Países Bajos está ejecutando la transformación más ambiciosa de su sistema de pensiones desde su creación. Entre 2024 y 2028, el país trasladará entre 1,8 y 1,9 billones de euros —equivalente al 150% de su PIB— desde el antiguo modelo de prestación definida hacia contratos de aportación definida. Esta migración masiva no solo redefine el futuro del retiro para millones de trabajadores holandeses, sino que está generando importantes repercusiones en los mercados de capitales a nivel global.
El analista Fernando Martínez-Cue, en un exhaustivo análisis publicado para el Instituto Santalucía, explica que aunque el sistema neerlandés ha sido históricamente uno de los más generosos del mundo —con una tasa de reemplazo neta del 96% para trabajadores con ingresos medios—, enfrentaba serios problemas de sostenibilidad financiera en sus pensiones ocupacionales. Las reservas acumuladas en los fondos de prestación definida resultaron insuficientes para cumplir con las obligaciones contraídas, consecuencia directa de décadas de tipos de interés extremadamente bajos y proyecciones de esperanza de vida que subestimaron dramáticamente la longevidad real de la población.
Un sistema mixto único en Europa
El modelo de pensiones holandés combina una pensión pública básica de reparto (AOW) con un robusto sistema complementario de capitalización. La AOW funciona como una «tarifa plana» que otorga un 2% de derecho por cada año trabajado o residido en el país entre los 15 y 65 años. Tras 50 años de cotización, un jubilado soltero recibe 1.637,57 euros mensuales (70% del salario mínimo), mientras que las personas casadas o con pareja perciben 1.122,12 euros cada una.
Sin embargo, el verdadero pilar del sistema son las pensiones de empleo, que representan entre el 70% y 75% de los ingresos totales durante la jubilación. Más del 92% de los trabajadores neerlandeses participan en estos planes, lo que convierte a este componente en absolutamente crítico para garantizar un retiro digno. Hasta 2024, el 95% de los activos bajo gestión correspondían a acuerdos de prestación definida que garantizaban vitaliciamente un importe vinculado al salario medio de carrera del trabajador.
La crisis que forzó el cambio
Entre 2010 y 2020, los activos en fondos de pensiones se duplicaron, pasando de 0,7 billones a 1,4 billones de euros. Paradójicamente, las ratios de financiación de las obligaciones disminuyeron en ese mismo período. Muchos planes estaban en riesgo real de quiebra, y numerosas empresas holandesas ya no podían asumir los riesgos ni los compromisos de prestaciones acumulados durante décadas. Las proyecciones demográficas se habían quedado obsoletas, y el entorno de tipos de interés cercanos a cero hacía imposible generar los rendimientos necesarios para financiar las pensiones prometidas.
La respuesta fue ejemplar en términos de consenso social. Tras negociaciones entre el Gobierno, el Parlamento, los sindicatos y las patronales, en julio de 2023 se aprobó la Wet toekomst pensioenen (WTP) o Ley del Futuro de las Pensiones. Esta legislación estableció una migración ordenada hacia contratos de aportación definida, con un plazo final ajustado al 1 de enero de 2028 tras un retraso respecto a los plazos iniciales.
Dos modalidades para el nuevo sistema
Los fondos de pensiones y las empresas pueden elegir entre dos tipos de contratos de aportación definida. El contrato solidario, opción mayoritaria entre los fondos, mantiene un enfoque colectivo donde los riesgos de longevidad e inversión se comparten entre generaciones mediante una reserva de solidaridad dotada con hasta un 10% de las contribuciones. Esta modalidad aplica estrategias de inversión adaptadas al ciclo vital del trabajador, ajustando el perfil de riesgo según se aproxima la jubilación.
Por otro lado, el contrato flexible crea cuentas individuales para cada trabajador, ofreciendo mayor autonomía en la elección del perfil de inversión y más flexibilidad en el momento de la desacumulación. Al jubilarse, los empleados pueden decidir entre contratar una renta actuarial vitalicia (fija o variable) o un producto financiero colectivo. Aunque ya no se garantizan prestaciones específicas y los trabajadores asumen los riesgos de mercado y longevidad, el sistema aspira a mantener una tasa de reemplazo objetivo del 70% del salario promedio para quienes completen una carrera laboral completa.
La reforma introduce además un porcentaje fijo de contribución del 27% del salario, independientemente de la edad del trabajador: 18% a cargo del empleador y 9% del empleado. Este cambio elimina las discriminaciones previas por edad que penalizaban a los trabajadores más jóvenes.
Impacto en los mercados financieros globales
La transformación del sistema holandés está teniendo consecuencias que trascienden las fronteras nacionales. La Ley del Futuro de las Pensiones elimina el recargo de capital VEV y el requisito de certeza que obligaba a los fondos a mantener reservas suficientes para garantizar el pago de prestaciones con un 97,5% de probabilidad en un año. Estos cambios regulatorios están provocando una recomposición masiva de las carteras de inversión, reduciendo drásticamente la exposición a renta fija de largo plazo (bonos gubernamentales y swaps de interés con vencimientos de 25 años) en favor de otros activos.
Los analistas observan movimientos hacia mercados emergentes en renta fija, mayor posicionamiento en renta variable y activos reales como el inmobiliario, y un potencial auge de los activos privados e inversiones ilíquidas, especialmente en los contratos solidarios. Incluso la deuda soberana del sur de Europa está saliendo beneficiada frente a la alemana y holandesa debido a los mayores diferenciales de rentabilidad que ofrece.
El calendario de implementación
La migración comenzó formalmente el 1 de enero de 2026, cuando un primer grupo de 24 fondos inició el proceso de transformación. Durante 2026, más de 50 fondos están planificando su transición para enero de 2027, y se estima que ese año migren 61 fondos en total. El proceso debe completarse antes del 1 de enero de 2028, lo que implica un esfuerzo logístico y técnico sin precedentes en la historia de los sistemas de pensiones europeos.
En clave: Por qué importa
Países Bajos ha demostrado que es posible realizar reformas estructurales profundas en materia de pensiones cuando existe voluntad de diálogo y capacidad de consenso entre todos los actores sociales. Su sistema ocupa año tras año el primer puesto en el Global Pensions Index no solo por la generosidad de sus prestaciones, sino por la gobernanza del sistema y la confianza ciudadana en el mismo. La reforma actual, lejos de ser una reducción de derechos, busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo sin comprometer la suficiencia de las pensiones futuras.
El caso holandés ofrece lecciones valiosas para otros países europeos que enfrentan desafíos similares. Demuestra que la transparencia en las cuentas individuales, la flexibilidad en las opciones de inversión y jubilación, y el mantenimiento de mecanismos de solidaridad intergeneracional pueden coexistir en un sistema de aportación definida. Además, evidencia que las reformas basadas en argumentos técnicos y datos objetivos, en lugar del debate emocional, pueden lograr amplios consensos sociales incluso cuando implican cambios radicales en los modelos tradicionales de protección social.
