El debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones en España ha cobrado protagonismo en el escenario político con la proximidad de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, ha advertido sobre lo que considera un riesgo inminente de colapso del modelo de reparto vigente si continúa la actual gestión gubernamental.
Figaredo sostiene que el déficit creciente de la Seguridad Social, combinado con una deuda pública en máximos históricos y el incremento previsto en los costes de financiación, amenazan la sostenibilidad del sistema de bienestar. «El sistema actual de pensiones con este Gobierno está en peligro de extinción», declaró el dirigente de Vox, quien responsabiliza directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de esta situación.
Exploración de modelos alternativos de financiación
Ante este escenario, el partido ha comenzado a trabajar en propuestas que buscan reformar radicalmente el sistema. Entre las opciones que están sobre la mesa figuran varios modelos: un sistema mixto que combine reparto y capitalización, el sistema de cuentas nocionales —utilizado en países nórdicos— y la creación de un fondo soberano de inversión que permita aprovechar el interés compuesto a largo plazo.
El portavoz económico explicó que la decisión final sobre qué modelo implementar dependerá del análisis exhaustivo de las cuentas públicas reales. «Habrá que analizar la situación cuando lleguemos al Gobierno y conozcamos cuál es realmente el agujero existente», afirmó Figaredo, quien cuestionó la transparencia presupuestaria actual y acusó al Gobierno de haber modificado metodologías de cálculo para ocultar el verdadero impacto de la inflación.
Críticas a la política fiscal y propuestas para autónomos
El representante de Vox también abordó la necesidad de reformar la política fiscal española, que considera excesivamente gravosa para el ahorro privado. Según su análisis, los altos impuestos sobre el ahorro han impedido el desarrollo del segundo y tercer pilar del sistema de pensiones —los planes privados y de empresa—, tal como se pretendía desde 1995 cuando se identificaron por primera vez las dificultades del modelo de reparto.
En relación con los trabajadores autónomos, Figaredo presentó una propuesta diferenciada: eximir de cotización obligatoria a quienes ingresen menos del Salario Mínimo Interprofesional, establecer una cuota voluntaria progresiva que arranque en 50 euros mensuales y garantizar la entrada en vigor de la regulación sobre IVA franquiciado. Estas medidas, según defiende el partido, facilitarían el emprendimiento y reducirían la carga burocrática sobre los pequeños empresarios.
Debate sobre inmigración y sostenibilidad del sistema
El portavoz también vinculó el debate de las pensiones con la política migratoria, argumentando que resulta contradictorio defender la necesidad de más trabajadores extranjeros cuando España mantiene tasas de desempleo elevadas entre la población inmigrante ya residente. «Resulta difícil sostener que España necesite incorporar más trabajadores cuando seguimos teniendo elevadas tasas de desempleo entre la población inmigrante», señaló Figaredo.
Esta posición se enmarca en la estrategia del partido de cuestionar el argumento demográfico que habitualmente se utiliza para justificar la inmigración laboral como solución a la sostenibilidad del sistema de pensiones. El dirigente apuntó, además, a lo que considera un uso excesivo de subsidios por parte de ciertos colectivos en un contexto de creciente endeudamiento público.
Propuesta de reducción masiva de impuestos
Como eje central de su programa económico, Vox promete lo que denomina una «bajada masiva de impuestos» que se financiaría mediante la eliminación de lo que consideran gasto superfluo. Según los cálculos del partido basados en las cuentas de 2024, podrían liberarse hasta 180.000 millones de euros anuales mediante la reducción de subvenciones y de transferencias a las comunidades autónomas destinadas a fines distintos de sanidad, educación y justicia.
Figaredo defiende un cambio revolucionario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como motor de transformación económica. «Hay que asumir que la Administración tiene que renunciar a ingresos», afirmó, en una declaración poco habitual en el panorama político español donde tradicionalmente se ha defendido el mantenimiento o incremento de la recaudación fiscal.
Desconocimiento del estado real de las cuentas
Un elemento recurrente en las declaraciones del portavoz económico es la insistencia en que desconocen la magnitud real del déficit estructural de las cuentas públicas. Figaredo acusó al Gobierno de llevar toda la legislatura sin aprobar Presupuestos Generales del Estado y de haber trasladado partidas de deuda entre diferentes cuentas para financiar el gasto corriente, lo que dificulta establecer un diagnóstico preciso.
Esta argumentación sirve al partido para justificar su negativa a concretar en detalle algunas de sus propuestas, como el futuro del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional introducida en 2023 para reforzar la sostenibilidad del sistema. «No podemos dar una solución concreta. Hacerlo sería actuar a ciegas», explicó Figaredo cuando se le preguntó específicamente sobre este mecanismo.
Productividad frente a crecimiento demográfico
Frente a quienes defienden que España necesita más población activa para sostener el sistema de pensiones, el portavoz de Vox propone un modelo basado en el aumento de la productividad y la eficiencia económica. «España necesita crecer en productividad y eficiencia. Tenemos que ser capaces de producir más con menos», argumentó, señalando que el PIB per cápita español lleva años estancado.
Esta visión contrasta con el consenso mayoritario entre economistas, que consideran imprescindible combinar mejoras de productividad con un aumento de la población activa —ya sea mediante mayor participación laboral, retraso en la edad de jubilación o inmigración— para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el envejecimiento demográfico.
En clave: Por qué importa
El posicionamiento de Vox sobre el futuro de las pensiones introduce en el debate electoral español propuestas de reforma estructural que hasta ahora habían permanecido en los márgenes del discurso político mayoritario. La defensa de modelos de capitalización, aunque sea parcial, supone cuestionar el consenso sobre el sistema de reparto que ha vertebrado la política social española durante décadas.
Más allá de las diferencias ideológicas, este debate refleja una preocupación objetiva: el envejecimiento poblacional y el aumento del gasto en pensiones plantean desafíos financieros reales que ningún gobierno puede ignorar. Las proyecciones demográficas muestran que en las próximas décadas la ratio entre trabajadores activos y pensionistas seguirá deteriorándose, lo que obligará a tomar decisiones sobre cómo distribuir los costes de este cambio estructural entre generaciones.
La campaña electoral que se avecina pondrá a prueba la capacidad de los partidos para presentar propuestas concretas, costeadas y políticamente viables sobre uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Para millones de españoles, especialmente jóvenes que dudan de si cobrarán alguna pensión pública, no se trata de un debate teórico sino de una cuestión que determinará su capacidad de planificar su futuro financiero a largo plazo.
