El gasto público en subsidios aumenta un 40% desde 2018, alcanzando niveles récord de 24.400 millones de euros anuales.
La gestión de las políticas de empleo en España enfrenta una paradoja financiera sin precedentes. Aunque las cifras oficiales de desempleo muestran una caída del 23% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el coste de las prestaciones ha tomado el camino opuesto. En apenas ocho años, la factura anual para las arcas públicas se ha incrementado en casi 7.000 millones de euros, situándose por encima de los 24.400 millones.
Este fenómeno se explica, en gran medida, por un aumento en la cuantía de las ayudas y cambios en el perfil del beneficiario. Actualmente, la prestación media se sitúa en los 1.004 euros mensuales. Un factor determinante ha sido la reforma de los subsidios para mayores de 52 años, una medida que ha disparado el número de receptores en este colectivo hasta alcanzar máximos históricos, a pesar de las recomendaciones internacionales que sugieren revisar estas ayudas para fomentar la reincorporación laboral.
Además, el mercado de trabajo actual presenta nuevas dinámicas. El peso de los fijos discontinuos y el desempleo concentrado en mayores de 45 años —quienes suelen tener periodos de cotización más largos y, por tanto, derecho a prestaciones más altas— han contribuido a que, con el mismo número de beneficiarios que en 2018 (unos 1,8 millones de personas), el gasto total sea significativamente mayor.
En Clave Esta desconexión entre la caída del paro y el aumento del gasto sugiere que el sistema de protección social español se está volviendo más costoso por cada individuo cubierto. El desafío a futuro reside en equilibrar esta red de seguridad con incentivos eficaces para el empleo, especialmente en un contexto donde organismos como la OCDE vigilan de cerca la sostenibilidad de estos subsidios en el largo plazo.
