El Gobierno y los sindicatos ultiman el marco normativo para permitir que los empleados públicos reduzcan jornada y salario antes del retiro.
El panorama laboral para los funcionarios y trabajadores de la Administración Pública en España está a punto de experimentar un cambio de paradigma. Tras años de parálisis y demandas sindicales, el sector público se encuentra en la cuenta atrás definitiva para reactivar la jubilación parcial, una modalidad que permite a los empleados transitar de manera escalonada hacia el retiro. Según las previsiones que maneja el Ejecutivo y los agentes sociales, este mecanismo estará plenamente operativo entre los meses de abril y mayo de este año.
La medida no es una ocurrencia de última hora, sino el cumplimiento de una deuda pendiente. Esta reactivación emana directamente del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, un documento estratégico firmado en 2022 entre el Gobierno y las centrales sindicales UGT y CCOO. Aunque inicialmente se planteó un despliegue mucho más ágil, la arquitectura legal necesaria para encajar esta pieza en el complejo puzle del empleo público ha demorado su puesta en marcha hasta esta primavera.
El reto del contrato de relevo en la Administración
El núcleo del debate y la principal dificultad técnica han residido en la figura del contrato de relevo. Mientras que en el sector privado este mecanismo funciona con relativa fluidez, en el sector público choca frontalmente con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para que un funcionario reduzca su jornada, la Administración debe ser capaz de contratar a otra persona que cubra ese tiempo restante, pero dicha contratación debe respetar las estrictas tasas de reposición y los procesos de oferta de empleo público.
El nuevo marco normativo busca ofrecer una solución que armonice estos derechos. Se pretende que la regulación sea un espejo de la que ya disfrutan los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General. Esto implica que los empleados públicos podrán solicitar una reducción de su tiempo de trabajo de entre el 25% y el 75%. En casos excepcionales, donde el relevista sea contratado de forma indefinida y a jornada completa, la reducción del veterano podría alcanzar incluso el 80%.
Requisitos y condiciones para el acceso
Para acceder a esta modalidad, se mantendrán los criterios de rigor que rigen el sistema de la Seguridad Social. Los solicitantes deberán haber cumplido la edad ordinaria de jubilación que les corresponda según su historial de cotización. Para este 2024, la referencia se sitúa en los 66 años y seis meses para quienes tengan menos de 38 años cotizados, o en los 65 años para aquellos que superen esa cifra. Asimismo, se exigirá un periodo de carencia (cotización previa) de al menos 33 años en la mayoría de los supuestos.
Durante este periodo de jubilación parcial, el trabajador no pierde su vínculo con la Administración: sigue cotizando por el 100% de la base que le correspondería a jornada completa, lo cual es vital para que su pensión definitiva no se vea mermada. A cambio, recibe la parte proporcional de su sueldo por las horas trabajadas y empieza a cobrar simultáneamente el porcentaje de su pensión de jubilación que ha «liberado».
Un impacto en más de 2,7 millones de trabajadores
La relevancia de esta noticia es masiva si tenemos en cuenta que afecta a un colectivo de más de 2,7 millones de personas que integran la función pública en España. Desde el personal administrativo hasta los cuerpos de seguridad y sanitarios, la posibilidad de un retiro flexible es una de las demandas más persistentes para combatir el agotamiento profesional en las etapas finales de la carrera.
Las fuentes de la negociación indican que los borradores legales están prácticamente cerrados. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se espera para las próximas semanas, lo que permitiría que las primeras solicitudes se tramiten justo antes del verano, abriendo una ventana de oportunidad para miles de trabajadores que han postergado su salida a la espera de esta regulación.
En Clave
La reactivación de la jubilación parcial en el ámbito público supone una victoria estratégica para la gestión del talento senior. En una Administración donde la media de edad es preocupantemente alta, este mecanismo actúa como una herramienta de transferencia de conocimiento: permite que el empleado veterano tutele al nuevo relevista antes de su marcha definitiva. Más allá del beneficio individual para el trabajador, es una pieza clave para evitar el colapso operativo por jubilaciones masivas y para garantizar que el Estado no pierda de golpe la experiencia acumulada de sus cuadros más antiguos.
