo de la vida laboral, junto con un rendimiento teórico reconocido por el Estado.
Cuando el trabajador alcanza la edad de jubilación, el capital acumulado en esta cuenta nocional se convierte en una renta vitalicia. El cálculo de esta pensión tiene en cuenta tanto la edad efectiva de retiro como la esperanza de vida en ese momento. De este modo, el sistema garantiza una mayor equidad actuarial: quien cotiza más tiempo y se jubila más tarde recibe una prestación mayor, mientras que las pensiones se ajustan automáticamente a la demografía sin necesidad de reformas legislativas constantes.
El impacto sobre las finanzas públicas y otras políticas
Para dimensionar correctamente la magnitud del problema, conviene recordar que los más de 100.000 millones de euros anuales proyectados para mitad de siglo representan aproximadamente un tercio de la recaudación fiscal total actual de España. Se trata de una cifra equivalente al presupuesto anual completo del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, desviar semejante volumen de recursos hacia las pensiones comprometería seriamente la capacidad del Estado para financiar otras políticas públicas esenciales.
El informe advierte expresamente que este escenario afectará a la inversión en infraestructuras públicas, educación, sanidad y otros servicios sociales. En un contexto en el que el envejecimiento poblacional es imparable y el crecimiento económico proyectado resulta moderado, mantener el statu quo conduciría a un déficit público estructuralmente inasumible y a una escalada peligrosa de la deuda pública.
En clave: Por qué importa
Esta advertencia de FEDEA no es un ejercicio teórico ni una exageración alarmista. Los datos demográficos son contundentes: España es uno de los países más envejecidos del mundo y la pirámide poblacional se invierte aceleradamente. Si no se actúa ahora con reformas estructurales, el coste del retraso recaerá sobre las generaciones futuras, que tendrán que asumir una carga fiscal insoportable o ver recortadas drásticamente sus prestaciones sociales.
El debate sobre las pensiones trasciende lo meramente económico. Es una cuestión de justicia intergeneracional, de sostenibilidad fiscal y de viabilidad del Estado del Bienestar tal como lo conocemos. Las propuestas de FEDEA pueden resultar impopulares en el corto plazo, pero ofrecen un marco técnico sólido para garantizar que el sistema público de pensiones pueda seguir existiendo en el futuro sin colapsar las finanzas públicas ni hipotecar el bienestar de las próximas generaciones de españoles.
