La caída del decreto ómnibus deja en el aire casi 6.000 millones de euros en cotizaciones previstas para este año.
El blindaje financiero de la Seguridad Social ha sufrido un inesperado revés en el Congreso. La derogación del último «decreto ómnibus» no solo ha frenado medidas administrativas, sino que ha paralizado de inmediato los tres pilares de recaudación diseñados para sostener el sistema este 2026: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la nueva cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas.
Esta parálisis legislativa supone un agujero potencial de 5.895 millones de euros en las arcas públicas. De esa cifra, la mayor parte corresponde al MEI, que debía subir hasta el 0,9% para nutrir la «hucha de las pensiones». Con el decreto decaído, el incremento del 0,1% previsto para las nóminas de este año —donde las empresas asumen el 0,75% y el trabajador el 0,15%— queda congelado a la espera de un nuevo acuerdo político.
El impacto también alcanza a los salarios más altos. La cuota de solidaridad, que planeaba recaudar 567 millones de euros mediante gravámenes progresivos a sueldos que superen los 5.101 euros mensuales, no podrá aplicarse. Del mismo modo, el incremento del 3,9% en la base máxima de cotización (vinculado a la inflación más un recargo del 1,2%) entra en un limbo que genera incertidumbre tanto en el sector empresarial como en los beneficiarios de las prestaciones.
Desde el Ministerio de Seguridad Social, la ministra Elma Saiz ha evitado concretar si el Gobierno fragmentará las medidas para facilitar su aprobación o si insistirá en un bloque único. Por ahora, el Ejecutivo trabaja en «distintos escenarios» para intentar rescatar una reforma que los sindicatos, como CCOO, consideran indivisible de la revalorización de las pensiones.
En clave: ¿Por qué importa?
La caída de este decreto no es solo un tropiezo político; es una amenaza directa a la sostenibilidad del modelo a largo plazo. Al detenerse la recaudación extra, el fondo de reserva deja de recibir el oxígeno necesario para afrontar la jubilación de la generación del baby boom. Si el Gobierno no logra recomponer una mayoría parlamentaria pronto, se verá obligado a elegir entre realizar recortes imprevistos o aumentar el déficit público para cumplir con la subida de las pensiones ya prometida a más de 10 millones de ciudadanos.
