Más de 9,4 millones de beneficiarios verán incrementada su prestación, con subidas que alcanzan el 11,4% en casos específicos.
Este mes de enero, los buzones de millones de hogares españoles recibirán una comunicación oficial clave. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, ha puesto en marcha el envío de cartas informativas para detallar a cada pensionista la cuantía exacta que percibirá a lo largo de 2026.
La actualización de las prestaciones, aprobada mediante el Real Decreto-ley 16/2025, responde al ajuste anual vinculado al IPC. Según los datos oficiales, la revalorización general se ha fijado en un 2,7% para las pensiones contributivas y de Clases Pasivas. Este incremento se traduce en una mejora media de unos 500 euros anuales por beneficiario. Para aquellos que perciben una jubilación media, el aumento anual rondará los 570 euros, distribuidos en las 14 pagas habituales.
Sin embargo, el alivio económico será notablemente mayor para los colectivos más vulnerables. La normativa establece subidas reforzadas: las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares experimentarán un crecimiento del 11,4%. Por su parte, el resto de prestaciones mínimas y las no contributivas verán incrementos que oscilan entre el 7% y el 11,4%, dependiendo de la situación personal y familiar del perceptor.
Este proceso de actualización es automático, por lo que los ciudadanos no necesitan realizar ningún trámite adicional ni presentar solicitudes. La carta simplemente actúa como un documento de transparencia para que cada pensionista conozca su nuevo poder adquisitivo tras la entrada en vigor de los Presupuestos.
En Clave: Esta medida no solo cumple con la garantía de mantener el poder adquisitivo de los mayores frente a la inflación, sino que pone el foco en la reducción de la brecha de género y la protección de las rentas más bajas. Al priorizar subidas de doble dígito en pensiones de viudedad y mínimas, el Gobierno busca fortalecer la red de seguridad de los colectivos que más sufren el encarecimiento de la vida. De cara al futuro, el reto sigue siendo la sostenibilidad del sistema ante un volumen de beneficiarios que ya roza los 9,5 millones de personas.ís.
