El Gobierno ha establecido el 1 de enero de 2028 como fecha límite para la desaparición del mutualismo alternativo en España. Esta decisión afectará directamente a miles de profesionales que actualmente cotizan a través de sus colegios profesionales, como abogados, arquitectos y procuradores, quienes deberán trasladarse obligatoriamente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.
La proposición de ley que regula esta transición avanza en el Congreso de los Diputados y contempla una pasarela obligatoria para todos los mutualistas, poniendo fin a un sistema que durante décadas ha funcionado como alternativa al régimen público de cotización. El próximo 20 de mayo, el Pleno del Congreso votará esta reforma después de que la comisión de Justicia aprobara la ponencia correspondiente.
Ampliación del calendario de transición
El Ejecutivo ha decidido conceder un margen adicional para facilitar la adaptación tanto de los profesionales como de las mutualidades implicadas. Inicialmente, el horizonte temporal era más ajustado, pero las reclamaciones de distintas organizaciones profesionales han logrado extender el plazo hasta principios de 2028. Este periodo adicional permitirá a las entidades mutualistas redefinir sus productos y adaptar su funcionamiento a las nuevas exigencias regulatorias que impondrá el cambio normativo.
El mutualismo alternativo ha sido objeto de intenso debate político y social durante años. Las principales críticas al sistema señalan las diferencias existentes en materia de cotización y protección social respecto al RETA, así como situaciones de pensiones reducidas y una cobertura insuficiente en determinados casos. Estos problemas han impulsado la voluntad del Gobierno de reformar definitivamente el modelo y garantizar una mayor homogeneidad en el sistema de protección social de los trabajadores por cuenta propia.
Fórmulas de conversión y régimen especial para mayores
La norma establece un coeficiente de conversión del 0,77 para calcular cómo se trasladarán las aportaciones realizadas a las mutualidades al nuevo sistema público. Sin embargo, se ha diseñado un régimen especial para los profesionales mayores de 55 años, a quienes se les aplicará el denominado reconocimiento uno por uno. Esta medida responde a la necesidad de proteger a aquellos trabajadores que, por su edad, disponen de un margen limitado para seguir cotizando y acumular derechos de cara a la jubilación. Bajo este criterio, cada año de aportación a la mutualidad se considerará como cotizado a la Seguridad Social a efectos del cálculo de la pensión de jubilación.
Esta diferenciación por edades busca evitar perjuicios en los derechos adquiridos y reducir el impacto económico de la transición en los colectivos más vulnerables. No obstante, la fórmula ha generado divisiones entre los propios afectados, con posiciones encontradas sobre cómo debería articularse el paso al RETA y qué garantías deberían ofrecerse.
Posiciones enfrentadas entre los profesionales
El sector de los mutualistas se encuentra dividido ante la inminente reforma. Por un lado, colectivos como la Plataforma Pasarela al RETA y el Movimiento #J2 reclaman que la conversión de las aportaciones se realice bajo el criterio uno por uno para todos los profesionales, sin excepciones. Además, exigen que no se deje fuera a los jubilados que ya están cobrando pensión, argumentando que también deben beneficiarse de las mejoras que pueda suponer la integración en el sistema público.
Por otro lado, organizaciones como Mutualistas por el Futuro y la Abogacía defienden que el paso al RETA sea voluntario y no obligatorio, y abogan por el mantenimiento del modelo de mutualismo como opción válida y complementaria. Estos grupos sostienen que el sistema alternativo ha funcionado adecuadamente para muchos profesionales y que su eliminación supone una pérdida de autonomía y flexibilidad en la gestión de las cotizaciones y prestaciones.
Contexto y próximos pasos
El debate en torno al mutualismo alternativo no es nuevo. Desde hace años, diversos informes han alertado sobre las desigualdades que genera este sistema en comparación con el RETA, especialmente en lo relativo a las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad o cese de actividad. La integración de estos profesionales en el régimen general de autónomos pretende corregir estas asimetrías y garantizar una protección social más equitativa.
Con la votación prevista para el 20 de mayo, se espera que la proposición de ley sea aprobada definitivamente, marcando así el inicio del periodo de transición hacia el nuevo modelo. Las mutualidades y los colegios profesionales tendrán hasta finales de 2027 para preparar a sus miembros y garantizar que el cambio se produzca de forma ordenada y sin sobresaltos administrativos.
En clave: Por qué importa
La desaparición del mutualismo alternativo representa un cambio estructural en el sistema de protección social de España. Afecta a decenas de miles de profesionales liberales que, históricamente, han gestionado sus cotizaciones al margen del régimen general de autónomos. La unificación bajo el RETA busca garantizar una mayor equidad, transparencia y sostenibilidad en el sistema de pensiones y prestaciones sociales. Sin embargo, el proceso de transición plantea retos importantes en términos de reconocimiento de derechos adquiridos, conversión de aportaciones y adaptación de las estructuras mutualistas. La decisión política de ampliar el calendario hasta 2028 responde a la necesidad de gestionar esta transformación con el menor impacto posible, aunque las posiciones enfrentadas entre los propios afectados evidencian que el consenso está lejos de alcanzarse. El desenlace de esta reforma marcará un precedente en la modernización del sistema de Seguridad Social español y en la homogeneización de los regímenes de cotización para trabajadores por cuenta propia.
