El Gobierno español se dispone a implementar una importante reforma que revolucionará el sistema de jubilación parcial en el sector público. A través de un nuevo Real Decreto-Ley, que será aprobado próximamente en Consejo de Ministros, se introducirá un mecanismo que permitirá la contratación temporal de personal interino para facilitar el acceso al retiro parcial de los empleados públicos.
Nueva fórmula para agilizar el relevo generacional
La medida busca resolver un obstáculo técnico que ha estado bloqueando las jubilaciones parciales desde abril de 2025, cuando entró en vigor una reforma que exigía que el trabajador relevista tuviera un contrato indefinido a tiempo completo. Este requisito, aunque factible en el sector privado, generaba importantes dificultades en la administración pública debido a los procesos de selección requeridos.
Planificación y temporalidad controlada
El nuevo marco normativo establece que las Administraciones Públicas deberán desarrollar instrumentos específicos de planificación de recursos humanos para gestionar estas jubilaciones. La tasa de temporalidad en el sector público alcanzó el 26,8% en el último trimestre de 2025, superando en 18,8 puntos las recomendaciones de la Unión Europea, una situación que el decreto pretende abordar de manera estructural.
Garantías y salvaguardas
Para asegurar la estabilidad del sistema, el decreto contempla medidas de control importantes: las plazas ocupadas temporalmente deberán incluirse obligatoriamente en la siguiente oferta de empleo público del año en curso o, como máximo, en la del año siguiente. Además, se ha previsto un mecanismo de respaldo que permite la contratación de interinos en caso de que el relevista indefinido cese antes del período establecido de dos años tras la jubilación completa del trabajador original.
En clave: Por qué importa
Esta reforma representa un paso significativo en la modernización de la gestión de recursos humanos en el sector público español. No solo facilita la transición gradual hacia la jubilación de los empleados públicos, sino que también establece un equilibrio entre la necesaria flexibilidad en la contratación y el mantenimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público. La medida podría tener un impacto positivo en la renovación generacional de la administración, permitiendo una transferencia de conocimiento más eficiente entre trabajadores salientes y entrantes.
