El sistema de pensiones español se encuentra en una encrucijada crítica. Con un déficit anual que ronda los 60.000 millones de euros —el doble del presupuesto de defensa— y un crecimiento constante del número de jubilados, el modelo de reparto actual enfrenta una presión financiera cada vez más insostenible. Sin embargo, existe una luz al final del túnel: tres países europeos han desarrollado fórmulas que permiten mantener prestaciones generosas sin quebrar las arcas públicas.
Un reciente estudio del centro de análisis económico Bruegel analiza los sistemas de Dinamarca, Suecia y Países Bajos, tres naciones que han logrado combinar exitosamente pensiones públicas con ahorro obligatorio e inversiones a largo plazo. Los resultados son evidentes: tasas de sustitución (el porcentaje que representa la pensión respecto al último salario) de entre el 63% y el 75%, niveles de pobreza entre mayores del 3%-6%, y lo más importante, sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Capitalización versus reparto: dos filosofías enfrentadas
La diferencia fundamental entre el modelo español y el nórdico radica en la estructura de financiación. Mientras España depende casi exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores actuales para pagar las pensiones de los jubilados presentes —el llamado sistema de reparto—, los tres países analizados han acumulado durante décadas un patrimonio financiero considerable destinado específicamente a financiar las prestaciones futuras.
Las cifras son reveladoras: Dinamarca ha acumulado activos equivalentes al 200% de su PIB, Países Bajos supera el 100%, y Suecia también mantiene un patrimonio superior al tamaño de su economía. España, por el contrario, permanece muy alejada de estos niveles, dependiendo casi enteramente de un flujo continuo de cotizaciones para sostener el sistema.
El documento de Bruegel, titulado ‘The Danes, the Dutch, the Swedes and the feasibility of walking away from pay-as-you-go pensions’, fue elaborado por los economistas Zsolt Darvas, Jacob Kirkegaard, Alexandre Mendonça y Bo Sangers. Su investigación no solo identifica las diferencias estructurales, sino que también propone caminos para que economías como la española puedan transitar hacia modelos más sostenibles.
El caso sueco: reformar sin destruir
Suecia ofrece un ejemplo especialmente ilustrativo de cómo puede transformarse un sistema de reparto sin eliminarlo por completo. En 1994, ante proyecciones que advertían del agotamiento de los fondos de reserva entre 2010 y 2015, el país emprendió una reforma profunda que culminó en 2003. El nuevo sistema destina el 16% de los ingresos sujetos a cotización a cuentas nocionales —que registran los derechos acumulados por cada trabajador aunque el dinero siga financiando las pensiones actuales— y otro 2,5% a cuentas de capitalización cuyos recursos se invierten en activos financieros.
Lo más innovador del modelo sueco es la incorporación de mecanismos de ajuste automático que ajustan temporalmente la revalorización de las prestaciones cuando aparecen desequilibrios financieros. De este modo, las obligaciones no crecen indefinidamente por encima de los recursos disponibles, evitando crisis futuras. Los investigadores de Bruegel destacan precisamente estos ajustes automáticos, junto con la vinculación entre cotizaciones y prestaciones, como elementos clave del éxito nórdico.
Dinamarca: el ahorro como motor económico
El modelo danés aporta otra lección fundamental que trasciende el ámbito estrictamente pensional. En Dinamarca, los planes de empleo impulsados por sindicatos y empresas comenzaron a generalizarse a principios de los años noventa. Las aportaciones, que representaban inicialmente apenas el 0,9% del salario en 1993, fueron aumentando mediante negociación colectiva hasta alcanzar una media del 12% en 2009.
A diferencia de otros países que eximen de tributación los rendimientos de los planes de pensiones durante su fase de acumulación, Dinamarca aplica un gravamen del 15,3% sobre las ganancias de estos activos. Esta política fiscal ha generado una recaudación media anual equivalente al 1,35% del PIB entre 1984 y 2025, superando el 2% del PIB en 2020 y 2021. Así, el sistema no solo financia las pensiones futuras, sino que también proporciona ingresos significativos al Estado y capital estable para inversiones a largo plazo.
El desafío español: la ventaja perdida del tiempo
Copiar este modelo en España presenta dificultades considerables. Los países nórdicos construyeron sus sistemas durante varias décadas, en contextos de crecimiento económico y demográfico mucho más favorables. Además, contaron con instituciones sólidas y acuerdos duraderos entre empresarios y sindicatos que facilitaron la expansión del ahorro colectivo.
El problema fundamental de una transición radica en lo que los economistas llaman el «coste de doble pago»: cualquier reforma que pretenda desviar parte de las cotizaciones actuales hacia fondos de capitalización individual debería, simultáneamente, seguir financiando las pensiones que ya se están pagando. Esto abriría un agujero financiero durante el período de transición que podría durar décadas.
Los autores del estudio advierten: «Los países de la UE que ahora afrontan un rápido envejecimiento de la población y sistemas de reparto sometidos a presión ya no disponen de un tiempo ni de unas circunstancias tan favorables». Para España, con un déficit contributivo que ya alcanza el 3,4% del PIB y proyecciones de desequilibrio creciente hasta 2070, el desafío resulta especialmente complejo.
Una propuesta audaz: acelerar la transición con deuda pública
Ante estas dificultades, Bruegel plantea una alternativa tan ambiciosa como controvertida. Los investigadores sugieren que aquellos países europeos con posición fiscal suficientemente sólida podrían acelerar la creación de un segundo pilar de capitalización mediante aportaciones iniciales financiadas con deuda pública equivalentes al 20%-25% del PIB.
Este dinero se ingresaría en cuentas individuales de ahorro para la jubilación y se invertiría a largo plazo, con el objetivo de alcanzar desde el principio una masa de activos suficiente para desarrollar una industria de gestión de pensiones. Se trataría, en palabras de los autores, de «poner en marcha» la transición mediante una inyección de recursos públicos que permitiera alcanzar rápidamente un volumen de patrimonio que los países nórdicos tardaron décadas en reunir.
No obstante, el estudio no presenta esta fórmula como una recomendación incondicional para España. Su viabilidad dependería de la situación de las cuentas públicas, del coste de financiación, de la capacidad para gestionar riesgos de inversión y, fundamentalmente, de la existencia de acuerdos políticos y sociales duraderos entre el Estado, las empresas y los trabajadores.
En clave: Por qué importa
El debate sobre las pensiones en España no tiene por qué limitarse a aumentar cotizaciones, retrasar la edad de jubilación o reducir prestaciones. La experiencia de Dinamarca, Suecia y Países Bajos demuestra que existen alternativas para combinar protección social, ahorro acumulado y sostenibilidad financiera. Sin embargo, estos resultados no aparecen de la noche a la mañana ni pueden replicarse mecánicamente.
Como concluyen los investigadores de Bruegel: «Estos países pueden ofrecer un mejor modelo para el futuro de los sistemas de pensiones europeos, pero el resto del continente tendrá que seguir caminos diferentes y más rápidos para llegar hasta allí». Para España, la lección no consiste en sustituir simplemente el reparto por fondos de inversión, sino en construir gradualmente un segundo pilar sólido, establecer mecanismos de ajuste creíbles y resolver cómo financiar una transición sin desproteger a los actuales jubilados.
El modelo existe y funciona. La cuestión es si España está dispuesta a emprender las reformas estructurales necesarias, asumir los costes de transición y mantener el consenso político y social durante el tiempo suficiente para que la transformación dé sus frutos. De lo contrario, el sistema actual seguirá consumiendo recursos crecientes hasta que la sostenibilidad deje de ser un objetivo y se convierta en una crisis inevitable.
