El complemento por brecha de género, una prestación diseñada originalmente para equilibrar las desventajas históricas que han enfrentado las mujeres en el sistema de pensiones, está experimentando un cambio demográfico notable en su composición. Durante el último año, el número de hombres que reciben este plus económico se ha disparado un 221,3%, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este incremento contrasta fuertemente con el 21,8% de crecimiento registrado entre las beneficiarias femeninas en el mismo período.
Las cifras más recientes, correspondientes a agosto de 2026, revelan que actualmente 494.296 hombres perciben este complemento, lo que supone 340.442 beneficiarios varones más que hace un año. A pesar de este notable aumento, las mujeres continúan representando la mayoría de los perceptores de la ayuda, con 1,17 millones de beneficiarias. En total, la Seguridad Social contabiliza 1,66 millones de personas que reciben este complemento, un 49,5% más que en el año anterior.
El fallo judicial que cambió las reglas del juego
El punto de inflexión en esta tendencia se produjo en mayo de 2025, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia que transformó radicalmente el acceso a esta prestación. El tribunal europeo determinó que el complemento por brecha de género discriminaba a los hombres al exigirles requisitos adicionales que no se aplicaban a las mujeres para acceder a una ayuda con la misma finalidad que la prestación anterior.
Hasta ese momento, los padres que deseaban beneficiarse del complemento debían demostrar que la paternidad había provocado un perjuicio real en su trayectoria profesional, acreditando interrupciones laborales, reducciones de jornada o disminuciones en sus bases de cotización. Las madres, en cambio, podían acceder al complemento sin estos requisitos adicionales. La sentencia del TJUE, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo español, equiparó las condiciones de acceso para ambos sexos, eliminando estas barreras diferenciales.
Por qué los hombres avanzan más rápido en las solicitudes
Diversos factores explican el acelerado crecimiento de beneficiarios masculinos frente al más moderado incremento entre las mujeres. Uno de los elementos clave es que los hombres suelen alcanzar antes los períodos de cotización necesarios para jubilarse, lo que les permite solicitar el complemento con anterioridad. Esta ventaja temporal se traduce en una incorporación más rápida al registro de beneficiarios.
Sin embargo, existe una particularidad normativa que añade complejidad al sistema: cuando ambos progenitores cumplen los requisitos para percibir el complemento, la ley establece que solo puede reconocerse a uno de ellos, concretamente a quien tenga la pensión de menor cuantía. El problema surge porque las mujeres, que generalmente se jubilan más tarde que los hombres debido a carreras profesionales más interrumpidas o tardías, muchas veces no llegan a solicitar el complemento cuando finalmente se retiran del mercado laboral. Como consecuencia, el complemento permanece asignado al hombre y no se produce el cambio de beneficiario que teóricamente debería ocurrir.
Negociaciones paralizadas y peticiones de reforma
Tras conocerse la sentencia europea, los principales sindicatos españoles, UGT y CCOO, emitieron un comunicado conjunto instando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a encontrar una solución que preserve el objetivo original de la prestación. El departamento dirigido por Elma Saiz propuso limitar el complemento exclusivamente a quienes hubieran experimentado un perjuicio real en su carrera profesional debido a la crianza.
Por su parte, las organizaciones sindicales plantearon una alternativa diferente: que la Seguridad Social tramitase el complemento de oficio, sin necesidad de solicitud expresa por parte del pensionista, garantizando así que todos los potenciales beneficiarios reciban la ayuda que les corresponde. Sin embargo, según fuentes sindicales consultadas, ninguna de estas propuestas se ha materializado en cambios normativos y la mesa de negociación se encuentra actualmente paralizada.
Adicionalmente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha manifestado públicamente su preocupación sobre el rumbo que está tomando este complemento. Expertos del centro de análisis económico señalan que la prestación se está desviando de su finalidad original y recomiendan encarecidamente una reforma profunda de la normativa que regula esta ayuda.
El declive del antiguo complemento de maternidad
La actual ayuda por brecha de género sustituyó en 2021 al denominado complemento de maternidad, que también fue concebido inicialmente para las mujeres. Sin embargo, tras una sentencia del TJUE en 2019 que consideró discriminatoria la exclusión de los hombres, numerosos pensionistas varones iniciaron reclamaciones judiciales y comenzaron a obtener el reconocimiento retroactivo de esta prestación.
Los datos de agosto de 2026 muestran que 717.656 mujeres continúan percibiendo el antiguo complemento de maternidad, un 3,7% menos que hace un año. En contraste, el número de hombres beneficiarios de esta ayuda histórica ha crecido un 10,1%, alcanzando los 291.278. El descenso en la población femenina puede explicarse por fallecimientos naturales o por el traslado de beneficiarias al registro del nuevo complemento por brecha de género. Cabe destacar que esta prestación antigua no admite nuevas incorporaciones desde hace cinco años.
En clave: Por qué importa
Esta evolución estadística plantea interrogantes fundamentales sobre el diseño y efectividad de las políticas de igualdad en el sistema de pensiones. Si bien la igualdad formal de acceso es un principio irrenunciable respaldado por tribunales europeos y nacionales, la realidad práctica muestra que un complemento diseñado para compensar la brecha de género en las pensiones está siendo solicitado masivamente por hombres, precisamente porque ellos acceden antes a la jubilación y mantienen bases de cotización generalmente más altas.
El hecho de que las mujeres se jubilen más tarde y, en muchos casos, no soliciten el cambio de beneficiario evidencia lagunas en el sistema que podrían solucionarse con una gestión automática de oficio. Sin reformas normativas que ajusten la realidad jurídica a los objetivos de política social, existe el riesgo de que una prestación concebida para cerrar brechas estructurales termine, paradójicamente, reflejando y perpetuando las mismas desigualdades que pretendía corregir.
