La desigualdad de género en España no se detiene al llegar la jubilación. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, las mujeres pensionistas perciben 499,63 euros menos cada mes en comparación con sus pares masculinos. Esta brecha económica se suma a otra realidad invisible: son ellas quienes asumen de forma mayoritaria y sin remuneración el cuidado de personas dependientes en el país.
El documento expone con datos contundentes cómo el sistema de protección social español reproduce las desigualdades que las mujeres han enfrentado durante toda su vida laboral. La cifra habla por sí sola: mientras los hombres cobran de media 1.627,12 euros mensuales en concepto de pensión, las mujeres reciben 1.127,49 euros. Esto representa una diferencia del 30,7%, una distancia que tiene su origen en carreras profesionales marcadas por la informalidad, los salarios más bajos, la jornada parcial no deseada y la asunción histórica de las tareas domésticas y de cuidado.
El peso del cuidado recae sobre las mujeres mayores
Más allá de las pensiones, el informe subraya una realidad que pasa desapercibida en el debate público: el 72% de las personas que cuidan a familiares dependientes en España son mujeres. Esta labor, invisibilizada y no remunerada, se convierte en una carga adicional que condiciona la vida de miles de mujeres jubiladas. Un dato especialmente llamativo es que el 7,5% de estas cuidadoras supera los 80 años, lo que significa que muchas mujeres en edad avanzada están asistiendo a otras personas dependientes, frecuentemente sus propios cónyuges, en una etapa en la que ellas mismas podrían necesitar apoyo.
El fenómeno se vincula directamente con el funcionamiento del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. La Prestación Económica de Cuidado Familiar, que la ley define como excepcional, concentra desde 2024 dos de cada tres nuevas personas protegidas por el sistema. Esta ayuda económica se entrega a la familia para que sea ella quien asuma el cuidado en el hogar, en lugar de contratar servicios profesionales. El informe advierte que esta práctica perpetúa la división sexual del trabajo y empuja a muchas mujeres hacia el subempleo precario y la economía sumergida, sin acceso a derechos laborales ni protección social.
El sistema contributivo penaliza las trayectorias laborales femeninas
La Seguridad Social en España funciona bajo un modelo contributivo: a mayor tiempo cotizado y mejor salario, mayor será la pensión que se reciba al jubilarse. Este diseño, que en apariencia es neutral, traslada de manera directa las desigualdades del mercado laboral al sistema de pensiones. Las mujeres, que históricamente han tenido mayores tasas de informalidad laboral, salarios inferiores y contratos a tiempo parcial, terminan arrastrando estas desventajas hasta la jubilación.
El informe señala, no obstante, una evolución positiva en las nuevas altas. Entre quienes se jubilan actualmente, la brecha se reduce a 333,16 euros mensuales, un 20,7% de diferencia. Esta mejora de casi diez puntos porcentuales refleja que las trabajadoras que hoy alcanzan la edad de retiro acumulan carreras de cotización más largas y estables que las generaciones anteriores. Aun así, la distancia sigue siendo significativa y evidencia que el camino hacia la igualdad en las pensiones está lejos de completarse.
El empleo del cuidado también tiene rostro femenino
La desigualdad no solo afecta a quienes cuidan de forma informal. El propio empleo generado por el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia reproduce patrones de género: del total de 550.000 empleos directos creados por el sistema, el 82% corresponde a mujeres y el 11% a personas trabajadoras de origen extranjero. Este dato confirma que el sector del cuidado, tanto formal como informal, recae principalmente sobre mujeres, muchas de ellas en condiciones de precariedad laboral.
Otro mecanismo señalado en el estudio es la Prestación Económica Vinculada a un Servicio, que entrega una ayuda a las familias para contratar servicios privados. Sin embargo, la Administración ajusta la cantidad según los ingresos de la familia, lo que obliga a las personas beneficiarias a poner de su bolsillo el resto del coste, que suele ser elevado. Como consecuencia, muchas familias descartan esta opción y optan por que un familiar asuma el cuidado en casa, nuevamente sin remuneración ni reconocimiento laboral, una decisión que afecta de forma desproporcionada a las mujeres.
Longevidad femenina, pero peor percepción de salud
El informe incluye un dato que resulta paradójico: las mujeres cuentan con 2,2 años más de esperanza de vida saludable a los 65 años que los hombres, según datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en casi todas las comunidades autónomas, excepto Melilla, el porcentaje de hombres que valora positivamente su estado de salud supera al de las mujeres. El documento plantea como posible explicación que muchas mujeres mayores continúan encargándose de las tareas del hogar y el cuidado de otras personas durante la jubilación, una carga que los hombres no asumen en la misma medida y que podría condicionar su bienestar físico y emocional.
En clave: Por qué importa
Este informe pone sobre la mesa una realidad que atraviesa toda la vida de las mujeres en España: la desigualdad en el ámbito laboral no desaparece con la jubilación, sino que se prolonga y se agrava en forma de pensiones más bajas y cargas de cuidado no remuneradas. El modelo actual del sistema de pensiones y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia reproduce estructuralmente las desigualdades de género, convirtiendo a las mujeres mayores en las principales sostenedoras invisibles del sistema de cuidados del país. La brecha de 500 euros mensuales no es solo una cifra: es el reflejo de décadas de discriminación laboral, falta de reconocimiento del trabajo no remunerado y políticas públicas que, en lugar de corregir estas desigualdades, las perpetúan. Comprender esta realidad es el primer paso para exigir reformas estructurales que garanticen una vejez digna y equitativa para todas las personas.
