El sistema político español atraviesa una transformación silenciosa pero determinante. En 2017, por primera vez en la historia democrática del país, el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó al de los menores de 35. Este punto de inflexión, que pasó desapercibido para muchos, marca un cambio estructural profundo en el equilibrio electoral y, por tanto, en las políticas públicas que los partidos priorizan.
Un informe publicado en julio de 2026 por José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, documenta cómo el envejecimiento del votante mediano empuja a los partidos políticos a proteger el gasto corriente destinado a pensiones y servicios para mayores, en detrimento de la inversión en educación, vivienda o investigación. La lógica es simple: a medida que el electorado envejece, las preferencias políticas que resulta racional atender se desplazan hacia las demandas de las cohortes de mayor edad.
La evolución demográfica: de la juventud a la madurez electoral
Hasta mediados de los años noventa, los menores de 35 años representaban más de una cuarta parte del censo electoral, mientras que los mayores de 64 apenas alcanzaban el 15%. La brecha era amplia y favorable a los jóvenes. Sin embargo, a partir de entonces, ambas tendencias se invirtieron. Las generaciones más jóvenes fueron perdiendo peso relativo, mientras que las cohortes del baby boom avanzaban hacia la madurez y la natalidad caía de forma sostenida.
En 2025, los mayores de 64 representan el 24,7% del electorado potencial frente al 22,7% de los menores de 35. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) prolongan esta divergencia hasta 2074, cuando los mayores de 64 alcanzarán en torno al 35% del sufragio potencial, casi el doble que los menores de 35 (20%). La edad mediana del electorado, que en 1971 era de 42 años, ha alcanzado los 50 en 2025 y se espera que llegue a los 55 años en 2074.
Los jóvenes votan menos y fragmentan su agenda
El desequilibrio demográfico se amplifica por un factor adicional: la menor participación electoral de los jóvenes. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) compilados por el Instituto de la Juventud (INJUVE), la brecha de participación entre jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 o más años ha oscilado entre 8 y 15 puntos porcentuales en cada elección general desde 1982. La única excepción fue 2015, cuando la irrupción de nuevos partidos contrajo esa brecha hasta los 5 puntos.
El resultado es que el peso de los menores de 35 cae del 22,7% del electorado potencial al 18,7% del voto efectivo, una reducción de casi una quinta parte. El de los mayores de 64, en cambio, apenas se mueve: del 24,7% al 25,1%. Son más en el censo y, además, acuden más a las urnas. A esto se suma un tercer elemento: la fragmentación de la agenda juvenil. Mientras los pensionistas constituyen un colectivo homogéneo con una demanda principal y cuantificable (su pensión mensual), los jóvenes distribuyen sus preocupaciones entre empleo, vivienda, salarios, cambio climático e igualdad de género, con una heterogeneidad interna muy marcada.
Consecuencias presupuestarias: más gasto en pensiones, menos en futuro
La consecuencia presupuestaria de este desequilibrio es directa y contundente. El gasto en pensiones en España ya consume el 12,9% del PIB y, según proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), subirá al 16,1% en 2050. Si se suman sanidad y cuidados de larga duración, el gasto total asociado al envejecimiento pasará del 20,3% del PIB actual al 25,5% en 2050. Ese espacio fiscal es el mismo que necesitan educación, vivienda, investigación e infancia.
El análisis de los programas electorales refleja esta jerarquía de prioridades. En las elecciones generales de 2019, PP, Vox y Ciudadanos dedicaron entre dos y veinte veces más menciones a los mayores que a los jóvenes en sus propuestas. El PSOE fue la única excepción, al invertir levemente esa proporción en 2023, según el análisis de Rojo Puertas para la Fundación Alternativas.
Tres reformas para corregir el sesgo generacional
El informe de Fedea propone tres reformas concretas para corregir este sesgo estructural. La primera es dar más voz política a los jóvenes, por ejemplo rebajando la edad de voto a los 16 años. Según proyecciones del INE para 2027, esta medida incorporaría 1,09 millones de nuevos votantes y elevaría el peso del tramo de 16 a 34 años en el electorado del 23,2% al 25,1%.
La segunda reforma propuesta es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional, en particular una regla de simetría por la cual cada euro adicional destinado a pensiones, sanidad o dependencia exija un euro equivalente para educación, investigación o vivienda. La tercera es adaptar el Estado del bienestar a la nueva longevidad mediante jubilación gradual, cobertura efectiva de la dependencia y adhesión automática al ahorro complementario.
En clave: Por qué importa
España se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes. En 2050, el país contará con aproximadamente 16 millones de personas mayores de 64 años, frente a los cerca de 10 millones actuales, y la tasa de dependencia rozará el 60%. El horizonte dibuja una presión creciente sobre las finanzas públicas y sobre la capacidad del sistema político para atender las necesidades de todas las generaciones de forma equilibrada.
El informe de Fedea advierte de que no se trata de una confrontación moral entre generaciones ni de atribuir intenciones egoístas a los mayores. El problema es institucional: las democracias representan mejor a quienes existen, votan y se organizan que a quienes todavía no han nacido o carecen de capacidad de acción colectiva. Sin reformas estructurales que corrijan este sesgo, el riesgo es que las políticas públicas sigan priorizando el presente frente al futuro, perpetuando un desequilibrio que compromete la sostenibilidad del modelo social español.
